PORTO ALEGRE 2012. Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales

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Finaliza en Porto Alegre el Foro Social Temático
Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales

Otramérica

El Foro Social Temático (FST) terminó ayer en Porto Alegre y ha supuesto el pistoletazo de salida de una gran movilización global que debe desembocar en la Cumbre de los Pueblos, a celebrarse de forma paralela a la reunión oficial de Río +20. La Asamblea de Movimientos Sociales emitió su comunicado en el FST. Reproducimos íntegra esta contundente declaración de intenciones.

Nosotros, pueblos de todos los continentes, reunidos en la Asamblea de movimientos sociales durante el Foro Social temático Crisis capitalista, Justicia social y ambiental, luchamos contra las causas de una crisis sistémica que se expresa en una crisis económica, financiera, política, alimentaria y ambiental, colocando en riesgo la propia sobrevivencia de la humanidad. La descolonización de los pueblos oprimidos y el enfrentamiento al imperialismo es el principal desafío de los movimientos sociales de todo el mundo. En este espacio nos reunimos desde nuestra diversidad, para construir juntos agendas y acciones comunes contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo y todo tipo de discriminación y explotación. Por eso, reafirmamos nuestros ejes comunes de lucha, adoptados en nuestra Asamblea en Dakar, en 2011.

Lucha contra las transnacionales Lucha por la justicia climática y por la soberanía alimentaria Lucha por la eliminación de la violencia a la mujer Lucha por la paz, contra la guerra, el colonialismo, las ocupaciones y la militarización de nuestros territorios

Los pueblos de todo el mundo sufren hoy los efectos del agravamiento de una profunda crisis del capitalismo, en la cual sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista. Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales de libre comercio y “medidas de austeridad” expresadas en paquetes económicos que privatizan bienes, rebajan salarios, reducen derechos, multiplican el desempleo y explotan recursos naturales. Estas políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan las migraciones, los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento, y las desigualdades sociales.

La lógica excluyente de este modelo sirve solamente para enriquecer a una pequeña élite, tanto en los países del Norte como en los del Sur, en detrimento de la gran mayoría de la población. La defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la justicia económica, ambiental y de género, son la llave para el enfrentamiento y la superación de la crisis, fortaleciendo el protagonismo de un Estado libre de las corporaciones y al servicio de los pueblos. 

El calentamiento global es el resultado del sistema capitalista de producción distribución y consumo. Las transnacionales, las instituciones financieras, los gobiernos y organismos internacionales a su servicio, no quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora intentan imponernos la “economía verde” como solución para la crisis ambiental y alimentaria, lo que además de agravar el problema, resulta en la mercantilización, privatización y financiarización de la vida. Rechazamos todas las falsas soluciones para esas crisis, como los agro-combustibles transgénicos, la geo-ingeniería y los mercados de carbono, que son nuevos disfraces del sistema. 

La realización de Río+20, en el mes de junio en Río de Janeiro, pasados 20 años de la Eco ’92, refuerza la centralidad de la lucha por justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo capitalista. El intento de “enverdecimiento” del capitalismo, acompañado por la imposición de nuevos instrumentos de la “economía verde”, es una alerta para que los movimientos sociales reforcemos la resistencia y asumamos el protagonismo en la construcción de verdaderas alternativas a la crisis.

Denunciamos la violencia contra la mujer ejercida regularmente como herramienta de control de sus vidas y sus cuerpos. Además, el aumento de la explotación de su trabajo para atenuar los impactos de la crisis y mantener el margen de ganancia constante de las empresas. Luchamos contra el tráfico de mujeres y de niños, las relaciones forzadas y el prejuicio racial. Defendemos la diversidad sexual, el derecho a la autodeterminación de género y luchamos contra la homofobia y la violencia sexista.

Las potencias imperialistas utilizan bases militares extranjeras para fomentar conflictos, controlar y saquear los recursos naturales y promover dictaduras en varios países. Denunciamos el falso discurso en defensa de los derechos humanos, que muchas veces justifica las ocupaciones militares. Nos manifestamos contra la permanente violación de los derechos humanos y democráticos en Honduras, especialmente en el Bajo Aguán, el asesinato de sindicalistas y luchadores sociales en Colombia y el criminal bloqueo a Cuba que completa 50 años. Luchamos por la liberación de los 5 cubanos presos ilegalmente en los Estados Unidos, la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por Inglaterra, las torturas y las ocupaciones militares promovidas por los Estados Unidos y la OTAN en Libia y Afganistán. 

Denunciamos el proceso de neo-colonización y militarización que vive el continente africano y la presencia de la Africom. Nuestra lucha es también por la eliminación de todas las armas nucleares y contra la OTAN. 

Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo contra la lógica depredadora y neocolonial de las industrias extractivas y mineras transnacionales, en particular, con la lucha del pueblo de Famatina en Argentina, y denunciamos la criminalización de los movimientos sociales.

El capitalismo destruyó la vida de las personas. Por eso, cada día nacen múltiples luchas por justicia social para eliminar los efectos dejados por el colonialismo y para que todos y todas tengamos una calidad de vida digna. Cada una de estas luchas implica una batalla de ideas que hace imprescindible acciones por la democratización de los medios de comunicación, controlados hoy por grandes conglomerados, y contra el control privado de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo exige el desarrollo de una comunicación independiente que acompañe estratégicamente nuestros procesos.

Comprometidos con nuestras luchas históricas, defendemos el trabajo decente y la reforma agraria como único camino para impulsar la economía familiar, campesina e indígena, y un paso central para alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia ambiental. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la reforma urbana como instrumento fundamental en la construcción de ciudades justas y con espacios participativos y democráticos. Defendemos la construcción de otra integración, fundamentada en la lógica de la solidaridad, y el fortalecimiento de procesos como la UNASUR y la ALBA.

La lucha por el fortalecimiento de la educación, ciencia y tecnologías públicas al servicio de los pueblos, así como la defensa de los saberes tradicionales, se vuelven urgentes una vez que persiste su mercantilización y privatización. Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los estudiantes chilenos, colombianos portorriqueños y de todo el mundo, que continúan en marcha en la defensa de estos bienes comunes.

