Este próximo 16, 17 y 18 de noviembre se realizaran en Estados Unidos y América Latina manifestaciones para pedir el cierre definitivo de la Escuela de las Américas. Por tal razón, llamamos a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos, a las personas de buena voluntad a lo largo del mundo, a los activistas sociales y religiosos a organizar acciones de apoyo y solidaridad con esta movilización internacional.
Convocamos a organizar foros y reuniones para sensibilizar a la opinión pública sobre los efectos que tuvo y que tiene la Escuela de las Américas en la formación militar de los ejércitos de América Latina.
Convocamos a organizar protestas y mítines en las distintas ciudades y pueblos del mundo para decir: no más formación militar para la muerte, sí a la cultura de la paz.
Convocamos a escribir cartas a los distintos Ministerios de Defensa y a los gobiernos de los países que siguen enviando militares o policías a la Escuela de las Américas para rechazar esta práctica y decir no más envíos de tropas latinoamericanas a la “Escuela de Asesinos”.
Convocamos a estas acciones porque la Escuela de las Américas sigue operando y hoy, para encubrir su pasado, funciona con el nombre de Instituto de Seguridad y Cooperación del Hemisferio Occidental. Otro nombre, la misma vergüenza.
Porque el “Instituto de Seguridad y Cooperación” sigue, año tras año, formando militares y policías de nuestra América Latina bajo los conceptos de la guerra y, por lo tanto, que la resolución de los conflictos sociales y entre los países se resuelven mediante la fuerza y la violencia. No es casual la tendencia, en la mayoría de los países de nuestro continente, a la “criminalización” de las demandas populares.
Porque los pueblos de América Latina saben de sobra que esta “formación” sigue fomentando los conceptos del enemigo interno y que sólo busca insertar a nuestros países en la lógica de la guerra y la carrera armamentista. América Latina ya no necesita combatir la pobreza con balas sino con justicia y equidad social.
Porque los Pueblos de América Latina no olvidan las cientos de miles de violaciones a los derechos humanos cometidas en las últimas décadas por militares y policías graduados en la Escuela de las Américas.
Porque no olvidan que en nuestro continente hubo, y hay todavía, detenidos-desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, desplazados, exiliados; entre otras tantas violaciones a los derechos de las personas.
Porque los Pueblos de América Latina quieren la paz y por sobre todo quieren que exista justicia social.
Por tal razón, rechazamos la formación militar en la Escuela de las Américas y solicitamos el no más envío de militares o policías, desde nuestros países, a esta academia militar.
Exigimos a Estados Unidos que cierre esta academia de la muerte y de la guerra y cree, cuanto antes, una comisión investigadora que se haga cargo de las consecuencias de esta formación militar entregada a soldados latinoamericanos.
Los que adherimos esta convocatoria nos comprometemos a realizar acciones de paz y de sensibilización de la sociedad y de nuestros estados para cerrar la Escuela de las Américas, como para fomentar un nueva formación de militares y policías basada en el respeto a los derechos humanos.
Nos movilizamos en solidaridad con nuestros pueblos que luchan y que siguen siendo “criminalizadas” sus demandas.
Nos movilizamos en solidaridad con el pueblo de Colombia que es el país que más soldados envía a la Escuela de las Américas, y hoy por hoy, donde se cometen más violaciones a los derechos humanos.
Nos movilizamos para decir: Nunca más…
Lisa Sullivan
SOA Watch Latin. Adherirse a: lisavenezuela@gmail.com
Los biocombustibles, los alimentos y el medio ambiente
Francisco Sánchez Legrán
Desde hace varios meses se está intensificando un fuerte debate en la sociedad, acerca de los efectos positivos y negativos que tendrá el proceso de producción masiva de biocombustibles, para hacer frente a las cada vez mayores demandas de energía y para encontrar una alternativa a un producto limitado como es el petróleo. FACUA – Consumidores en Acción no puede estar ajena a este debate y por ello es necesario participar con nuestras propias reflexiones.
Biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa, es decir de organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos, como determinados vegetales, aceites de éstos o del estiércol de las vacas.
