Comités Óscar Romero apoyan Huelga General 29 Septiembre.

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Los Comités de Solidaridad con América Latina Monseñor Óscar Romero del Estado Español (Madrid, Torrejón de Ardoz, Murcia, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Vigo, Linares, Santa Margarida de Montbui, Barcelona, Tarragona, Lleida, Cádiz...) apoyan la convocatoria de Huelga General del próximo 29 de septiembre.

Los CORs (Comités Oscar Romero) nacimos de la llamada de las comunidades cristianas centroamericanas que en los años 80 sufrían los envites del neoliberalismo, y nos pidieron establecer lazos de solidaridad difundiendo al resto del mundo su situación. Llevamos el nombre de Oscar Romero -obispo asesinado por los escuadrones de la muerte de El Salvador, por ponerse al lado de los empobrecidos- como símbolo de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Observamos que el giro dado por el gobierno español, entregado como un neoconverso a las doctrinas del FMI, vulneran los derechos humanos y denigran a la clase política, que se pone así al servicio de las tesis neoliberales más salvajes, tal y como se venían aplicando hasta ahora en los países del Sur. Entendemos que la reforma laboral, las políticas regresivas de recorte del gasto social -nos duele especialmente el recorte efectuado a la solidaridad internacional- y la anunciada reforma de las pensiones, hacen imprescindible esta huelga general.

Deseamos que sea un éxito y animamos a todos los simpatizante de los CORs, a todos los creyentes que se dejen interpelar por su fe en la justicia, a todos los ateos militantes y a la sociedad en general a que participe activamente para conseguir una reconfiguración de fuerzas que facilite el camino hacia la construcción de ese otro mundo posible, mejor y necesario, bajo los parámetros de la solidaridad y la inteligencia.

Secretaría Estatal
Comités de Solidaridad con América Latina Óscar Romero
del Estado Español

29S razones para ir a la huelga

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Huelga general contra el giro antisocial

José María Zufiaur

La Huelga General convocada por las organizaciones sindicales para el próximo día 29 de septiembre tiene por objetivo expresar el más amplio rechazo de los trabajadores y de los ciudadanos frente al giro antisocial adoptado por el Gobierno, sin parangón respecto a las medidas tomadas por cualquiera de los anteriores gobiernos de la democracia. La huelga tiene también la finalidad de rectificar algunas de las medidas ya adoptadas y evitar otras que están anunciadas. Coincide, además, con una jornada de movilización europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, que exige de la Unión europea y de sus Estados miembros una política económica y social que no esté supeditada a las exigencias de los mercados financieros, así como otro tipo de construcción europea, capaz de influir en el mundo, de preservar su modelo social y de contrarrestar la actual mundialización neoliberal.

La del 29 de septiembre será una Huelga General. El de huelga es un derecho democrático fundamental que suele manifestarse, especialmente, en la paralización de los grandes centros productivos y, sobre todo, de los servicios públicos, particularmente de los transportes. Pero, además, es una jornada de movilizaciones ciudadanas. Es lo que ha sucedido en Francia, donde las manifestaciones del pasado día 7 (con una participación de 2,7 millones de personas, según los sindicatos, y de 1,1 millones según la policía) han desempeñado un papel aún más importante que la de los paros, hasta el punto de que uno de los especialistas franceses en movimientos sociales, Jean-Marie Pernot, ha manifestado que “actualmente, las manifestaciones son un sustituto de la huelga”. Especialmente significativas del malestar ciudadano han sido las manifestaciones -de seis mil, de diez mil, de treinta mil participantes….- que se han producido en las pequeñas y medianas localidades del país vecino.

Los motivos que justifican la Huelga General y las manifestaciones son muchos y diversos -como muchas y variadas son las medidas y las reformas que integran el giro antisocial- pero quisiera centrarme en los que me parecen más importantes y significativos.

1-Mostrar la protesta e indignación de los sindicatos, de los trabajadores, de la mayoría de los ciudadanos por unas medidas de ajuste focalizadas en las clases populares: congelación de las pensiones, recorte de los salarios de los funcionarios y de los trabajadores de empresas públicas, vulneración de lo pactado en la negociación colectiva, aumento de los impuestos al consumo, profunda regresión de los derechos laborales y reforzamiento del poder empresarial, intención de realizar una contrarreforma de la negociación colectiva, previsión de recorte en el sistema de pensiones. Estas medidas recaen sobre los que ninguna responsabilidad tuvieron en la crisis, después de que el contribuyente haya apoyado con ingentes cantidades de dinero a los causantes de ella. Los ciudadanos son los perdedores y los bancos los ganadores de este tipo de respuesta a la crisis. Mientras, las entidades financieras vuelven a tener beneficios exorbitantes, no inyectan crédito en la economía, lastran el crecimiento económico y la creación de empleo y dictan medidas de reducción del Estado social.