Afirmamos que los pueblos no deben continuar pagando por esta crisis y que no hay salida dentro del sistema capitalista. Se encuentran en la agenda grandes desafíos que exigen que articulemos nuestras luchas y que movilicemos masivamente. Inspirados en la historia de nuestras luchas y en la fuerza renovadora de movimientos como la Primavera Árabe, Ocuppy Wall Street, los indignados y la lucha de los estudiantes chilenos, la Asamblea de los Movimientos Sociales convoca a las fuerzas y actores populares de todos los países a desarrollar acciones de movilización coordinadas a nivel mundial. Debemos contribuir a la emancipación y auto-determinación de nuestros pueblos, reforzando la lucha contra el capitalismo. 

Convocamos a todas y todos a fortalecer el Encuentro internacional de derechos humanos en Solidaridad con Honduras y a construir el Foro social Palestina Libre, reforzando el Movimiento global de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel y su política de apartheid contra el pueblo palestino.

Tomemos las calles a partir del día 5 de junio en una gran jornada de movilización global contra el capitalismo. Convocamos a impulsar la Cumbre de los Pueblos por justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes, frente a la Rio+20. 

¡Si el presente es de lucha el futuro es nuestro!

Porto Alegre, 28 de enero de 2012

Asamblea de los Movimientos Sociales

Lo que el Barça (que és molt més que un club) publicita

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 Salvador López Arnal, Rebelión.

Es probable, muy probable, que el Barça, que fue y sigue siendo mucho o algo más que club de fútbol (uno de sus presidentes fue asesinado por el fascismo golpista y el club y sus alrededores fueron, durante largos años, símbolos del antifranquismo catalanista para un importante sector de la ciudadanía catalana), sea actualmente el mejor equipo del mundo, y el que practica fútbol más interesante, y uno de los más grandes clubs de la historia de este deporte. Empero, no se pueden usar los mismos elogios –todo lo contrario- para dar cuenta del contenido de la publicidad que sus actuales camisetas llevan incorporadas. En los campos de fútbol, en calles, en empresas, en oficinas, en institutos, incluso en universidades, la Fundación Qatar, es decir, el emirato del mismo nombre, pasea con ellas. ¡Qué infamia! ¡Y en la denominada ciudad de los prodigios! ¿Será tal vez porque aspiraba a ser también la “millor botiga del món”!

¿Qué es Qatar? ¿De qué hablamos cuando hablamos del emirato? Conocemos algunos detalles pero el excelente artículo de Nazanín Armanian [NA] –“Qatar: una dictadura modélica”- en Público da pie para recordar algunas de sus características más destacadas.

Qatar «Tierra» (frente a Bahréin que significa «Mares») señala NA, está gobernado por el jeque Mohammed bin Thani, “un peculiar sátrapa astuto y sagaz que sentado sobre la tercera reserva mundial de gas ha sabido utilizar el petróleo y el canal televisivo Al-Jazeera” para conseguir un fuerte crecimiento económico muy desigual y convertirse en un actor que cuenta en la esfera internacional. La dictadura absolutista política-religiosa de Thani aparece como un modelo alternativo frente al régimen saudí, aunque, apunta NA, “compartan la vigencia de la pena de muerte y la ausencia total de libertades e instituciones democráticas como el Parlamento y los partidos”. 

En vez de democratizar o empujar hacia la democratización como a veces se airea en Occidente y en instituciones interesadas los días de fiesta, acuerdos y votaciones, NA sostiene que el Emir compra voluntades para lavar su imagen: “en su propaganda desaparece el 85% de la población -1,4 millones de trabajadores inmigrantes varones- que carecen de los escasos derechos de ciudadanía que disfrutan los aproximadamente 300 mil cataríes de ‘pura cepa’”. La singular composición de la población hace que haya sólo “una mujer por cada cuatro varones”. En una situación de semiesclavitud -sueldos de hambre y pasaportes confiscados por el Estado-, “los trabajadores extranjeros son víctimas de abusos y malos tratos por parte de sus patronos que los llevan al borde del suicidio”. NA recuerda que en 2007 unos 20.000 trabajadores inmigrantes huyeron de sus empresarios o “empleadores”, “mientras el gobierno regala la nacionalidad a los ricos y famosos de todo el mundo e inaugura una mezquita faraónica con capacidad para 42.000 fieles”.

Sobre Al-Jazeera, la cadena televisiva del emirato, NA señala oportunamente que “en la guerra contra Irak dividió el mundo en naciones y no en clases, como si los dirigentes iraquíes no fueran también responsables de la tragedia que todavía continúa sufriendo ese pueblo”. En el canal catarí, patrimonio también de la familia real, “no existen la oposición al Emir ni las protestas de Barhéin aplastadas por los tanques de Riad”. Los amigos son los amigos y a los opositores ni pan ni agua ni consideración informativa alguna. El resto siempre es silencio.

Qatar alberga una base militar estadounidense, una de las 800 desplegadas en el mundo, y participa activamente en la lucha contra la primavera o primaveras árabes. NA señala que inyecta armas y dinero “a la parte siniestra de la oposición anti-Assad de Siria”, no habla de toda la oposición anti-Assad, después de haber participado en el bombardeo de la población libia. El emirato “también ha financiado al partido tunecino Nahda y medió para que el gobierno islámico mantenga buenas relaciones con Washington”.

NA señala finalmente que tal vez pueda argüirse que el régimen catarí sea el menos malo de la zona. Pero no se trata de escoger entre males. Las relaciones económicas internacionales deberían, sostiene NA, “utilizarse para presionar a gobiernos de esta este tipo para que respeten los derechos humanos más elementales”.

El actual presidente del Barça, el mismo individuo que habla de “mariconades” entre risas en viajes de regreso, llegó a una cuerdo “político-económico muy positivo para la institución” con el emirato qatarí. Non olet: el dinero no huele. Una persona tan razonable en ocasiones como Josep Guardiola comentó, días antes de la asamblea de compromisarios del Barça que dio su vist i plau al acuerdo, orientando e influenciando claramente en el voto de delegados indecisos, que a él le habían tratado muy bien cuando había jugado en el emirato. 

¡Qué cosas tan interesantes que dice en ocasiones el “filósofo Guardiola”! Ese día, con seguridad, no madrugó, como él suele recomendar, y se olvidó -¡mecachis!- de los numerosos y nada fraternales escenarios que también se ubican en ese territorio no futbolístico. Allí no sólo se pisa la mano de algunos jugadores.