En un análisis simplista, se puede llegar a la conclusión que se trata de una producción alternativa al petróleo, menos contaminante y por ello mas positiva, pero sin embargo ya hay voces bastante autorizadas que se están alzando, para señalar los peligros que este tipo de producción puede tener para el medio ambiente o para la producción de alimentos, sobre todo en los países pobres o en proceso de desarrollo.
Unos de los primeros en alzar su contundente voz contra los efectos nocivos de esta nueva política de producción de biocombustible, fue el presidente de la República de Cuba, Fidel Castro, a través de una serie de reflexiones publicadas en el periódico “Granma” a partir de marzo de este año, que tuvieron un amplio eco en buena parte de los medios de comunicación de todo el mundo.
Fabricar automóviles que utilicen biocombustible, en vez de productos derivados del petróleo, puede parecer una buena noticia, sobre todo cuando la sociedad sabe que los combustibles fósiles son una fuente agotable de energía y por tanto aparece como muy razonable el buscar alternativas para poder llenar los depósitos de los cada vez mas millones de automóviles existentes en nuestro planeta y para hacer frente a las cada vez mas elevadas demandas de energía de la industria.
Pero que ocurre cuando los campesinos de los países pobres se lanzan animados por sus propios gobiernos, a una carrera de imprevisibles consecuencias, para dedicar sus plantaciones de maíz, de trigo, girasol, colza, etc., para la producción de biocombustible, al comprobar que dichos productos son pagados mejor si son destinados para transformarlos en biomasa. Los efectos ya se están empezando a sentir, pues comienzan a disminuir los productos para la alimentación en algunos de dichos países y con ello la elevación de su precio como ha ocurrido en México y a la vez se fomenta la destrucción de parte de las selvas para convertirla en terrenos agrícolas para atender a las nuevas demandas de la industria de los biocombustibles y con ello se sigue aumentando la deforestación y el deterioro medioambiental en dichos países y también en el resto del planeta.
Y que está ocurriendo en los países desarrollados, como España, cuando parte de la producción agrícola ya no se destina para producir alimentos, porque se está destinando para transformarla en biocombustibles. Los resultados no se han hecho esperar y los efectos de este cambio de destino de una pequeña parte de nuestra producción agrícola, está influyendo sin lugar a dudas en el aumento alarmante que estamos sufriendo en los precios de productos esenciales como el pan y otros derivados del trigo o en la leche y sus derivados, por poner dos ejemplos claros, de una lista que puede ser mucho mayor.
Habrá que preguntarse en primer lugar si es correcto el uso de la denominación “bio” para dicha energía, si los efectos pueden ser tan nocivos, a la vez que habrá que defender que se siga caminando en la utilización de los excedentes de la producción agrícola o sus desechos, para la fabricación de los denominados biocombustibles, pero nunca cambiar producción de alimentos por producción de biomasa.
FACUA – Consumidores en Acción ha apostado siempre y seguirá apostando, por las producción o generación de energías limpias, pero no a cualquier precio y por ello entendemos que una cosa es apostar por la producción de las energías mas limpias y renovables, y otra cosa bien distinta es hacerlo guiado por los intereses económicos de las grandes multinacionales y a costa del medio ambiente y del derecho a la alimentación de los pueblos.
Biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa, es decir de organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos, como determinados vegetales, aceites de éstos o del estiércol de las vacas.
En un análisis simplista, se puede llegar a la conclusión que se trata de una producción alternativa al petróleo, menos contaminante y por ello mas positiva, pero sin embargo ya hay voces bastante autorizadas que se están alzando, para señalar los peligros que este tipo de producción puede tener para el medio ambiente o para la producción de alimentos, sobre todo en los países pobres o en proceso de desarrollo.
Unos de los primeros en alzar su contundente voz contra los efectos nocivos de esta nueva política de producción de biocombustible, fue el presidente de la República de Cuba, Fidel Castro, a través de una serie de reflexiones publicadas en el periódico “Granma” a partir de marzo de este año, que tuvieron un amplio eco en buena parte de los medios de comunicación de todo el mundo.