2-Rechazar el giro copernicano de un Gobierno que hasta hace unos meses afirmaba no iba a hacer nunca lo que ha terminado haciendo. De presentarse como el campeón de las políticas sociales ha pasado a ser el campeón de Europa de las más antisociales. Ha sido incapaz de darse cuenta -cuando bastantes expertos lo venían advirtiendo desde 2004- de las consecuencias que suponía el modelo de crecimiento basado en el ladrillo. Con la bendición del Banco de España, ha permanecido inactivo ante un endeudamiento privado suicida. Su política fiscal ha estado basada en la idea de que bajar los impuestos a las rentas altas, al patrimonio, a las empresas, era de izquierdas, al igual que las medidas populistas como la deducción general de 400 euros en el IRPF. Tampoco ha hecho nada contra el fraude fiscal, ha regalado las cajas de ahorros a los bancos y ha practicado una política redistributiva basada en la solidaridad entre pobres…. Este mismo gobierno pretende ahora que los ciudadanos le aplaudamos por damnificarnos, como si fuéramos el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional o la derecha europea y no los paganos de sus políticas. Quiere hacernos creer que las medidas que ahora adopta son las que siempre ha defendido. Y que, paulatinamente, ha ido poniéndolas en práctica de manera aquiescente, primero, complaciente, más tarde, y entusiasta, finalmente. De tal manera que está empeñado en hacernos creer que el debilitamiento de los pilares del Estado de bienestar es la mejor manera de que la gente viva mejor en el futuro. Se ha demostrado que antes no creía en lo que decía y que, ahora, quiere hacernos comulgar con ruedas de molino. Este gobierno se merece un huelgón y unas manifestaciones multitudinarias en grandes ciudades y pequeñas localidades.

3-Cambiar radicalmente una reforma laboral peor que todas las anteriores. Mejor dicho, peor que todas ellas juntas. Esta reforma no crea empleo, nada hace por arreglar la temporalidad del empleo, hace mucho más fácil despedir a los trabajadores y reduce entre un 48% y un 64% el coste del despido de las empresas (bastante más si la nueva redacción de las causas objetivas de despido lleva a que los jueces declaren un despido justificado donde antes lo declaraban improcedente). Además, rebaja la indemnización por despido de los trabajadores fijos entre un 30% y un 72%, aumenta la arbitrariedad empresarial y debilita los derechos de los trabajadores en las empresas. Para empeorar las cosas, introduce el ánimo de lucro en la intermediación laboral -lo que fomentará la siniestralidad laboral- y legaliza las agencias privadas de colocación, con lo que saldrán beneficiados los trabajadores más “empleables” y perjudicados los que tienen más dificultades para insertarse laboralmente. Nos enfrentamos a una reforma que trata de “arreglar” la precariedad haciendo a todos precarios y que puede suponer un movimiento incontrolado de sustitución de trabajadores antiguos por nuevos. Se trata, por último, de una reforma que va a contracorriente del aumento de la productividad y de un cambio del modelo productivo orientado hacia la calidad y la cohesión social.

4-Parar una reforma de la negociación colectiva, guardada en la recámara, y que irá más allá de lo que en esta reforma laboral ya se establece sobre el descuelgue y la modificación de condiciones de trabajo. Con el objetivo de dar preeminencia a la negociación de empresa, acabar con la extensión temporal indefinida de las disposiciones de los convenios colectivos, salvo pacto en contrario (la llamada “ultractividad” de los convenios colectivos), y reducir al mínimo la negociación colectiva supraempresarial y los derechos sindicales en las empresas, con la consiguiente reducción del poder sindical y el acrecentamiento de la discrecionalidad empresarial.

5-Impedir que se lleve a cabo una reforma de las pensiones, con el retraso de la edad de jubilación a los 67 años como medida central. Se niegan ahora las afirmaciones, de hace todavía un año, sobre la solidez del sistema realizadas por los mismos responsables gubernamentales, que ahora las defienden con lenguaje de madera. Esta reforma sólo responde al objetivo de reducir el déficit y dar satisfacción a los mercados financieros, únicos beneficiarios seguros de las pensiones privadas. La cuestión se aborda sólo desde el ángulo de los gastos y para nada de los ingresos y se perjudica sobre todo a los jóvenes, a las mujeres, a los precarios, a los trabajadores mayores. Precisamente, éstos podrán ahora ser despedidos más fácilmente con la nueva reforma laboral y pasarán a la pensión mínima. En fin, que lo único que nos asegura es que en el futuro las pensiones serán bastante inferiores que las actuales en relación con el último salario en activo.

6-Protestar contra la congelación de las pensiones, contra el recorte de las retribuciones de los funcionarios, contra la paralización de la renovación de los convenios, que está practicando la patronal, y el rechazo a incluir la cláusula de revisión salarial. Y, por tanto, contra la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los salarios que van a sufrir los trabajadores del sector privado.

7-Defender dos pilares esenciales de nuestro modelo de bienestar, como son la protección laboral y la protección social.

 8-Asegurar que a los trabajadores que estén en el paro y sin ninguna prestación -que pronto serán centenares de miles- no les falten prestaciones de desempleo, evitando así que se deslicen hacia la pobreza y la exclusión social.

9-Exigir una profunda reforma fiscal que nos acerque a los parámetros de los países europeos más desarrollados y más cohesionados, de los que nos separan más de 12 puntos de presión fiscal. Las reformas fiscales emprendidas por Zapatero no han sido precisamente muy sociales: disminución del tipo del Impuesto de Sociedades; reforma del IRPF, reduciendo el número de tramos y el tipo marginal. Y, aún peor, consolidando la regresiva medida adoptada por el PP, separando las rentas del capital de las restantes y otorgándoles un trato de favor mediante un tipo menor y proporcional, sin olvidarnos de la eliminación del Impuesto de Patrimonio. Y cuando ha abordado una política brutal de reducción del déficit no ha pensado en subir los impuestos directos, sino el IVA que pagan por igual todos los ciudadanos.

10-Demandar otra construcción europea, más integrada política, económica y socialmente, defensora del modelo social que representa, con una única voz en el concierto internacional, con políticas públicas comunes, desde la investigación a la energía, basadas en el desarrollo sostenible. Una Unión europea realmente cooperativa y no concurrente entre sus Estados miembros. Una Unión europea democrática y no solamente burocrática, que tenga como norte principal la solución de los problemas de los ciudadanos y no la presión a los Estados para que realicen contrarreformas sociales. Una construcción europea guiada por objetivos y decisiones políticas y no por un conjunto de reglas restrictivas.