Nota:
[1] http://blogs.publico.es/puntoyseguido/390/catar-una-dictadura-modelica/

La gran regresión

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Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique

 Está claro que no existe, en el seno de la Unión Europea (UE), ninguna voluntad política de plantarle cara a los mercados y resolver la crisis. Hasta ahora se había atribuido la lamentable actuación de los dirigentes europeos a su desmesurada incompetencia. Pero esta explicación (justa) no basta, sobre todo después de los recientes “golpes de Estado financieros” que han puesto fin, en Grecia y en Italia, a cierta concepción de la democracia. Es obvio que no se trata sólo de mediocridad y de incompetencia, sino de complicidad activa con los mercados.

¿A qué llamamos “mercados”? A ese conjunto de bancos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensión y fondos especulativos (hedge funds) que compran y venden esencialmente cuatro tipos de activos: divisas, acciones, bonos de los Estados y productos derivados.

Para tener una idea de su colosal fuerza basta comparar dos cifras: cada año, la economía real (empresas de bienes y de servicios) crea, en todo el mundo, una riqueza (PIB) estimada en unos 45 billones (1) de euros. Mientras que, en el mismo tiempo, a escala planetaria, en la esfera financiera, los “mercados” mueven capitales por un valor de 3.450 billones de euros. O sea, setenta y cinco veces lo que produce la economía real…

Consecuencia: ninguna economía nacional, por poderosa que sea (Italia es la octava economía mundial), puede resistir los asaltos de los mercados cuando éstos deciden atacarla de forma coordinada, como lo están haciendo desde hace más de un año contra los países europeos despectivamente calificados de PIIGS (cerdos, en inglés): Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Lo peor es que, contrariamente a lo que podría pensarse, esos “mercados” no son únicamente fuerzas exóticas venidas de algún horizonte lejano a agredir nuestras gentiles economías locales. No. En su mayoría, los “atacantes” son nuestros propios bancos europeos (esos mismos que, con nuestro dinero, los Estados de la UE salvaron en 2008). Para decirlo de otra manera, no son sólo fondos estadounidenses, chinos, japoneses o árabes los que están atacando masivamente a algunos países de la zona euro.

Se trata, esencialmente, de una agresión desde dentro, venida del interior. Dirigida por los propios bancos europeos, las compañías europeas de seguros, los fondos especulativos europeos, los fondos europeos de pensiones, los establecimientos financieros europeos que administran los ahorros de los europeos. Ellos son quienes poseen la parte principal de la deuda soberana europea (2). Y quienes, para defender –en teoría– los intereses de sus clientes, especulan y hacen aumentar los tipos de interés que pagan los Estados por endeudarse, hasta llevar a varios de éstos (Irlanda, Portugal, Grecia) al borde de la quiebra. Con el consiguiente castigo para los ciudadanos que deben soportar las medidas de austeridad y los brutales ajustes decididos por los gobiernos europeos para calmar a los “mercados” buitres, o sea a sus propios bancos…

Estos establecimientos, por lo demás, consiguen fácilmente dinero del Banco Central Europeo al 1,25% de interés, y se lo prestan a países como, por ejemplo, España o Italia, al 6,5%… De ahí la importancia desmesurada y escandalosa de las tres grandes agencias de calificación (Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s) pues de la nota de confianza que atribuyen a un país (3) depende el tipo de interés que pagará éste por obtener un crédito de los mercados. Cuanto más baja la nota, más alto el tipo de interés.

Estas agencias no sólo suelen equivocarse, en particular en su opinión sobre las subprimes que dieron origen a la crisis actual, sino que, en un contexto como el de hoy, representan un papel execrable y perverso. Como es obvio que todo plan de austeridad, de recortes y ajustes en el seno de la zona euro se traducirá en una caída del índice de crecimiento, las agencias de calificación se basan en ello para degradar la nota del país. Consecuencia: éste deberá dedicar más dinero al pago de su deuda. Dinero que tendrá que obtener recortando aún más sus presupuestos. Con lo cual la actividad económica se reducirá inevitablemente así como las perspectivas de crecimiento. Y entonces, de nuevo, las agencias degradarán su nota…

Este infernal ciclo de “economía de guerra” explica por qué la situación de Grecia se ha ido degradando tan drásticamente a medida que su gobierno multiplicaba los recortes e imponía una férrea austeridad. De nada ha servido el sacrificio de los ciudadanos. La deuda de Grecia ha bajado al nivel de los bonos basura.

De ese modo los mercados han obtenido lo que querían: que sus propios representantes accedan directamente al poder sin tener que someterse a elecciones. Tanto Lucas Papademos, primer ministro de Grecia, como Mario Monti, Presidente del Consejo de Italia, son banqueros. Los dos, de una manera u otra, han trabajado para el banco estadounidense Goldman Sachs, especializado en colocar hombres suyos en los puestos de poder (4). Ambos son asimismo miembros de la Comisión Trilateral.

Estos tecnócratas deberán imponer, cueste lo que cueste socialmente, en el marco de una “democracia limitada”, las medidas (más privatizaciones, más recortes, más sacrificios) que los mercados exigen. Y que algunos dirigentes políticos no se han atrevido a tomar por temor a la impopularidad que ello supone.

La Unión Europea es el último territorio en el mundo en el que la brutalidad del capitalismo es ponderada por políticas de protección social. Eso que llamamos Estado de bienestar. Los mercados ya no lo toleran y lo quieren demoler. Esa es la misión estratégica de los tecnócratas que acceden a las riendas del gobierno merced a una nueva forma de toma de poder: el golpe de Estado financiero. Presentado además como compatible con la democracia…

Es poco probable que los tecnócratas de esta “era post-política” consigan resolver la crisis (si su solución fuese técnica, ya se habría resuelto). ¿Qué pasará cuando los ciudadanos europeos constaten que sus sacrificios son vanos y que la recesión se prolonga? ¿Qué niveles de violencia alcanzará la protesta? ¿Cómo se mantendrá el orden en la economía, en las mentes y en las calles? ¿Se establecerá una triple alianza entre el poder económico, el poder mediático y el poder militar? ¿Se convertirán las democracias europeas en “democracias autoritarias”?