Fabricar automóviles que utilicen biocombustible, en vez de productos derivados del petróleo, puede parecer una buena noticia, sobre todo cuando la sociedad sabe que los combustibles fósiles son una fuente agotable de energía y por tanto aparece como muy razonable el buscar alternativas para poder llenar los depósitos de los cada vez mas millones de automóviles existentes en nuestro planeta y para hacer frente a las cada vez mas elevadas demandas de energía de la industria.
Pero que ocurre cuando los campesinos de los países pobres se lanzan animados por sus propios gobiernos, a una carrera de imprevisibles consecuencias, para dedicar sus plantaciones de maíz, de trigo, girasol, colza, etc., para la producción de biocombustible, al comprobar que dichos productos son pagados mejor si son destinados para transformarlos en biomasa. Los efectos ya se están empezando a sentir, pues comienzan a disminuir los productos para la alimentación en algunos de dichos países y con ello la elevación de su precio como ha ocurrido en México y a la vez se fomenta la destrucción de parte de las selvas para convertirla en terrenos agrícolas para atender a las nuevas demandas de la industria de los biocombustibles y con ello se sigue aumentando la deforestación y el deterioro medioambiental en dichos países y también en el resto del planeta.
Y que está ocurriendo en los países desarrollados, como España, cuando parte de la producción agrícola ya no se destina para producir alimentos, porque se está destinando para transformarla en biocombustibles. Los resultados no se han hecho esperar y los efectos de este cambio de destino de una pequeña parte de nuestra producción agrícola, está influyendo sin lugar a dudas en el aumento alarmante que estamos sufriendo en los precios de productos esenciales como el pan y otros derivados del trigo o en la leche y sus derivados, por poner dos ejemplos claros, de una lista que puede ser mucho mayor.
Habrá que preguntarse en primer lugar si es correcto el uso de la denominación “bio” para dicha energía, si los efectos pueden ser tan nocivos, a la vez que habrá que defender que se siga caminando en la utilización de los excedentes de la producción agrícola o sus desechos, para la fabricación de los denominados biocombustibles, pero nunca cambiar producción de alimentos por producción de biomasa.
FACUA – Consumidores en Acción ha apostado siempre y seguirá apostando, por las producción o generación de energías limpias, pero no a cualquier precio y por ello entendemos que una cosa es apostar por la producción de las energías mas limpias y renovables, y otra cosa bien distinta es hacerlo guiado por los intereses económicos de las grandes multinacionales y a costa del medio ambiente y del derecho a la alimentación de los pueblos.
Francisco Sánchez Legrán es presidente de FACUA - Consumidores en Acción de España
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=55961 - 10-09-2007
OAXACA, La Pesadilla
Oaxaca, la pesadilla
Diego Cevallos
IPS
Son gruesos y muchos los expedientes que detallan las violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Oaxaca, sur de México.Una revuelta social de más de seis meses, en la que murieron unas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, fue aplacada con represión policial y de grupos armados irregulares.Todavía permanecen 80 personas detenidas, entre ellas los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pero la mayoría, que habían sido encerradas en cárceles de varios estados, están ya libres luego de que el gobierno estadual, paradójicamente el principal acusado de la represión, pagó millonarias fianzas con ese fin."Si la presión internacional y nacional no estuvieran presentes junto a las denuncias de grupos humanitarios, la represión hubiera sido mucho más violenta, y los detenidos se seguirían contando por docenas, de eso no tenemos duda", dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de la no gubernamental Liga Mexicana por los Derechos Humanos.El estado sureño, uno de los más pobres del país, vivió entre junio y noviembre un alzamiento encabezado por la APPO, un colectivo de más de 350 agrupaciones sociales. Su principal y fallido objetivo era la renuncia del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, acusado de abusos, corrupción, violencia y autoritarismo.El conflicto se inició en mayo con las protestas de profesores locales que exigían mejores salarios, pero escaló desde junio como respuesta a la represión policial dispuesta por Ruiz. En octubre, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox despachó miles de policías federales a tomar el control de la homónima capital de Oaxaca.A fines de noviembre, hubo duros enfrentamientos entre la