11-Reivindicar los valores de la izquierda, frente al ensordecedor silencio que reina dentro del PSOE sobre este giro antisocial. Apoyar la huelga y las movilizaciones es también defender valores esenciales defendidos tradicionalmente por la socialdemocracia, el socialismo y el conjunto de la izquierda. No es lo menos importante de lo que está pasando esa anteposición del forofismo de partido al coraje político y democrático; o la supeditación de la libertad de conciencia, amparada por el artículo 67.2 de la Constitución Española, a la disciplina colectiva, a la obediencia debida. El accidentalismo, inventado por Gil Robles y convertido en arte por Guy Mollet, que ha impregnado la acción política gubernamental, esa concepción ambidiestra -en expresión de uno de los responsables de comunicación del Ejecutivo- según la cual el nuevo socialismo se caracteriza por ser de derechas en lo económico y de izquierdas en lo social ha quedado pronto desacreditada, y ha desembocado en la esquizofrénica idea de que el militante socialista puede, al mismo tiempo, apoyar una cosa y su contraria, ser la vanguardia del proletariado y del empresariado, estar de acuerdo con las medidas del gobierno y con la huelga. Esta no es una batalla de un sólo día, el 29 de septiembre, sino el comienzo de un proceso más largo. Y no fundamentalmente porque después seguirán amenazando las otras medidas que, además de la reforma laboral, se quieren adoptar, sino, especialmente, porque la izquierda, española y europea, tendrá que responder, con una urgencia nunca evidenciada como ahora, sobre cuáles son sus respuestas a la degradación social y a los desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades y la Unión europea.

Los frutos de las huelgas generales no siempre se recogen al día siguiente: los de la huelga del 14-D se recogieron un año más tarde. Contrariamente a lo que dicen algunos, opino que la reforma laboral aprobada se modificará más bien pronto. Por la huelga y porque pronto se evidenciará que el modelo laboral que va a configurar es aún más insostenible que el que teníamos.

Estados Unidos, Kofi Annan y Ban Ki-moon encubren el genocidio de Kagame en Ruanda y el Congo

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Acaba un largo ciclo de "omertá" en el interior de la ONU sobre el que seguramente es el mayor genocidio habido desde que ésta fue creada: el llevado a cabo por el Frente Patriótico Ruandés desde 1990

Estados Unidos, Kofi Annan y Ban Ki-moon encubren el genocidio de Kagame en Ruanda y el Congo

Juan Carrero es presidente de Fundació S´Olivar.

El día 26 de agosto el diario Le Monde filtró la noticia de que un extenso informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige la sudafricana Navanethem Pillay, informe no hecho público aún oficialmente pero que ahora ya circula libremente, califica como “crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, hasta de genocidio” los crímenes “sistemáticos, metódicos y premeditados contra los hutus”, en su “mayoría niños, mujeres, ancianos y enfermos”, realizadas por el FPR (Frente Patriótico Ruandés) en 1996-1997 en el Zaire. La investigación abarca los crímenes cometidos en el Zaire/Congo durante toda la década que va desde 1993 hasta 2003 y Ruanda no es el único país incriminado. Pero el exterminio sistemático realizado por el FPR de refugiados hutus ruandeses y otros hutus congoleños, eliminados por las armas o mediante el bloqueo sistemático de los alimentos que les estaban destinados, podría ser considerado, como afirma Jean-Philippe Rémy en Le Monde, “el corazón del informe.” En todo caso es evidente que, como a su vez aclara Christophe Châtelot en el artículo principal de este amplio y magnífico reportaje, el informe “es demoledor, principalmente para Ruanda”.

Sin embargo este artículo acaba con el mismo error de bulto con el que concluyen la mayoría de artículos posteriormente publicados sobre la filtración de dicho informe: es necesaria, según dicen, la creación de un tribunal que tenga competencia para juzgar estos crímenes. Pero tal tribunal no sólo existe sino que incluso ya emitió el 6 de febrero de 2008 una orden de arresto contra 40 altos responsables del FPR, presuntos responsables de los crímenes en el Congo a los que se refiere el citado informe de la ONU. Tal tribunal es la Audiencia Nacional española, plenamente competente para juzgar tales crímenes en virtud del principio de justicia universal. Es por esta competencia por lo que, a título de ejemplo, se pudo detener un día a Augusto Pinochet y por lo que actualmente las citadas 40 órdenes de arresto son ya efectivas en INTERPOL y en la red SIRENE. Además no hay que olvidar que 4 religiosos maristas españoles, que acompañaban a los refugiados hutus y que habían denunciado internacionalmente esta gran carnicería, fueron a su vez asesinados por el FPR en el este del Congo, en el campo de refugiados de Nyamirangwe, el 31 de octubre de 1996.

Lamentablemente el silencio de la ONU durante catorce años ha tenido consecuencias trágicas. ¡Cuántos miles de silencios cómplices han permitido que, durante largos años, estos criminales, revestidos de la falsa aureola moral que da el haber detenido supuestamente el genocidio llevado a cabo por los extremistas hutus en la primavera de 1994, siguieran provocando impunemente un inmenso sufrimiento en Ruanda y el Congo! Pero el informe, cuya filtración en estos días ha tenido una amplia repercusión en todo el mundo, podría ser el principio del fin del ya entonces líder del FPR y actualmente también presidente de Ruanda, Paul Kagame. Es cierto que, hasta ahora, se trata sólo de una filtración. Pero los datos del informe son ya de dominio público, más alla de las inconfesables presiones, chantajes y negociaciones que a partir de ahora van a tener lugar en las altas esferas políticas y económicas de nuestro mundo, especialmente para eliminar el término “genocidio”. Lo cierto es que por fin empiezan a ser frecuentes los análisis que algunos de nosotros realizábamos ya hace catorce años, en el mismo momento en que ocurrían los hechos.