Notas
(1) Un billón = un millón de millones.
(2) En España, por ejemplo, el 45% de la deuda soberana lo poseen los propios bancos españoles, y los dos tercios del 55% restante, los detentan establecimientos financieros del resto de la Unión Europea. Lo cual significa que el 77% de la deuda española ha sido adquirida por europeos, y que sólo el 23% restante se halla en manos de establecimientos extranjeros a la UE.
(3) La nota más elevada es AAA, que, a finales de noviembre pasado, sólo poseían en el mundo algunos países: Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. La nota de Estados Unidos ha sido degradada, en agosto pasado, a AA+. La de España es actualmente AA-, idéntica a la de Japón y China.
(4) En Estados Unidos, Goldman Sachs ya consiguió colocar, por ejemplo, a Robert Rubin como Secretario del Tesoro del Presidente Clinton, y a Henry Paulson en esa misma función en el gabinete de George W. Bush. El nuevo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, fue también vicepresidente de Goldman Sachs para Europa de 2002 a 2005.

¿Cómo cambiar el mundo?

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 Esther Vivas | Iglesia Viva
¿Cómo cambiar el mundo? Ésta es la pregunta que se formulan miles de personas empeñadas en cambiar las cosas, la pregunta que se repite a menudo en encuentros sociales alternativos… una pregunta que como bien decía el filósofo francés Daniel Bensaïd no tiene respuesta porqué “No nos engañemos, nadie sabe cómo cambiar el mundo”. No tenemos un manual de instrucciones pero sí que tenemos algunas pistas de cómo hacerlo y algunas hipótesis de trabajo.

La lucha en la calle y en los movimientos sociales es la primera premisa, ya que no habrá cambios espontáneos desde arriba. Aquellos que hoy ostentan el poder no renunciarán sin más a sus privilegios. Cualquier proceso de cambio será fruto de la toma de conciencia de los de abajo y del combate por recuperar nuestros derechos desafiando desde la calle a los que mandan. Así lo demuestra la historia
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Pero también es necesario construir alternativas políticas que vayan más allá de la movilización social, ya que no podemos limitarnos a ser un lobby de aquellos que mandan. Es necesario ser capaces de plantear opciones políticas alternativas antagónicas a las hoy dominantes y que tengan su centro de gravedad en las luchas sociales. Siendo muy conscientes de que el sistema no se cambia desde dentro de las instituciones sino desde la calle, pero que no podemos renunciar a unos espacios que también nos pertenecen.

Hoy las instituciones están secuestradas por los intereses privados y del capital. Una minoría social, que es la que tiene el poder económico, está totalmente sobre representada en las mismas y cuenta con el apoyo incondicional de la mayor parte de quienes ostentan cargos electos. La dinámica de ‘puertas giratorias’: aquellos que en la actualidad están en las instituciones y mañana en los consejos asesores de las principales empresas del país es una constante y una realidad. Nos presentan la ideología neoliberal como socialmente dominante… y esto es falso. Y por eso pensamos que voces anticapitalistas y antisistema serían útiles en las instituciones rompiendo con el discurso político hegemónico. Demostrando que “otros mundos” son viables y que “otra práctica política” es tan posible como necesaria.

Hay que avanzar en ambas direcciones y supeditar esta última a la primera, creando mecanismos de control de abajo a arriba y aprendiendo de los errores del pasado tanto de la izquierda política como social. Partiendo de que nadie tiene verdades absolutas, de que el proceso de cambio será colectivo o no será, de que hay que aprender los unos de los otros, de que es necesario trabajar sin sectarismos ni seguidismos y que a menudo las etiquetas separan más que unen. Sin por ello caer en relativismos ni en renuncias ideológicas. Seguramente éstas sean las lecciones más difíciles: romper con el dominio moral e ideológico del sistema capitalista y patriarcal.

Y como cambiar el mundo no es cosa de dos días… sino que es una tarea de largo recorrido, que requiere de constancia, perseverancia y de una “lenta impaciencia”, como señalaba de nuevo Daniel Bensaïd, es necesario ir avanzando en nuestras utopías desde lo cotidiano en paralelo a la movilización social contra las políticas actuales y en defensa de otras medidas. Modificando el mundo en nuestro día a día. Demostrando con nuestra práctica que “otra manera de vivir” es tan posible como deseable. Alternativas desde la economía cooperativa y autogestionaria, el consumo crítico y agroecológico, las finanzas éticas, los medios de comunicación alternativos… son iniciativas imprescindibles para caminar hacia otro modelo de sociedad.

Siendo conscientes de que éstas no son un fin en sí mismo sino un medio para avanzar sin perder de vista un horizonte de sociedad más justa y equitativa para todas y todos. Apostar por una economía solidaria en el día a día y reivindicar a la vez una economía fiscal progresiva, que los que más tienen más paguen, que se eliminen las SICAV, se persiga el fraude fiscal; construir proyectos agroecológicos y trabajar también para que se prohíban los transgénicos, a favor de un banco público de tierras; tener nuestros ahorros en una cooperativa de crédito pero reivindicar una banca pública al servicio de los de abajo. El camino se demuestra andando y no podemos esperar a mañana.

Aunque no hay que olvidar que un cambio de modelo social requiere de la movilización consciente de la mayoría de la población y una proceso de ruptura con el actual marco institucional y económico. La irrupción de la “revolución” en el panorama político, a raíz de las revoluciones de Túnez y Egipto, a pesar de sus debilidades y límites, es por ello una magnífica e inesperada noticia que nos ha deparado este 2011.

Asimismo tenemos que situar nuestro papel en el mundo y el impacto de nuestras prácticas en el ecosistema. Vivimos en un planeta finito, aunque el sistema capitalista se encargue de que nos olvidemos a menudo de ello. Nuestro consumo tiene un impacto directo allí donde vivimos y si todo el mundo consumiera como aquí lo hacemos un solo planeta no bastaría. Pero igualmente nos instan a un consumismo desfrenado y compulsivo, prometiéndonos que a más consumo más felicidad, aunque la promesa después nunca se cumple. Hay que empezar a plantearnos que tal vez podamos “vivir mejor con menos”.