policía y los grupos movilizados. Presuntos activistas incendiaron y destruyeron varios edificios públicos, lo que desató masivas detenciones, entre ellas de los líderes de la APPO. Luego, la policía federal tomó el control total de la capital para entregarla más tarde, y parcialmente, a su par oaxaqueña.Hoy la situación es de relativa calma. La APPO, que sufrió escisiones en las últimas semanas, mantiene abiertas negociaciones con el gobierno del presidente Felipe Calderón, investido el 1 de diciembre, pero el escrutinio nacional e internacional sobre el problema humanitario no cesa.La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, integrada por representantes de 30 países, la mayoría europeos, está de visita en México desde el 18 de diciembre con el propósito de recabar testimonios sobre Oaxaca y de emitir un informe final.La misión de esa entidad, a la que el gobierno de Calderón prestó facilidades para que cumpliera con su tarea, permanecerá en el país hasta fines de enero, y en fecha aún no precisada emitirá una evaluación que llegará a diferentes foros, como el Parlamento Europeo, donde México ha sido duramente cuestionado por los hechos de Oaxaca.Los análisis e informes divulgados en los últimos meses por grupos humanitarios mexicanos e internacionales sobre el estado sureño han puesto en el banquillo a las autoridades estaduales y federales.Todos los informes indican que las autoridades cometieron múltiples abusos, detenciones arbitrarias, torturas y ataques a balazos contra los protagonistas de la revuelta y contra decenas de personas inocentes.Además, señalan esos documentos, grupos armados irregulares, al parecer al mando de Ruiz, actuaron con total impunidad contra pobladores que mantenían tomada gran parte de la ciudad de Oaxaca entre junio y noviembre.La estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) sostuvo en un informe preliminar difundido el 18 que desde junio procesó 1.211 quejas de diferentes personas y organizaciones en Oaxaca.Los expedientes reunidos hablan de uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales. En esos actos resultaron muertas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, según la CNDH, que mantiene desde junio a un equipo de expertos en Oaxaca.En sus conclusiones, la entidad afirma que ese distrito "sigue siendo una zona en la que no existen todavía las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales".La Liga Mexicana por los Derechos Humanos llegó a conclusiones similares en varias evaluaciones de la crisis.En una de las últimas, en la que analiza la represión policial de noviembre, la Liga sostiene que la policía "realizó detenciones arbitrarias, indiscriminadas, en su mayoría de personas inocentes", que llegaron a 141."Desde la detención misma, la mayoría de las personas fueron objeto de golpes y vejaciones aplicadas como castigo, más allá de maniobras lícitas de sujeción o sometimiento, puesto que no opusieron resistencia", afirma. "Un número significativo de personas ha mencionado abusos sexuales, tanto en hombres como en mujeres, acompañadas con amenazas de violación o mutilación", relata."La privación de agua, alimentos, de facilidades para la realización de las necesidades fisiológicas, las posiciones forzadas, el apilamiento de personas durante el traslado, no obstante haber lesionados con sangrados evidentes, la negación de atención médica, acompañada con insultos y amenazas, fue otra constante", según la Liga.Además, hubo "trato degradante e indolente del personal (policial) y las vejaciones en el traslado a los distintos centros penitenciarios y la falta de certidumbre de la situación jurídica, así como el rapado (corte de cabello a ras) de las personas, incluso de las mujeres", añade.Ramírez, director de la entidad, habla de una pesadilla para cientos de personas víctimas malos tratos policiales y de grupos irregulares. Entre ellas menciona a colegas de su organización que, según denunció, fueron amenazados y tienen órdenes de detención.Las conductas registradas en Oaxaca colocan al Estado al margen del cumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales y obligan a denunciar "la existencia de una franca persecución desde los diferentes órganos y funcionarios de la seguridad del Estado, que pretende criminalizar la protesta popular", señala la Liga Mexicana por los Derechos Humanos.Según varias fuentes, este tipo de prácticas datan en Oaxaca de mucho antes de que detonara el conflicto. El gobernador Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lleva más de 70 años gobernando Oaxaca sin interrupciones, es el principal acusado.Ruiz accedió a su cargo en 2004 tras ganar unas disputadas elecciones en las que la oposición denunció fraude. Es