Ya en octubre de 1996 y sobre todo a partir de febrero de 1997, en documentos que llegaron a firmar casi una veintena de premios Nobel y los presidentes de los grupos políticos del Parlamento Europeo, nosotros mismos denunciamos masacres masivas de hutus ruandeses y congoleños de carácter genocida, incineraciones de decenas de miles de cadáveres, exterminio por hambre, etc.¡Cómo no iban a conocer unos crímenes de tal magnitud los líderes de nuestro mundo! ¡Cómo no iba a conocerlos nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores! Nosotros mismos hicimos llegar tales documentos a Bill Clinton y otros verdaderos responsables últimos de este genocidio. Además de los conductos protocolarios, Elie Wiesel, superviviente de los campos nazis de exterminio y premio Nobel de la Paz, prometió a nuestro compañero, el también premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entregárselos personalmente a Bill Clinton en el encuentro que tendría con él en breves días.

Por otra parte, el 24 de febrero de 1997, tras 42 días de ayuno en el Parlamento Europeo, yo mismo se los entregué en mano a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, el ibicenco Abel Matutes (actualmente es uno de los 12 españoles miembros de la Comisión Trilateral). En tal encuentro estaba acompañado por Inocencio Arias, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo, a mi vez, estaba acompañado por la consellera socialista mallorquina Mercé Amer. La noticia de ese encuentro y de la entrega de unos documentos tan graves y firmados por un listado tan impresionante de personalidades fue vetada por TVE. La corresponsal en Bruselas se acercó a mí y me comunicó que estaba realmente dolida, que había seguido nuestro ayuno, que admiraba lo que habíamos hecho en colaboración con la comisaria Emma Bonino, pero que la noticia había sido vetada y, a pesar suyo, no iba a poder filmar [1]. El asesinato en Ruanda de tres cooperantes españoles de Médicos del Mundo, sólo unos días antes, dió al encuentro un clima de especial tensión. Sabemos ya que tal asesinato fue obra del FPR, aunque la potente propaganda de los padrinos internacionales de esta organización criminal consiguió que, ya en las primeras horas tras el triple crimen, todos los medios del mundo se lo adjudicasen una vez más a los extremistas hutus.

De hecho, es tan cierto que este informe no aporta grandes novedades que en la segunda edición de mi libro “África, la madre ultrajada” no modificaré prácticamente en nada el texto de la primera edición. La noticia no es que el FPR cometió un enorme genocidio [2]; genocidio en el que las víctimas de etnia hutu, tanto ruandesas como congoleñas, eliminadas violentamente por el FPR desde 1990 deben contarse al menos por centerares de miles; genocidio mucho más amplio si consideramos los millones de víctimas, no sólo hutus sino de otras etnias bantúes del Congo (o símplemente no himas-tutsis para la racista élite del FPR), fallecidas no sólo por la violencia sino sobre todo por inanición y otras causas relacionadas con las agresiones sufridas por el Zaire/Congo por parte de Ruanda, Uganda y Burundi en su empeño genocida de constituir en aquella región un imperio controlado por clanes himas-tutsis; genocidio del que el equipo del Ato Comisionado para los Derechos Humanos ha investigado sólo la punta del iceberg, es decir 600 incidentes violentos, con unas decenas o, a lo sumo, centenas de miles de víctimas, habidos sólo en el Congo y desde 1993 hasta 2003; genocidio en el que el informe del equipo de la ONU dirigido por el chileno Roberto Garretón, que había investigado unos cuarenta emplazamientos en el Congo, hablaba de hasta 100.000 cadáveres hutus ya en 1997, es decir un año antes de la segunda y más mortífera invasión; genocidio de cuya magnitud se puede entrever algo a través del informe del International Rescue Committee que, en una estadística por exceso, calcula en 5,4 millones el número de víctimas que se han producido en el Congo hasta 2007 por causas relacionadas con el conflicto que ha sufrido.

La noticia no es esa, la noticia es esta otra: el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, rompiendo el código de la omertá que ha imperado en el interior de la ONU durante demasiados años, deja en evidencia que el Consejo de Seguridad y el secretario general Ban Ki-moon (y antes Kofi Annan), los mismos que hace menos de un año nos acusaban a algunos de nosotros de financiar a los genocidas, ¡han encubierto durante más de una década el que seguramente es el mayor genocidio habido desde que existe la ONU, el llevado a cabo por el FPR desde el 1 de octubre de 1990 hasta el día de hoy! Como muy bien analizaba Glen Ford, unos días después de la filtración del informe, en su artículo “La crisis de Ruanda podría poner al descubierto el papel de EEUU en el genocidio en Congo” [3] , nos encontramos frente a