De todos modos, nos quieren hacer culpables de unas prácticas que nos imponen. Nos dicen que vivimos en una sociedad consumista porqué a la gente le gusta comprar, que hay agricultura industrial y transgénica porqué así lo queremos… mentira. Nuestro modelo de consumo se basa en la lógica de un sistema capitalista que produce mercancías a gran escala y que necesita que alguien las compre para que el modelo siga funcionando. Nos quieren hacer cómplices de unas políticas que sólo a ellos benefician. Afortunadamente el mito del más mejor ha empezado a resquebrajarse. La crisis ecológica que vivimos ha encendido las luces de alarma. Y sabemos que esta crisis climática tiene sus raíces en un sistema productivista y cortoplacista.

Hoy una ola de indignación recorre Europa y el mundo… rompiendo el escepticismo y la resignación, que durante años ha prevalecido en nuestra sociedad, y recuperando la confianza en que la acción colectiva sirve y es útil para cambiar el actual orden de cosas. Aprendemos de la Primavera árabe, del “no pagaremos su deuda” del pueblo islandés, del levantamiento popular, huelga general tras huelga general, en Grecia y ahora del latido de Occupy Wall Street en el “corazón de la bestia” que señala que frente al 1% que manda somos el 99%. Los tiempos se comprimen y se aceleran. Sabemos que podemos.

El racismo: crónica desde Cataluña

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Antonio Giménez Merino,   Mientrastanto.e

Catalunya, país de acogida
Por los pagos catalanes sigue en circulación el tópico de que la nuestra es una tierra de acogida.

Probablemente sea así para la infinidad de turistas que en una interminable procesión se apean del Bus Turístic de Barcelona —previo paso por la Sagrada Familia de Gaudí y de Ratzinger— para visitar el estadio del FC Barcelona, club que en opinión dominante abandera los valores del catalán de cepa (los que concentra en su galardonada personalidad Pep Guardiola, o los simbolizados en el logo de Unicef que colgaba de la zamarra blaugrana hasta que llegaron los petrodólares de la Qatar Foundation). Puedo asegurar que vivir en esta ciudad de acogida para inmigrantes turistas se ha convertido, desde este punto de vista, en un calvario para los que somos autóctonos.

Examinando el asunto desde otro ángulo, la dirigente de una asociación catalana de mujeres musulmanas, ingeniera en Marruecos antes de recalar en nuestra tierra como trabajadora doméstica, me contaba hace poco las dificultades de una mujer marroquí independiente para sobrevivir en Barcelona. A pesar de haber cumplido sobradamente los estándares de normalidad requeridos (permisos de trabajo y residencia, nivel exigido de catalán), mi conocida es objeto de una intensa discriminación, en que se junta la sexista interna al mundo de los inmigrados marroquíes y la racista propia de nuestro sistema social y político.

Complementariamente a esta anécdota, desde el Consejo Islámico de Catalunya me preguntaban qué más necesitan hacer los musulmanes que cumplen con la legalidad para llegar a ser considerados “ciudadanos” a todos los efectos. La impresión del responsable del Consejo es que un musulmán extranjero va a ser siempre “un emigrante”, con independencia de su situación legal o de su equiparación en deberes con la población autóctona
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Dicho de otro modo, sobre el discurso cada vez menos democrático del nacionalismo político catalán prevalece un racismo cultural semejante al que tiempo atrás señalaba con el dedo a las familias charnegas que, aun viviendo, trabajando y cotizando en Cataluña, procedían sin embargo de regiones más humildes.

La época del Tripartit: un racismo muy palpable

La pequeña localidad de Salt, donde el 43% de sus 31.000 vecinos son inmigrantes, se convirtió en 2010 en un símbolo del racismo en Cataluña. Doscientos vecinos irrumpieron en el pleno del Ayuntamiento para exigir más seguridad y en la calle se produjeron enfrentamientos análogos a los que precedieron las revueltas de los suburbios de París en 2009, o a los de Rosarno a principios de 2010. La regidora del PSC Iolanda Pineda declaraba que “Salt es un laboratorio de toda España. Lo que pase aquí se repetirá con los años en otros lugares". Y con razón: el 77% de los españoles consideraba ya en 2009 "excesivo" o "elevado" el número de extranjeros en el país, según el informe Racismo y Xenofobia del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En 1974, Salt era un barrio de Gerona en el que se construyeron desordenadamente cientos de pisos de protección oficial, mayoritariamente ocupados por andaluces y extremeños. Con el tiempo, muchos de esos inmigrados acabaron yéndose a los municipios de alrededor, mejor urbanizados, mientras sus antiguas viviendas eran ocupadas por inmigrantes extranjeros, empleados masivamente en la construcción. Las preguntas se amontonan: ¿De qué vivirán ahora estas gentes? ¿Qué futuro les aguarda? ¿Qué “convivencia” entre nacionales y extranjeros es esperable en ese municipio?

Mientras esto sucedía en la calle, el exconsejero de Universidades y Empresa Joan Huguet (ERC) calificaba de “falangista” a Enrique Mújica (por entonces Defensor del Pueblo) al imputarle la autoría intelectual de la presentación, por parte de la entonces interina Defensora del Pueblo, de un recurso de inconstitucionalidad a la “Ley de Acogida” aprobada en el marco del nuevo Estatut, que da preferencia al catalán como lengua de uso preferente para la integración de los extranjeros (lo que comporta demostrar el conocimiento de la lengua autóctona como nuevo deber para los emigrantes que opten a la residencia legal).

Lo más curioso de las declaraciones de Huguet fue su llamamiento a la “insumisión jurídica” (“Las personas y los derechos humanos están por encima de las leyes y si éstas son injustas, se incumplen”) caso de una valoración positiva del recurso por el Tribunal Constitucional. Una propuesta rápidamente amplificada por la llamada “Plataforma per la llengua” (un conglomerado de personalidades de la cultura en lengua catalana) y secundada por la clase política que opta al oscilante voto nacionalista: de Joan Puigcercós (“El recurso demuestra que Cataluña está bajo vigilancia”), a Joan Herrera (“La Ley de Acogida es una norma claramente positiva para la integración de los recién llegados a Cataluña”). Se daba por descontado, a todo esto, que la ley integradora, como el Estatut, representa “la voluntad del pueblo catalán”, por lo que una eventual insumisión estaría plenamente legitimada.