uno de los militantes del ala más conservadora del PRI, que gobernó México entre 1929 y 2000.El gobernador se niega a renunciar. En el Senado, que podría destituirlo, no se logra conformar la mayoría necesaria para ese propósito. Aunque el apoyo político a su persona ha ido mermando, tras la represión policial, su régimen retomó las riendas de Oaxaca, luego de varios meses en los que ni siquiera despachaba en el distrito.Amnistía Internacional, con sede en Londres, y Human Rights Watch, basada en Nueva York, emitieron en los últimos años informes preocupantes por las constantes violaciones a los derechos humanos de campesinos y líderes sociales opositores de Oaxaca.Durante el conflicto, esas organizaciones internacionales también divulgaron que la protesta social de la APPO era enfrentada por grupos irregulares, aparentemente enviados por Ruiz, que atacaron con disparos a manifestantes y activistas, causando la muerte de varios.Algunas de las denuncias señalaron acciones violentas de los protagonistas de la protesta, como agresiones a periodistas y a otras personas inocentes, y medidas de justicia por mano propia contra presuntos delincuentes y policías."Oaxaca ha vivido meses aciagos, y lo que esperamos es que la justicia actúe para sancionar a los responsables de la represión ilegal y que se repare a las víctimas, pero también que el Estado atienda los graves rezagos sociales y la pobreza que son el telón de fondo de todo el conflicto", resumió el activista Ramírez.
Diego Cevallos
IPS
Son gruesos y muchos los expedientes que detallan las violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Oaxaca, sur de México.Una revuelta social de más de seis meses, en la que murieron unas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, fue aplacada con represión policial y de grupos armados irregulares.Todavía permanecen 80 personas detenidas, entre ellas los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pero la mayoría, que habían sido encerradas en cárceles de varios estados, están ya libres luego de que el gobierno estadual, paradójicamente el principal acusado de la represión, pagó millonarias fianzas con ese fin."Si la presión internacional y nacional no estuvieran presentes junto a las denuncias de grupos humanitarios, la represión hubiera sido mucho más violenta, y los detenidos se seguirían contando por docenas, de eso no tenemos duda", dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de la no gubernamental Liga Mexicana por los Derechos Humanos.El estado sureño, uno de los más pobres del país, vivió entre junio y noviembre un alzamiento encabezado por la APPO, un colectivo de más de 350 agrupaciones sociales. Su principal y fallido objetivo era la renuncia del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, acusado de abusos, corrupción, violencia y autoritarismo.El conflicto se inició en mayo con las protestas de profesores locales que exigían mejores salarios, pero escaló desde junio como respuesta a la represión policial dispuesta por Ruiz. En octubre, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox despachó miles de policías federales a tomar el control de la homónima capital de Oaxaca.A fines de noviembre, hubo duros enfrentamientos entre la policía y los grupos movilizados. Presuntos activistas incendiaron y destruyeron varios edificios públicos, lo que desató masivas detenciones, entre ellas de los líderes de la APPO. Luego, la policía federal tomó el control total de la capital para entregarla más tarde, y parcialmente, a su par oaxaqueña.Hoy la situación es de relativa calma. La APPO, que sufrió escisiones en las últimas semanas, mantiene abiertas negociaciones con el gobierno del presidente Felipe Calderón, investido el 1 de diciembre, pero el escrutinio nacional e internacional sobre el problema humanitario no cesa.La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, integrada por representantes de 30 países, la mayoría europeos, está de visita en México desde el 18 de diciembre con el propósito de recabar testimonios sobre Oaxaca y de emitir un informe final.La misión de esa entidad, a la que el gobierno de Calderón prestó facilidades para que cumpliera con su tarea, permanecerá en el país hasta fines de enero, y en fecha aún no precisada emitirá una evaluación que llegará a diferentes foros, como el Parlamento Europeo, donde México ha sido duramente cuestionado por los hechos de Oaxaca.Los análisis e informes divulgados en los últimos meses por grupos humanitarios mexicanos e internacionales sobre el estado sureño han puesto en el banquillo a las autoridades estaduales y federales.Todos los informes indican que las autoridades cometieron múltiples abusos, detenciones arbitrarias, torturas y ataques