[...] una crisis política que amenaza con trastocar los planes de Washington para dominar el continente. [...] Lo que está en juego no es solo la reputación del presidente ruandés Paul Kagame, un alumno de la US Army Command and General Staff College (escuela de mandos y personal militar de apoyo del ejército de EEUU), en Fort Leavenworth, Kansas, sino toda la estrategia estadounidense para la militarización de África y explotación de sus riquezas [...]. Una carnicería a semejante escala no podría haber ocurrido si no fuera por la complicidad de EEUU, que ha protegido a Kagame en todas las coyunturas [...]. El informe de las Naciones Unidas filtrado no puede devolverse a un cajón. Kagame, que etiqueta a todos sus críticos como “genocidas” o apologistas del genocidio, es expuesto como “el mayor asesino de masas sobre la faz de la tierra, hoy en día”, como lo describe Edgard S. Herman, coautor de The politics of Genocide. Los mentores y proveedores de fondos de Kagame en el gobierno de EEUU, los cuales instigaron su genocidio en Congo, deben ser considerados igualmente responsables, o más aún, puesto que las corporaciones de EEUU consiguen los mayores beneficios de los minerales de sangre de Congo, y el ejército de EEUU obtiene los mayores beneficios de los servicios ruandeses y ugandeses como mercenarios siempre a la entera disposición de EEUU en África.

El gobierno ruandés ha reaccionado con virulentas amenazas y la Alta Comisionada ha postergado hasta el 1 de octubre la publicación del informe. La lucha durante las próximas semanas para eliminar de él la palabra “genocidio” será muy dura, dado que esa calificación exigiría la intervención inmediata de la comunidad internacional. Pero, a pesar de todo, algo está ocurriendo en este gran conflicto, un significativo movimiento de piezas parece estar realizándose en el tablero. Otro hecho también lo corrobora: la aparición el pasado día 7 de septiembre del importante, pero hasta la fecha fantasmagórico, informe Gersony [4]. Se trata de otro informe honesto, realizado ya en 1994, esta vez por el Alto Comisisonado de las Naciones Unidas para los Refugiados; informe embargado desde entonces y cuya existencia era incluso negada por altos responsables de la ONU; informe que documenta esta vez la sistemática limpieza étnica con caracter genocida realizada contra los hutus por el FPR durante 1994 en el interior de Ruanda (la limpieza llevada a cabo por el FPR primero en las zonas que durante la primavera iba controlando, primavera en la que a su vez los extremistas hutus llevaban a cabo su genocidio, el de los tutsis, en la zona que controlaban; pero sobre todo la limpieza llevada a cabo por el FPR a partir de su victoria total el 18 de julio).

El equipo de investigadores censó el asesinato de 30.000 hutus por parte del FPR en sólo dos meses y en sólo 3 prefecturas. Pero, al igual que el reciente informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos “[...] las masacres denunciadas en el informe Gersony sólo eran la parte visible de un inmenso iceberg formado por centenares de miles de víctimas salvajemente asesinadas por las tropas del FPR desde el 1 de octubre de 1990 en las zonas ocupadas por su ejército”. Esto es lo que afirma el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Jean-Marie Vianney Ndagijimana en su magnífico libro, recientemente publicado, Paul Kagame a sacrifié les tutsi [5]. En cuanto recibí la fotocopia del informe Gersony, le solicité que me confirmase que se trataba realmente del auténtico informe original, cosa que hizo aunque añadiendo que falta un anexo.

Este ruandés excepcional, de ascendencia mixta hutu-tutsi, que testificó en nuestra querella ante la Audiencia Nacional española y que es el responsable en Francia del Diálogo Intra Ruandés que venimos patrocinando desde 2004 , fue testigo de los cambalaches en torno al embargo de este comprometedor informe. Cambalaches llevados a cabo a comienzos de octubre de 1994 en el Departamento de Estado estadounidense entre el presidente ruandés, el hutu Pasteur Bizimungu, siempre supervisado por el “consejero” Charles Muligande, y el subsecretario de Estado para África, George Moose. Pasteur Bizimungu vino en realidad a argumentar que “había un ‘después del genocidio’ en el que el ejército del FPR podía masacrar alegremente a poblaciones enteras sin recibir la reprobación de la comunidad internacional”. Y George Moose se mostró tan comprensivo con los argumentos del presidente ruandés que Jean-Marie Vianney Ndagijimana, dedujo que iba a suceder lo que en realidad sucedería: en esta entrevista “la suerte del informe Gersony fue definitivamente sellada”. Unas semanas más tarde el ministro dimitió de su cargo “para no ser cómplice de esta política de limpieza étnica, y optó por el exilio para convertirse en testigo ante la opinión mundial y denunciar este genocidio silencioso pero tan ignominioso y condenable como el genocidio tutsi”.

No actuaron con la misma dignidad ni Kofi Annan, entonces secretario general adjunto del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz; ni Shahryar Khan, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Ruanda; ni Timothy Wirth, secretario de Estado para los Derechos Humanos; ni David Rawson, embajador en Ruanda; ni Brian Atwood, director para África de USAID, financiadora de esta investigación, que tenía por objeto el comprobar si en el interior de Ruanda estaban dadas las condiciones para el retorno de los refugiados hutus. Todos ellos habían tenido reuniones con Jean-Marie Vianney Ndagijimana previas a la del presidente y el subsecretario de Estado, alguna de ellas en presencia de Robert Gersony. El antiguo ministro explica que algunos de ellos tuvieron palabras muy duras hacia el presidente ruandés. Pero, de hecho, el informe fue embargado y ninguno de ellos ha denunciado nunca esa tremenda limpieza étnica y el ocultamiento de una prueba tan importante.