Pero, si es cierto que las personas y los derechos humanos están por encima de las leyes, como decía Huguet, ¿por qué se vincula la permanencia en Cataluña a cuestiones identitarias antes que a la protección de la vida misma de quienes han venido por pura necesidad? Al pan, pan, y al vino, vino: el mensaje que se transmite hace tiempo —y que hemos vuelto a ver en las pasadas elecciones— es que no estamos dispuestos a aceptar a personas que vienen a nuestra tierra a robar, a imponer sus incivilizadas costumbres y a beneficiarse de los servicios públicos que pagamos con nuestros impuestos. La única expiación posible para los emigrados pobres es entonces la “integración”, que no significa “aceptación plena” sino a lo sumo una graciosa tolerancia con el venido de fuera. E integrarse, como en otras naciones civilizadas (Francia, Inglaterra) supone primero de todo acreditar el aprendizaje obligatorio de una lengua que de poco o nada va a servir a los emigrantes en los trabajos que les son reservados (el doméstico, la recolección, el reparto, los servicios de higiene de las ciudades, etc.).

También en la anterior legislatura se desató la falsa polémica en torno al burka, que hoy continúa y se agrava. Al parecer, no son más de sesenta las mujeres que utilizan este hábito en Cataluña, y sin embargo los medios de desinformación no han dejado de sacar imágenes de ellas y de asociarlas a la violencia de género, como modo de demostrar el retraso cultural y la indeseabilidad de la cultura islámica en proceso de arraigo en Cataluña. La prohibición del burka supone en realidad una condena al más absoluto ostracismo para esas mujeres.

Nadie cuenta, en cambio, que los cursos gratuitos de catalán previstos para los extranjeros arribados a nuestro territorio son una necesidad vital para muchos municipios, a través de la financiación autonómica de dichos cursos. Nadie parece atender aquí a que el catalán es un idioma secundario entre la millonaria y emigrada población de la periferia barcelonesa.

La polémica identitaria y de la lengua me parece profundamente hipócrita. Oculta que lo esencial no es la “integración”, sino la elevación de una barrera más —y vamos a ver que no son pocas— a la permanencia en nuestro suelo de personas gradualmente sin esperanza.

El crecimiento de la xenofobia política y social

Políticas policiales y penitenciarias

Como denuncian repetidamente las asociaciones que intervienen en el ámbito de la inmigración y de los derechos humanos [véase p. ej. el informe “Situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas” (2010)], la población inmigrada es objeto de una constante persecución política, jurídica y policial. La selección étnica en los controles de identidad ha sido avalada por la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2001, de modo que la conducción a comisaría de aquellos ciudadanos extranjeros que, aun habiéndose identificado, no acreditan in situ su estancia regular en territorio español, es moneda común en nuestro país.

El propio Sindicato Unificado de Policía ha denunciado la incitación por sus responsables jerárquicos para cometer detenciones ilegales, o para practicar identificaciones en la vía pública con objeto de localizar a inmigrantes indocumentados, e incluso para entrar en cualquier centro o comedor social de cualquier entidad u ONG con el fin de identificar a extranjeros. Es decir, para tratar a los inmigrantes como delincuentes.

Como señala el excelente trabajo Controles de identidad, detenciones y uso del perfil étnico en la persecución y castigo del inmigrante “sin papeles: legalidad e inconstitucionalidad de determinadas prácticas policiales, del Grupo Inmigración y Sistema Penal, esas prácticas, realizadas en lugares a los que acuden habitualmente inmigrantes, fortalecen la imagen distorsionada por los medios que asocia inmigración con delincuencia. Y a ellas se une el acoso a la población migrante y a las minorías étnicas llevado a cabo también por parte de los servicios de seguridad privada, sobre todo en transportes públicos como el Metro.

El racismo institucional se retroalimenta pues con racismo social.

Las prácticas mencionadas se sitúan en el marco de una política europea de gestión de la inmigración muy hostil, plasmada puertas a fuera en la externalización y el blindaje de las fronteras de la UE, y hacia dentro en legislaciones de extranjería antigarantistas. Lo primero se realiza encargando a terceros países de tránsito la contención de la inmigración que tiene como destino Europa —una de las razones que explican la tibieza de los gobiernos españoles frente a la represión alauí en el Sáhara—. Y también mediante la tipificación penal del delito de “favorecimiento de la inmigración irregular”, basado en el principio del riesgo objetivo de las personas inmigradas ilegalmente (el art. 318 bis de nuestro Código penal prevé penas de cuatro a ocho años de prisión a quien “de forma directa o indirecta, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España”).

Coherentemente con el racismo institucional en Cataluña, esta comunidad ha puesto en marcha medidas nuevas de control de la inmigración. Bajo el fin declarado de dar un nuevo rumbo a su política penitenciaria y de aplicar medidas que puedan ahorrar costes en la gestión carcelaria de los 10.000 reclusos en prisiones catalanas (el 45% de los cuales son inmigrantes), el Govern, a través de una circular instruida por el Departament de Justícia en vigor desde el 15 de septiembre, aconseja a los reos extranjeros sin permiso de residencia ni de trabajo que regresen a sus países de origen cuando hayan rebasado la mitad de su condena, y revoca el sistema anterior de acceso al régimen abierto y a salidas programadas.

Para Ramon Parés, director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, se trata de “una cuestión de coherencia", al resultar contradictorio que los presos sin papeles se beneficien de instrumentos penitenciarios pensados para "preparar la libertad", habida cuenta de que estos reos, una vez han cumplido su pena al completo, son detenidos por agentes de la Policía Nacional, trasladados a un Centro de Internamiento de Extranjeros por un tiempo que puede llegar a los 60 días, y desde allí trasladados al aeropuerto para ser expulsados a su país.

Aunque hay quien ha señalado que de este modo se evitará la "doble pena" (cumplir la condena y luego ser expulsado), la instrucción de la consejería puede ser aplicada antigarantistamente: la Generalitat puede conminar a los reclusos sin papeles que han cumplido la mitad de la condena a aceptar seguir la libertad condicional en su país de origen, o bien trasladarlesa una prisión de su país para seguir allí la condena, o bien puede suceder que la Fiscalía pueda proponer al juez correspondiente la expulsión del preso sin documentación.