a balazos contra los protagonistas de la revuelta y contra decenas de personas inocentes.Además, señalan esos documentos, grupos armados irregulares, al parecer al mando de Ruiz, actuaron con total impunidad contra pobladores que mantenían tomada gran parte de la ciudad de Oaxaca entre junio y noviembre.La estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) sostuvo en un informe preliminar difundido el 18 que desde junio procesó 1.211 quejas de diferentes personas y organizaciones en Oaxaca.Los expedientes reunidos hablan de uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales. En esos actos resultaron muertas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, según la CNDH, que mantiene desde junio a un equipo de expertos en Oaxaca.En sus conclusiones, la entidad afirma que ese distrito "sigue siendo una zona en la que no existen todavía las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales".La Liga Mexicana por los Derechos Humanos llegó a conclusiones similares en varias evaluaciones de la crisis.En una de las últimas, en la que analiza la represión policial de noviembre, la Liga sostiene que la policía "realizó detenciones arbitrarias, indiscriminadas, en su mayoría de personas inocentes", que llegaron a 141."Desde la detención misma, la mayoría de las personas fueron objeto de golpes y vejaciones aplicadas como castigo, más allá de maniobras lícitas de sujeción o sometimiento, puesto que no opusieron resistencia", afirma. "Un número significativo de personas ha mencionado abusos sexuales, tanto en hombres como en mujeres, acompañadas con amenazas de violación o mutilación", relata."La privación de agua, alimentos, de facilidades para la realización de las necesidades fisiológicas, las posiciones forzadas, el apilamiento de personas durante el traslado, no obstante haber lesionados con sangrados evidentes, la negación de atención médica, acompañada con insultos y amenazas, fue otra constante", según la Liga.Además, hubo "trato degradante e indolente del personal (policial) y las vejaciones en el traslado a los distintos centros penitenciarios y la falta de certidumbre de la situación jurídica, así como el rapado (corte de cabello a ras) de las personas, incluso de las mujeres", añade.Ramírez, director de la entidad, habla de una pesadilla para cientos de personas víctimas malos tratos policiales y de grupos irregulares. Entre ellas menciona a colegas de su organización que, según denunció, fueron amenazados y tienen órdenes de detención.Las conductas registradas en Oaxaca colocan al Estado al margen del cumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales y obligan a denunciar "la existencia de una franca persecución desde los diferentes órganos y funcionarios de la seguridad del Estado, que pretende criminalizar la protesta popular", señala la Liga Mexicana por los Derechos Humanos.Según varias fuentes, este tipo de prácticas datan en Oaxaca de mucho antes de que detonara el conflicto. El gobernador Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lleva más de 70 años gobernando Oaxaca sin interrupciones, es el principal acusado.Ruiz accedió a su cargo en 2004 tras ganar unas disputadas elecciones en las que la oposición denunció fraude. Es uno de los militantes del ala más conservadora del PRI, que gobernó México entre 1929 y 2000.El gobernador se niega a renunciar. En el Senado, que podría destituirlo, no se logra conformar la mayoría necesaria para ese propósito. Aunque el apoyo político a su persona ha ido mermando, tras la represión policial, su régimen retomó las riendas de Oaxaca, luego de varios meses en los que ni siquiera despachaba en el distrito.Amnistía Internacional, con sede en Londres, y Human Rights Watch, basada en Nueva York, emitieron en los últimos años informes preocupantes por las constantes violaciones a los derechos humanos de campesinos y líderes sociales opositores de Oaxaca.Durante el conflicto, esas organizaciones internacionales también divulgaron que la protesta social de la APPO era enfrentada por grupos irregulares, aparentemente enviados por Ruiz, que atacaron con disparos a manifestantes y activistas, causando la muerte de varios.Algunas de las denuncias señalaron acciones violentas de los protagonistas de la protesta, como agresiones a periodistas y a otras personas inocentes, y medidas de justicia por mano propia contra presuntos delincuentes y policías."Oaxaca ha vivido meses aciagos, y lo que esperamos es que la justicia actúe para sancionar a los responsables de la represión ilegal y que se repare a las víctimas, pero también que el Estado atienda los graves rezagos sociales y la pobreza que son el telón de fondo de todo el conflicto", resumió el activista Ramírez.
