Mientras los obispos esconden la mano

Junta Directiva de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII

DECLARACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE TEÓLOGOS Y TEOLOGAS JUAN XXIII ANTE LA NOTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA SOBRE LAS PRÓXIMA ELECCIONES GENERALES

La Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española sobre las próximas elecciones generales, fechada el pasado 30 de enero, ha agudizado el malestar y la confrontación que, desde hace meses, existe en la sociedad española entre la Iglesia Católica y el Estado. Con el deseo de aportar elementos de juicio para los ciudadanos y las ciudadanas, la Junta Directiva de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII quiere manifiesta lo siguiente:

1. Pensamos que los obispos hacen bien en recordar que “los católicos pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos” y que “no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana”. Los obispos son ciudadanos del Estado español y, como tales, pueden expresar en público sus puntos de vista sobre los asuntos que ellos crean convenientes, al igual que los demás ciudadanos.

2. Ahora bien, además de ciudadanos, los obispos son los dirigentes oficiales de la confesión religiosa con mayor implantación en la sociedad española. Lo cual conlleva, entre otras cosas, que ellos tienen una influencia especial sobre las conciencias de los creyentes católicos. En consecuencia, sus directrices relacionadas con las opciones políticas corren el peligro de influir en muchas personas que se ven en la difícil situación de tener que pensar y actuar de una forma como “ciudadanos” y de manera enteramente opuesta como “creyentes”.

3. Es lo que está ocurriendo en este momento en la sociedad española. Los obispos se han alineado con la derecha política más extrema, como ha sucedido en otras ocasiones, por ejemplo, en la Concentración de la Familia Cristiana el 30 de diciembre de 2007. Con este proceder están acentuando la brecha que se ha abierto entre españoles de ideas políticas distintas o contrapuestas, perjudican gravemente la convivencia cívica, e incluso dañan a la propia Iglesia católica, ya que de lo dicho por ellos parece desprenderse que sólo pueden ser buenos católicos quienes votan al PP. Lo cual es como afirmar que los católicos, o son de derechas o no pueden ser católicos.

4. Como ya es habitual en este tipo de documentos, los obispos utilizan argumentos políticos para justificar sus posiciones, sin referencia alguna a las orientaciones y actitudes evangélicas. Lo que lleva a mucha gente a pensar que intervienen en la campaña electoral.

5. Nos parece inaceptable que los obispos hagan uso del tema del terrorismo en la citada Nota y lo conviertan en arma electoral arrojadiza contra el Gobierno, sin aportar propuestas de paz ni proponer caminos de reconciliación.

6. En contra de lo que afirman en el número 7 de la Nota , creemos que tanto la legislación vigente como los poderes públicos respetan los sentimientos religiosos de los ciudadanos, así como la libertad religiosa, y facilitan el estudio de la religión católica en el marco escolar para quienes deseen cursarla libremente. Creemos, asimismo, que la asignatura de Educación para la Ciudadanía pretende ofrecer una educación cívica en el respeto a los derechos humanos y no entra en la esfera de la conciencia personal ni lesiona el derecho de los padres.

7. Las cuestiones morales que los obispos señalan en la Nota como incompatibles con la fe cristiana no cuentan con el consenso ni de la comunidad creyente, ni de los teólogos católicos, ni siquiera de todos los obispos. Temas como los modelos de familia, la concepción del matrimonio, la legislación sobre el aborto o la eutanasia son “cuestiones disputadas” sobre las que hay una pluralidad de opciones entre los propios católicos.

8. Después del concilio Vaticano II, la Iglesia católica tomó conciencia de la necesidad de situarse en el seno de las sociedades democráticas, pluralistas y laicas, valorando positivamente la secularización, reconociendo la autonomía de la política, respetando el Estado de derecho y sin pretender imponer su modelo de sociedad. Se ponía así fin a la larga época de Cristiandad, que los obispos españoles parecen añorar.

Madrid, 3 de febrero de 2008

El movimiento social en Oaxaca

Rompecabezas para armar

La capacidad de escuchar como posibilidad para resolver conflictos supone un ejercicio de honestidad y un compromiso ético para construir soluciones apegadas a criterios de justicia y verdad. Esto nunca ha sucedido con los gobiernos, especialmente aquellos que ilegítimamente tienen el poder como en Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz (PRI), o en México, Felipe Calderón (PAN).

Una muestra es la agresión contra maestros y organizaciones que sucedió el 14 de junio del 2006 y que marcó el ya basta del pueblo oaxaqueño aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO. Esta acción mostró el rostro de gobiernos corruptos, ligados al narcotráfico y el crimen organizado e impuestos con fraude electoral, y reafirmó lo visto en Guadalajara y Atenco: un país sin garantías ni derechos individuales y constitucionales, con un mando supremo, el presidente o el gobernador.

Hay que decir, la agresión hacia los pueblos en Oaxaca no empezó con el desalojo del 14 de junio de 2006. La lucha tampoco. La APPO tiene su origen histórico en la resistencia indígena y comunitaria, en los varios intentos de unidad y en el dolor hecho coraje de muchas personas y organizaciones agraviadas.

Los gobernantes oaxaqueños ya habían ensayado los desalojos con el Sindicato de Burócratas, junio de 2003, y el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón CIPO-RFM, el 14 de septiembre de 2004, que dejó presos y aprendizajes sobre esto. Por eso fueron los maestros(as) ligados a las organizaciones sociales y procesos comunitarios, quienes recuperaron el zócalo el 14 de junio.