El Govern justifica estas medidas en que la ausencia de papeles para poder trabajar y la falta de familia en España impiden a muchos inmigrantes asegurarse la reinserción social, por lo que es absurdo que personas sin papeles pueblen las cárceles catalanas. Lo cual da una idea del futuro que espera a estas gentes desesperadas en un contexto jurídico donde ha dejado de hablarse desde hace tiempo de la reinserción del delincuente y de la cancelación de antecedentes penales (entre seis meses para las penas leves y cinco años para las graves), requisito sine qua non para que los reos inmigrantes puedan regularizar su situación una vez cumplidas sus penas
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El racismo de las derechas nacionalistas

Recientemente, el Conseller de Interior del nuevo gobierno convergente, Felip Puig, reclamaba contundencia policial —de eso sabe mucho— contra “unos colectivos de una procedencia determinada que tienen tendencia a caer en determinados ámbitos delictivos y se organizan en clanes”. A su modo de ver, “algunos extranjeros interpretan mal nuestro sistema de libertades y abusan de él”, como probaría el hecho de que “la mitad de los presos de nuestras instalaciones penitenciarias no sean de nacionalidad española”.

Otro Conseller (Empresa i Treball), Francesc Xavier Mena, indicaba por su parte —aunque sin otra prueba que su testimonio— que la mayoría de los 9.000 marroquíes que cobran la Renta Mínima de Inserción lo hacen desde Marruecos; al tiempo que Pilar Rahola tildaba de “buenista” a la ministra de exteriores Trinidad Jiménez por su ocurrencia de que los marroquíes con permiso de residencia pudieran votar en las elecciones municipales. La famosa panelista alertaba de que “Miles de personas, con la antena de televisión conectada a Al-Jazira y que no saben ni el idioma del país podrán votar en nuestros municipios”.

Como señalaba el Manifiesto de indignación de la Federación de Entidades Democráticas de Marroquíes de Cataluña, estas actitudes son especialmente graves al provenir del aprovechamiento del poder cultural en manos de las instituciones: “solamente reavivan todavía más el sentimiento de rechazo a esta comunidad [una de las más afectadas por la marginación, la desocupación y el fracaso escolar] y alimentan el enfrentamiento étnico”.

En las pasadas elecciones, Cataluña ha centralizado gran parte del debate sobre la inmigración, astutamente orillado por el PP de Rajoy (el mismo que decía en 2008 que “aquí no cabemos todos”). PxP (60.000 votos) venía de obtener un nicho electoral importante en las elecciones locales (lo que trae a la memoria los orígenes del FN de LePen en Francia) y ello ha marcado la pauta a otros partidos: el PP de Cataluña se ha referido a la expulsión de inmigrantes que delincan, al contrato de integración, o la contratación en origen. CiU, a través de Durán i Lleida, ha lanzado insinuaciones claramente racistas, primero a los ciudadanos extremeños y andaluces y luego a la población árabe, a cuenta de la manida “falta de integración”.

Lo que nos espera ahora, con el PP en el poder, es previsible.

Rafael Hernando, portavoz del PP en Inmigración, ha avanzado que el PP, una vez negociada la medida con los responsables autonómicos en este ámbito, hará una modificación reglamentaria para evitar que los inmigrantes en situación irregular "tengan los mismos derechos que las personas que vienen legalmente a nuestro país". Para ello su partido "vinculará la inmigración al empleo", facilitando la entrada de quienes vienen a buscar un empleo o quienes firmen un contrato en origen y facilitando el retorno a sus países cuando expire el contrato de trabajo (el denominado "sistema de inmigración circular"). El sistema se basará en las listas del INEM, aunque los puestos solo se pondrán a disposición de extranjeros cuando ningún español cubra la vacante.

Para los cientos de miles de personas que se calcula viven en España sin documentos (muchos por haber perdido sus papeles por causas económicas, con independencia de su contribución pasada al sostenimiento del país) esto puede suponer que dejen de poder optar siquiera a regularizar su situación por arraigo social, como ha denunciado la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE).

Según el Colectivo 
DRARI Jurista, muy activo en la denuncia de todas las formas de racismo institucional hacia los inmigrantes, para garantizar que los extranjeros que vengan lo hagan para trabajar el PP creará “un visado de entrada y búsqueda de empleo”, con la intención de evitar que lleguen con un visado turístico y una vez en España, trascurridos tres años, acrediten "arraigo social" para regularizar su situación. Este visado se conseguiría sólo en caso de poderse probar que hay un contrato en origen o una oferta de empleo (según Hernando, fácilmente en profesiones como la de temporero, donde siempre hay demanda de mano de obra extranjera). Sin embargo, como ha señalado el presidente de la importante asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui, la mayoría de los extranjeros que aún llega a España lo hace “necesariamente con visado de trabajo”.

Naturalmente, lo que callan las gentes de Palacio y sus voceros es la situación de miles de personas que actualmente malviven sin papeles, sin derechos, sin poder volver a sus países, siendo explotadas en condiciones miserables en los invernaderos almerienses o murcianos, cuando no por redes de prostitución.

Combatir el racismo, problema de todos

Para frenar la xenofobia, es preciso actuar simultáneamente al menos en dos frentes. El primero de ellos, social:

Para que el problema sea interiorizado como propio por un número significativo de personas es imprescindible multiplicar actuaciones que expliquen y denuncien la situación de exclusión que atraviesan las personas inmigradas en nuestro país. Al respecto, además de las que han ido saliendo aquí, hay muchas muestras recientes:

El informe Abriendo ventanas: infancia, adolescencia i familias inmigradas en situaciones de riesgo social de la Fundación Pere Tarrés en colaboración con la Unicef constata que la pobreza, que afecta a una cuarta parte de las familias españolas, sube al 34% en el caso de las extranjeras. Éstas se encuentran con muchas dificultades para empadronar a sus hijos y por lo tanto para que éstos puedan tener acceso a servicios básicos como la alimentación, la educación y la salud. El informe muestra cómo los usuarios extranjeros de estos servicios son objeto de discriminación tanto por el entorno social local como por la propia gestión de los servicios públicos.

Por otro lado, los siempre combativos vecinos de Nou Barris (Barcelona) han lanzado un Manifiesto por la convivencia en respuesta a la xenofobia presente en los debates electorales a los que se ha hecho alusión más arriba.