Opinio sobre les eleccions a Nicaragua
Triomf del Frente a Nicaragua, alegria amb punts suspensius...
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha guanyat les eleccions a Nicaragua. Daniel Ortega tornarà al poder després de perdre aquelles eleccions de 1990, ara fa 16 anys. Lluny queda, però, l’actual partit sandinista d’aquell moviment per l’opció del pobres, que va fer possible la revolució entre l’any 1979 i l’any 1990, i que va pagar amb molta sang el seu alliberament. La ingerència dels Estats Units va tenir molt a veure amb aquell vessament sagnant i amb el fracàs d’aquella revolució.
Aquest cop, però, el FSLN torna al poder, després de guanyar clarament les darreres eleccions. Des de les Comunitats Eclesials de Base de Managua la notícia s’ha rebut amb alegria, però també amb punts suspensius, com ens explicava Arnaldo Zenteno de les CEB de Managua. Nicaragua travessa una terrible crisis socio-econòmica. I de fet aquesta és una de les explicacions del triomf del FSLN; Nicaragua necessita i somia amb un canvi.
Després de fer una campanya positiva i propositiva, reconciliadora i amb una especial atenció al jovent, el principal repte del partit és, ara, complir amb les seves promeses i atendre una població empobrida fins a l’extenuació. El compromís i la voluntat de complir amb aquestes promeses electorals és la gran preocupació dels nicaragüencs.
Podrà el FSLN, per exemple, actuar amb llibertat en contra de la privatització de l’energia elèctrica i destinar unes partides justes i necessàries per a la salut i l’educació? Podrà dir la seva sobre la implementació del Tractat de Lliure Comerç (TLC-CAFTA) que vol imposar els Estats Units i que tant afectarà la vida dels camperols i dels productors? Com complirà amb la promesa d’acabar amb tot l’atur...? Posarà fre a les corrupteles i a l’enriquiment dels diputats i de l’élite dirigent? I sobretot, com s’ho farà per mantenir el difícil equilibri entre els pactes amb els liberals i el seu programa d’esquerres?
El camí no és gens fàcil, és clar. Però és que cal construir una altra Nicaragua! Al seu favor el FSLN té la fidelitat del poble, que ha anat a votar massivament aquestes passades eleccions: entre el 75 i el 80% de l’electorat va respondre a la crida a les urnes. Una xifra que parla de la il·lusió i l’esperança del poble nicaragüenc, malgrat l’esgotament i la frustració de 16 anys de governs liberals, que han anat omplint de decepció la ciutadania, a mesura que els buidaven les butxaques i escuraven les arques públiques amb robatoris d’escàndol, com el de l’expresident Alemán, condemnat a presó per rentar uns 20 milions de dólars. I el mateix es pot dir de l’era Bolaños, que també ha estat desastrosa per l’economia del país.
La reserva d’una mínima esperança de canvi ens dóna alegria. Sobretot, perquè a la nostra memòria recent, tenim una imatge que ens va commoure i ens va fer adonar que Nicaragua havia tocat fons. És la imatge del padre Ángel, més conegut a Igualada per la seva vinculació amb El Salvador i la comunitat de Nueva Esperanza. Alguns de nosaltres el recordem, però, fent anàlisi política de Nicaragua no fa gaire temps (potser un parell d’anys). El recordem emocionat i parlant d’una Nicaragua esquinçada, entristida, vençuda...