Kofi Annan mostró el informe a Jean-Marie Vianney Ndagijimana e incluso se lo dejó leer , aunque se negó a entregarle copia alguna. Así que el futuro secretario general de la ONU sabía bien, ya entonces, que la teoría de un doble genocidio no es falsa. Y mucho menos es una forma de negacionismo, y por tanto un delito, como se ha atrevido a afirmar Ramón Lobo en las páginas de El País. ¡Qué barbaridad... atreverse a calificar de delincuente al juez Fernando Andreu, que imputa crímenes de genocidio a Kagame y a 40 altos responsables del FPR, y ahora también a la Alta Comisionada Navi Pillay, que firma el reciente informe! Aunque no es sólo este periodista sino que son muchos los analistas, especialistas en todo, que están dispuestos a escribir sin problema alguno sobre cualquier cuestión que haga falta, incluidos conflictos tan graves y complejos como este. O que sólo han escuchado las poderosas voces de la maniquea doctrina oficial, que traza una línea infranqueable entre genocidas de un lado y nobles liberadores de otro. Por el contrario, Kofi Annan y el actual secretario general, Ban Ki-moon, saben lo bien fundamentadas que están las imputaciones del juez Fernando Andreu Merelles sobre “delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, integración en organización terrorista, actos terroristas, pillaje de recursos naturales y el asesinato de nueve ciudadanos españoles”.

Es muy posible que, tal y como algunos intuimos y publicamos en su momento, el hecho de que Ban Ki-moon, pretenda presentar al genocida Paul Kagame como un súper héroe de la lucha contra el hambre y otras plagas que asolan nuestro mundo, haya indignado y movilizado al sector de personas íntegras que aún existen en esa gran organización que es la ONU. Esperemos que Navi Pillay no acabe defenestrada como lo fueron antes por motivos muy semejantes el secretario general, Boutros Boutros Ghali, la fiscal del TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda), Carla del Ponte, y muchos otros más. Durante años Jean-Marie Vianney Ndagijimana se ha preguntado porqué el secretario general decidió embargar el informe Gersony. En noviembre de 2002 Carla del Ponte le confirmó todas sus sospechas en un encuentro tenido en la sede del Tribunal de la Haya. Lo relata así:

[...] sin rehuir [la cuestión], ella reconoció que dicho informe entra en la competencia del TPIR y que debería normalmente haber sido incluido en el dossier de crímenes cometidos en Ruanda en 1994 por uno de los beligerantes. Lamentablemente, prosiguió, todos los intentos de obtener el informe Gersony así como los otros diferentes informes de las Naciones Unidas que prueban los crímenes del FPR habían sido hasta entonces vanos. Y prosiguió: “Yo pedí oficialmente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la señora Ogata, [6] que me transmitiese este informe, pero choqué contra un muro [...]”. Carla del Ponte nos confesó que, ya desesperada, pidió también sin éxito que Robert Gersony pudiese ser escuchado por el fiscal del TPIR. ¡Aquí también, el gobierno norteamericano opuso la decisión de inadmisibilidad! Como se puede ver, Paul Kagame se beneficia de la protección de una o varias potencias con derecho a veto [en el Consejo de Seguridad] y capaces de imponer su dictado en el seno de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas. No es necesario ser un adivino para saber que la Administración Clinton, avergonzada sin duda por los remordimientos de haberse opuesto al envio de tropas de la ONU para detener el genocidio, ha preferido poner en pérdidas y ganancias las masacres realizadas por Paul Kagame de centenares de millares de civiles hutus inocentes.

Esperemos que ahora los tiempos estén ya maduros, esperemos que quienen mueven los hilos se den cuenta de que tan vergozosas farsa e impunidad son ya insotenible. Por nuestra parte, estamos convencidos de que, como afirman Adolfo Pérez Esquivel y el senador Pere Sampol (que fue vicepresidente del Gobierno de las Islas Balerares y conoce bien las intrigas políticas), hemos de ayudar desde afuera de la ONU a que esas personas dignas consigan evitar desde adentro que ésta organización se convierta en un instrumento no al servicio de los pueblos sino de la Comisión Trilateral [7] y otros poderosos y elitistas grupos. En todo caso, quizá se esté ya empezando a cumplir lo que me atreví a afirmar en el prefacio de mi libro: “cuando esta enorme tragedia ocupe los espacios que se merece en los grandes medios de comunicación, ésta será una de las páginas más bochornosas de las Naciones Unidas, del Occidente en general y del Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero en particular”. Aunque el presidente español está aún a tiempo de cambiar ese destino. Basta con que siga avanzando por la senda que inició al no recibir en Madrid a Paul Kagame; basta con que no acepte copresidir con ese genocida el Grupo de defensa de los Objetivos del Milenio; basta con que colabore con la Audiencia Nacional en el proceso que se sigue contra 40 altos responsables del FPR; basta con que reciba por fin a las familias de las 9 víctimas españolas...


Notas:

[1] Sí se permitió sin embargo a los medios hacer la foto de rigor de dicho encuentro: http://olivar.pangea.org/castellano/INDEX.html

[2] En el citado reportaje de Le Monde, se recogen las palabras de una fuente anónima: “Se sabía que esto era enorme”.

[3] Black Agenda Report, traducido para Rebelión por Mariola y Jesús María García Pedrajas.

[4] Se puede ver en C:\Unearthed “Gersony Report” the U_N_ said it never existed_ - The Proxy Lake.mht

[5] Editorial La Pagaie, páginas 134-141.

[6] Como hago notar en mi libro, Sadako Ogata es también miembro de la Comisión Trilateral.