El desalojo de la sección 22 del SNTE/CNTE, la infinidad de agravios, la coyuntura electoral nacional y el instinto de sobrevivencia permitió avanzar cualitativamente al conformar la APPO, donde se reconoce que todos luchan y no hay más solidarios o sólo militantes, sino también participantes, que suman cientos de miles.

Estos participantes sin organización y sin líder hablan y acuerdan durante las marchas, las barricadas, el mitin, o en las respuestas inmediatas a las agresiones (como el primero de agosto las mujeres) o la toma de 12 radiodifusoras: son la mayoría del millón de personas que exige en las calles la salida de Ulises Ruiz Ortiz (URO) y colocan a la APPO en la ofensiva.

El accionar comunitario de ellos —que se conocen y emparentan en las asambleas de barricada, mientras resuelven problemas de seguridad, transporte, economía, medios de comunicación, etcétera, y organizan diálogos e intentan lanzar leyes de buen gobierno e instalar un autogobierno en el palacio— impiden a otros decidir por el movimiento y confirman que “una barricada tapa calles, pero abre caminos” demostrando que no son locos ahí tirados, sino que construyen ese mundo muy otro que tanto se habla, para ellos y, sin saberlo, para otros.

Lo anterior espantó al gobierno, quien respondió con nuevas y afinadas formas de violencia: forma grupos paramilitares con criminales que saca de las cárceles, para poder decir: “Es asunto de delincuentes, del narcotráfico y crimen organizado”. Los medios de comunicación acusan y crean odio. Se impone un estado de sitio en los hechos, donde derechos de asociación y manifestación desaparecen, y ejercerlos lleva a ser detenido sin cometer delito. Todo para exterminar no sólo a personas u organizaciones, sino a destruir procesos comunitarios completos.
El rostro inmediato de la violencia gubernamental ha dejado hasta ahora 23 asesinados, incluido el periodista de Indymedia-Nueva York, Bradley Will, más de 400 detenidos, que entre otros todavía están en prisión David Venegas, de vocal, Juana Morales Pérez de San Isidro Aloapan-CIPO, Flavio Sosa y cientos con libertad condicional. Hay también exiliados como Jaqueline López, Berta Muñoz, Samuel Hernández, Alejandro Cruz, y yo que soy el único con status de refugiado, reconocido por la ONU. Sin contar los heridos, huérfanos, y dañados psicológicamente.

Dotado de legitimidad el movimiento abrió interlocución al más alto nivel nacional, incluso para la destitución del gobernador, pero fue incapaz de concretar acuerdos favorables a la lucha porque muchos de la comisión le apostaron a la negociación como vía principal de solución y no a la construcción del autogestión como solución. Esto fue usado por el gobierno para atarnos a su ritmo, confrontarnos, inmovilizarnos y hasta desmovilizarnos en algunos casos.

Desde ahí la APPO sostiene su unidad en la lucha por liberar los presos y la destitución de URO, pero se confronta respecto al tipo de organización, su carácter y las formas de participación. Por un lado, se concibe como espacio de discusión, análisis, encuentro, coordinación de los movimientos y promotor e impulsor de las iniciativas de la sociedad, con forma flexible para la participación de todos y desde la base, construyendo nuevas herramientas y mecanismos conforme los ritmos y culturas de cada uno. Y por el otro, que debe reforzarse la estructura burocrática, priorizar las acciones mediáticas y copar los cargos del estado vía los partidos políticos, las elecciones y demás instituciones.

Por estas razones hay quien afirma que sólo logramos bonitas canciones pero todo sigue igual. Es decir, que fuimos derrotados. Falso, URO no gobierna y caerá. Además se logró articular en luchas internacionales y nacionales demandas y propuestas, hacer visible lo inservible de las instituciones, generando una reforma del Estado. Nos trascendimos como organizaciones y proyectos: el magisterio lo hizo al convertirse al movimiento general y eso les permitió recuperar simpatía y lograr demandas que solos no habrían conseguido. Aprendimos que un sindicatito u organización, por muy grande o buena que sea, por si sola es incapaz de romper estructuras.

Acabamos con el paradigma que la transformación social sólo es posible vía revolucionaria o electoral. Esta idea que sufrió un golpe mortal con el levantamiento zapatista se entierra definitivamente en Oaxaca, donde está fundamentalmente la propuesta de autonomía y se define al movimiento social pacífico, amplio y diverso, como su herramienta fundamental. Además reafirmamos la certeza que los gobiernos son vulnerables y la unidad de la lucha posible. Hasta logramos cosas que no son propuesta de la APPO, como diputaciones para el FPR.

A nuestro juicio la APPO tiene la responsabilidad de hacer un movimiento para adentro y ser un ejemplo para afuera. Romper formas y estructuras corporativas que niegan libre participación de sus miembros en sindicatos y organizaciones. El reto es no sólo transformar el estado de cosas en el país, sino transformar internamente las practicas políticas de sus miembros desde abajo y a la izquierda. Si no somos capaces de eso, seremos una expresión heroica pero no alternativa de vida, ésa es nuestra frontera.

Raúl Gatica
Kitsilano, Vancouver