Avui, Nicaragua ha aixecat una mica el cap, i nosaltres, des d’aquesta banda de l’Atlàntic, també ho fem. Volem compartir amb ella una miqueta de la seva esperança; una miqueta de l’essència d’aquella lluitadora i dolça Nicaragüita.
BAULA-COR
Santa Margarida de Montbui
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha guanyat les eleccions a Nicaragua. Daniel Ortega tornarà al poder després de perdre aquelles eleccions de 1990, ara fa 16 anys. Lluny queda, però, l’actual partit sandinista d’aquell moviment per l’opció del pobres, que va fer possible la revolució entre l’any 1979 i l’any 1990, i que va pagar amb molta sang el seu alliberament. La ingerència dels Estats Units va tenir molt a veure amb aquell vessament sagnant i amb el fracàs d’aquella revolució.
Aquest cop, però, el FSLN torna al poder, després de guanyar clarament les darreres eleccions. Des de les Comunitats Eclesials de Base de Managua la notícia s’ha rebut amb alegria, però també amb punts suspensius, com ens explicava Arnaldo Zenteno de les CEB de Managua. Nicaragua travessa una terrible crisis socio-econòmica. I de fet aquesta és una de les explicacions del triomf del FSLN; Nicaragua necessita i somia amb un canvi.
Després de fer una campanya positiva i propositiva, reconciliadora i amb una especial atenció al jovent, el principal repte del partit és, ara, complir amb les seves promeses i atendre una població empobrida fins a l’extenuació. El compromís i la voluntat de complir amb aquestes promeses electorals és la gran preocupació dels nicaragüencs.
Podrà el FSLN, per exemple, actuar amb llibertat en contra de la privatització de l’energia elèctrica i destinar unes partides justes i necessàries per a la salut i l’educació? Podrà dir la seva sobre la implementació del Tractat de Lliure Comerç (TLC-CAFTA) que vol imposar els Estats Units i que tant afectarà la vida dels camperols i dels productors? Com complirà amb la promesa d’acabar amb tot l’atur...? Posarà fre a les corrupteles i a l’enriquiment dels diputats i de l’élite dirigent? I sobretot, com s’ho farà per mantenir el difícil equilibri entre els pactes amb els liberals i el seu programa d’esquerres?
El camí no és gens fàcil, és clar. Però és que cal construir una altra Nicaragua! Al seu favor el FSLN té la fidelitat del poble, que ha anat a votar massivament aquestes passades eleccions: entre el 75 i el 80% de l’electorat va respondre a la crida a les urnes. Una xifra que parla de la il·lusió i l’esperança del poble nicaragüenc, malgrat l’esgotament i la frustració de 16 anys de governs liberals, que han anat omplint de decepció la ciutadania, a mesura que els buidaven les butxaques i escuraven les arques públiques amb robatoris d’escàndol, com el de l’expresident Alemán, condemnat a presó per rentar uns 20 milions de dólars. I el mateix es pot dir de l’era Bolaños, que també ha estat desastrosa per l’economia del país.
La reserva d’una mínima esperança de canvi ens dóna alegria. Sobretot, perquè a la nostra memòria recent, tenim una imatge que ens va commoure i ens va fer adonar que Nicaragua havia tocat fons. És la imatge del padre Ángel, més conegut a Igualada per la seva vinculació amb El Salvador i la comunitat de Nueva Esperanza. Alguns de nosaltres el recordem, però, fent anàlisi política de Nicaragua no fa gaire temps (potser un parell d’anys). El recordem emocionat i parlant d’una Nicaragua esquinçada, entristida, vençuda...
Avui, Nicaragua ha aixecat una mica el cap, i nosaltres, des d’aquesta banda de l’Atlàntic, també ho fem. Volem compartir amb ella una miqueta de la seva esperança; una miqueta de l’essència d’aquella lluitadora i dolça Nicaragüita.
BAULA-COR
Santa Margarida de Montbui
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