[7] Han sido o son miembros de la Trilateral y/o han participado o participan en las reuniones del Grupo Bilderberg la casi totalidad de quienes han jugado un papel político clave en este conflicto: Bill Clinton, Tony Blair, Margaret Thatcher, Kofi Annan, Madeleine Albright, Bill Richardson, Sadako Ogata, Susan Rice, Raymond Chrétien, Jean Chrétien, Hillary Clinton o Bernard Kouchner. Eso sin contar los mucho más numerosos miembros del Consejo de Relaciones Exteriores o del Real Instituto de Asuntos Internacionales.

EEUU acusada de genocidio en el Congo

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Glen Ford, Black Agenda Report

Analistas de izquierdas han estado informando durante años de que los aliados de EEUU Ruanda y Uganda son los principales responsables de la muerte de, al menos, seis millones de congoleños. Ahora un informe filtrado de las Naciones Unidas ha confirmado que los crímenes de Ruanda en Congo pueden elevarse al nivel de genocidio, puesto que las fuerzas del Presidente Paul Kagame asesinaron a ancianos, niños y mujeres hutus sin tener en cuenta su nacionalidad. Los mentores y proveedores de financiación del presidente ruandés Paul Kagame en el gobierno de EEUU deben ser considerados igualmente responsables.

“Millones de personas murieron mientras los aliados de Washington ocupaban y saqueaban las regiones orientales de la República Democrática del Congo.”

Un informe de las Naciones Unidas que se ha filtrado filtrado, el cual documenta las atrocidades ruandesas que “podrían ser clasificadas como crímenes de genocidio” en el este de Congo, ha creado una crisis política que amenaza con trastocar los planes de Washington para dominar el continente. El régimen de la minoría tutsi de Ruanda – un estado cliente estadounidense que actúa como mercenario a favor de los intereses de EEUU en África, junto con Uganda – amenaza con retirar sus soldados de las misiones de “mantenimiento de la paz” de las Naciones Unidas si el informe no es suprimido. Las misiones de las Naciones Unidas en Chad, Haití, Liberia y Sudán son de hecho extensiones de la política exterior de EEUU, de la misma manera que las tropas de Uganda y Burundi apuntalan el “gobierno” respaldado por EEUU en Somalia bajo la apariencia de fuerzas de la “Unión Africana”.

La crisis de Ruanda amenaza con revelar el papel de EEUU permitiendo la muerte de, al menos, seis millones de personas mientras los aliados de Washington ocupaban y saqueaban las regiones orientales de la República Democrática del Congo. Lo que está en juego no es solo la reputación del presidente ruandés Paul Kagame, un alumno de la US Army Command and General Staff College (escuela de mandos y personal militar de apoyo del ejército de EEUU), en Fort Leavenworth, Kansas, sino toda la estrategia estadounidense para la militarización de África y explotación de sus riquezas.

El informe de 545 páginas detalla los crímenes cometidos en Congo por el ejército ruandés y sus aliados entre marzo de 1993 y junio de 2003, y refuerza los cargos que vienen de antiguo de que las fuerzas de Kagame fueron también agresores y asesinos de masas durante los asesinatos masivos de 1994. Cuando los rebeldes tutsis de Kagame – previamente radicados en Uganda – se hicieron con el control de Ruanda después de 100 días de luchas y limpieza étnica, persiguieron a más de un millón de refugiados hutus en el vecino Congo. Allí, cazaron y mataron un número indeterminado de miles de ancianos, mujeres y niños en 600 incidentes documentados que son, como mínimo, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los autores del informe creen claramente que los tutsis participaron en un claro genocidio – la erradicación a propósito de un pueblo – puesto que los hombres de Kagame no hicieron ninguna distinción entre refugiados hutus ruandeses y hutus congoleños; los mataron a todos. Los tutsis congoleños y de Burundi se unieron a los tutsis ruandeses de Kagame en los asesinatos de masas – lo que confirma la naturaleza racial o étnica de la matanza.

“Los hombres de Kagame no hicieron ninguna distinción entre refugiados hutus ruandeses y hutus congoleños; los mataron a todos.”

El ejército rwandés tutsi permaneció en el este de Congo para explotar los raros minerales de la región, explotando mano de obra esclava y vendiendo el botín a las corporaciones multinacionales. Se les unieron los militares ugandeses, que también se establecieron como soldados/empresarios en suelo congoleño. Los ruandeses y ugandeses permanecen en la región, gansters uniformados africanos aliados con corporaciones euro-estadounidenses en un campo de exterminio que se ha tragado posiblemente a seis millones de congoleños. Algunos estiman las cifras de muertos congoleños en áreas controladas por Ruanda, únicamente, en tres millones y medio. Su sangre y patrimonio cultural robado ha convertido a Kigali, la capital ruandesa, en un faro luminoso de la empresa capitalista – una historia de éxito del “libre mercado”.

Una carnicería a semejante escala no podría haber ocurrido si no fuera por la complicidad de EEUU, que ha protegido a Kagame en todas las coyunturas. Tras entrenarlo para operaciones de mando al más alto nivel, EEUU financió a los rebeldes de Kagame a través de su cliente ugandés, el Presidente Yoweri Museveni. Cuando los rebeldes de Kagame invadieron Ruanda, algunos de ellos aún vestidos con el uniforme ugandés, los estadounidenses desestimaron las quejas del presidente hutu. Cuando el avión que llevaba al presidente hutu y su homólogo burundés fue derribado por un misil – casi con toda seguridad por hombres de Kagame – y se desencadenaron asesinatos en masa, EEUU forzó a las Naciones Unidas a retirarse del país – un movimiento que solo podía beneficiar a las fuerzas armadas y bien entrenadas de Kagame, las cuales conquistaron rápidamente toda Ruanda. Cuando informes de las Naciones Unidas mostraron que Kagame estaba asesinando 10.000 hutus al mes dentro de Ruanda, incluso después de que la oposición se hubiera hundido o huido, EEUU detuvo una investigación. Después los hombres de Kagame cayeron sobre Congo como un enjambre, y comenzó el genocidio más grande.