Y ante la proximidad del día internacional de los inmigrantes (18 de Diciembre), la plataforma 18 desembre BCN <18desembrebcn@gmail.com> invita tanto a las asambleas de barrio, pueblo y ciudad, como a colectivos, entidades y asociaciones, a reflexionar y promover acciones conjuntas en torno a las migraciones bajo el lema Jornada de lluita pels drets de les persones migrants i contra els Centres d'Internament per Estrangers. Se trata de abrir un foro de discusión sobre la criminalización y la restricción de derechos básicos de los extranjeros, que culminará con marchas simultáneas a los CIEs de varios territorios del estado.

En el terreno de la lucha social antidiscriminatoria contamos también con importantes experiencias de desobediencia civil dirigidas a la recuperación de la dignidad de las personas inmigradas que son perseguidas en los países de la UE. Por ejemplificar, la valiente actividad de Red Educativa Sin Fronteras, que facilita alojamiento, comida o asistencia jurídica a los inmigrantes irregulares, o de Almería Acoge, que ofrece acogida, manutención e instrucción básica a los magrebíes y subsaharianos que consiguen sobrevivir en su odisea hasta nuestras cosas del sur, destinados a malvivir, con suerte, en las condiciones miserables que ofrecen los empleadores del “mar de plástico” almeriense.

Y también tenemos multitud de reacciones espontáneamente solidarias, como las de aquellos pesqueros que, conscientes del peligro de una acción tardía por parte de Salvamento Marítimo, se arriesgan a complicaciones legales importantes al socorrer a cayucos en alta mar.

Combatir el racismo es una tarea a la que puede prestarse cualquier persona, una actividad donde el poder cultural de una sociedad se revela directamente efectivo. Como el sexismo, el racismo forma parte de todos nosotros, nos es inculcado desde la infancia a través de procesos de socialización atravesados por el miedo a lo diferente y por elementos de afirmación de la propia identidad basados en la negación de culturas “otras”. Por ello, resulta un imperativo moral combatir la difamación sistemática de aquellas formas de vida que son distintas a la nuestra no sólo por razones culturales, sino principalmente por pura necesidad. Esta es una lucha simbólica de la mayor importancia, como saben bien algunos operadores jurídicos (policías, jueces y abogados) que tratan constantemente con los inmigrantes en situación irregular, y son por ello conscientes de la anatemización a que se ven sometidos desde el poder político. Pues ¿qué dignidad puede quedar a aquél cuya persona e imagen se ve asociada constantemente con la criminalidad?, ¿a aquél que lleva consigo a todas horas la angustia de ser parado por la policía, conducido a comisaría, ingresado en un Centro de Internamiento y finalmente deportado?

El segundo frente de actuación es naturalmente el político.

En relación al racismo y la xenofobia, creo que la izquierda de este país debe dar todavía un paso claro al frente en dos direcciones: oponerse radicalmente a las políticas migratorias que permiten y fomentan la explotación de inmigrantes; e impulsar políticas en prevención de la exclusión de los inmigrados, asociándolas directamente al mantenimiento del sector público asistencial. Se sabe que las crisis económicas golpean siempre a los más débiles y éstos son ahora los inmigrantes así como los españoles más pobres (los viejos pobres y los nuevos pobres) —lo quieran o no, abocados a compartir hábitat con los primeros—. Los recursos (trabajo, asistencia pública) van a ser cada vez más escasos para este segmento cada vez mayor de población, por lo que el peligro de que se encienda la mecha racista va a estar instalado por mucho tiempo. Hay que recordar lo sucedido en Francia con el avance de las ideas racistas y xenófobas del FN en los barrios obreros, y en Italia con la xenofobia contra los inmigrantes sin papeles, convertidos legalmente en delincuentes. Algo que como hemos visto también sucede en la práctica en España y en general en la UE, cuya legislación permite retener a los inmigrantes indocumentados hasta 18 meses en centros de internamiento, sin control judicial.

Por ello es necesario relacionar la explotación del inmigrado, con o sin papeles, con el aumento de la precariedad de la población autóctona, afectada por la des-regulación de la protección laboral y por la fragilidad de nuestro tejido productivo, como ha puesto en evidencia la llamada crisis del ladrillo. Es importante entender que tanto la población inmigrante como la autóctona son víctimas comunes de este proceso y por lo tanto que existe una alianza objetiva entre unos y otros. Hay que procurar los medios para que ésta pueda fraguar también subjetivamente.

La izquierda política debe articular los programas de inclusión demandados por el importante tejido asociativo que se opone a la consideración del inmigrante como un ser indigno. Los sindicatos, por ejemplo, tienen en sus manos la capacidad de hacer que cualquier persona sin trabajo se sienta útil hacia la comunidad, lo que inevitablemente pasa por fundir los problemas de los trabajadores españoles con los de los trabajadores extranjeros.

Es preciso también realizar análisis específicos sobre la situación de las mujeres tanto desde el punto de vista de su protagonismo en el sector de mano de obra internacional en las empresas dedicadas a la exportación, como desde el de su inserción en nuestro mercado de la prostitución o en el trabajo doméstico de los hogares españoles, y proponer medidas de integración laboral y asistencial de estas personas.

Y para ello, es preciso que las izquierdas, en particular la catalana, dejen de una vez de lado sus miedos electoralistas a ser identificadas como portadoras de un discurso anti-nacional por defender cuestiones tan básicas como la dignidad de los inmigrantes y la solidaridad internacional entre las clases trabajadoras. Ésta debería ser una idea irrenunciable de cualquier izquierda.

A propósito del conflicto de Salt, Lluís Bassets decía muy oportunamente que “Hay quien cree que el futuro de España y de Cataluña se juega en el Tribunal Constitucional o en las consultas sobre la independencia. […] El futuro de nuestras sociedades se juega en la integración de los inmigrantes. Han llegado para quedarse, ya son imprescindibles para nuestro desarrollo económico y nuestro estado de bienestar, y constituyen el aspecto más próximo y más humano de la nueva realidad de un mundo globalizado. […]. Salt no es un síntoma ni un laboratorio. Es el espejo donde debemos mirarnos para observar hacia dónde vamos.[…] En realidad estamos, como siempre, ante un problema político: integrar a los inmigrantes es construir un nosotros incluyente que no deje a nadie fuera. Esto es la polis, la democracia, a la que deben someterse todos […]”.