“Una carnicería a semejante escala no podría haber ocurrido si no fuera por la complicidad de EEUU, que ha protegido a Kagame en todas las coyunturas.”

El informe de las Naciones Unidas filtrado no puede devolverse a un cajón. Kagame, que etiqueta a todos sus críticos como “genocidaires” o apologistas del genocidio, es expuesto como “el mayor asesino de masas sobre la faz de la tierra, hoy en día,” como lo describe Edgard S. Herman, co-autor de The politics of Genocide. Los mentores y proveedores de fondos de Kagame en el gobierno de EEUU, los cuales instigaron su genocidio en Congo, deben ser considerados igualmente responsables – si no más aun, puesto que las corporaciones de EEUU consiguen los mayores beneficios de los minerales de sangre de Congo, y el ejército de EEUU obtiene los mayores beneficios de los servicios ruandeses y ugandeses como mercenarios siempre a la entera disposición de EEUU en África.

Sería magnifico si Kagame sufriera un ataque patológico e hiciera honor a su amenaza de retirar sus soldados de Haití, Chad Liberia y Sudán. Pero eso causaría serios inconvenientes a EEUU, a cuyos intereses sirven las misiones de “mantenimiento de la paz” de las Naciones Unidas. Kagame no tiene ningún problema en matar millones de hutus en Congo, pero no se atreverá a disgustar a la superpotencia a la que le debe su carrera sangrienta.

COCA COLA DENUNCIADA EN INDIA

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Heidelberg/Madurai, 09.08. 2010 - El gabinete del estado de Kerala ha establecido un Tribunal de Reclamaciones de Plachimada para repartir las indemnizaciones de 216,26 rupias crore (aproximadamente 46,2 millones de dólares estadounidenses) de la Compañía de Bebidas Hindustan Coca Cola por los daños ecológicos que causó en Plachimada, Kerala.

La formación de un tribunal fue anunciada el 30 de junio de 2010 con motivo de las recomendaciones de un Comité de Alto Poder que fue establecido por el estado de Kerala. El 22 de marzo de 2010, el Comité había pedido públicamente que Coca-Cola se hiciera responsable de la suma estipulada. El tribunal juzgará los litigios relativos a la reparación del daño provocado por la planta embotelladora de la empresa en Plachimada y otros pueblos cercanos. La suma está destinada a compensar a los residentes de Plachimada por las pérdidas derivadas en agricultura, los problemas de salud y la pérdida de salarios, entre otras cosas. La planta en el distrito de Palakkad se cerró en marzo de 2004 tras una orden del Tribunal Supremo y las continuas protestas de los residentes de Plachimada. FIAN apoyó estas protestas con una Acción Urgente en 2003, pidiendo respeto a los derechos de los agricultores en el acceso al agua y la alimentación.

En 1988, la compañía Coca-Cola estableció una fábrica cerca de la aldea de Plachimada, en el estado indio de Kerala. La planta estaba produciendo 85 camiones cargados de bebidas por día, cada uno con 550-600 cartones de 24 botellas de 300 ml. Con el fin de cubrir las necesidades de agua para esta producción, la empresa excavó varios pozos profundos en la tierra comprada por la empresa, tradicionalmente agrícola. Antes de la adquisición de la tierra de agricultores privados y la conversión de los mismos en un polígono industrial, la comunidad local, en su mayoría personas indígenas, dependían de la tierra para sus medios de subsistencia como jornaleros agrícolas. La empresa extrajo alrededor de 1.500.000 litros de agua al día. El uso de estas enormes cantidades de agua dio lugar a un agotamiento de las aguas subterráneas. Otros agricultores a pequeña escala o marginalizados no pudieron usar sus bombas durante el tiempo suficiente para regar sus campos, lo que llevó a una disminución de su cosecha - y la subsiguiente denegación de trabajo asalariado a los jornaleros agrícolas indígenas y sin tierra. El proceso de producción de la fábrica no sólo condujo a una peligrosa escasez de agua, sino también a la contaminación de las fuentes locales de agua debido a la emisión de metales tóxicos como el cadmio y plomo salino. Como consecuencia, alrededor de 1000 familias indígenas sin tierra, que dependen del trabajo asalariado agrícola, se vieron afectadas.

Después de una campaña bajo el nombre Comité para la lucha Plachimada" (Plachimada Struggle Committee) que alertó al gobierno del estado y atrajo una significativa atención internacional de los defensores de los derechos humanos, trabajadores sociales y activistas del desarrollo en el estado de Kerala formaron una coordinadora llamada "Comité de Solidaridad de Plachimada" (Plachimada Solidarity Committee). FIAN ha estado estrechamente vinculado y capacitando al Comité para la lucha Plachimada".

La fábrica de Plachimada se cerró en 2004. Además de cerrar la planta, el Adivasi Samrakshana Sangham, el grupo principal del Comité para la lucha Plachimada y el Comité de Solidaridad de Plachimada presentaron una demanda de indemnización al gobierno del estado de Kerala. Pidieron una compensación de al menos 48 millones de dólares estadounidenses para los agricultores de la región. La reciente designación de un tribunal por el gobierno de Kerala se anunció durante el caso pendiente de Bebidas Hindustan (filial de Coca Cola S.A.) que buscaba poder reabrir la fábrica cerrada.