Indignados, la lucha continúa

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Esther Vivas | Público



La necesidad de la política se hace evidente. Y los tiempos de Toni Negri y John Holloway, de “cambiar el mundo sin tomar el poder”, caen lejos. Hoy se constata, amargamente, cómo el poder nos afecta, la Ley Hipotecaria nos echa de casa y la reforma laboral nos deja sin empleo. Hay que aprender del que “se vayan todos” en Argentina, el 2002, y cómo luego volvieron los mismos de siempre, con la familia Kirchner al completo. O ahora en Islandia, cómo después de una revuelta social y de una nueva constitución ciudadana, la socialdemocracia y los verdes traicionaron las aspiraciones emancipatorias de la gente y volvió la derecha. Si no somos capaces de construir, entre todos, un nuevo instrumento político y social por y para los de abajo, respetando la autonomía del movimiento y sin olvidar la centralidad de la calle, continuaremos siendo “mercancía en manos de políticos y banqueros”. El debate sobre la perspectiva política de cambio está siendo, actualmente, más discutida que nunca en organizaciones, movimientos y activistas sociales. Buena noticia.

El “no lugar” de la generación perdida

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Actualmente, siete de cada diez jóvenes viven en casa de sus padres, sin un proyecto de vida; sin dinero, sin trabajo, sin futuro. André Gorz consideraba la sobriedad —o simplicidad voluntaria— como una necesidad para luchar contra la miseria. La teoría de la relatividad social nos convierte en ricos o pobres en función de nuestro contexto; pero la miseria es una cuestión objetiva. Hay miseria donde no hay para comer, beber, vestirse, curarse o tener un techo decente. Nuestro país ya no permite una vida sobria de bicicleta y camiseta de algodón, ni una pobreza de queso y pan negro; nuestro país condena directamente a la miseria y lo que separa actualmente al joven español de la indigencia es una sociedad tradicional basada en la unidad familiar, solidaria con sus miembros. Eso o el exilio. No hay más opciones.

Carta de Ada Colau al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

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Ada Colau





Estos últimos días han sido intensos. La señora delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y otros miembros del Gobierno y de su partido, así como algunos medios de comunicación, han lanzado graves acusaciones contra mi persona. Se han dicho muchas mentiras o medias verdades deformadas: que si era filoterrorista, que si era simpatizante de no sé qué, que si estaba condenada en juicios inexistentes, que si era antisistema por acciones pacíficas varias, que si estaba subvencionada con millones de euros... Es igual. Los abogados me dicen que debo denunciar, y en algunos casos graves lo haré, pero no vale la pena perder tiempo respondiendo a la difamación. Sin embargo, se han acumulado algunos malentendidos de fondo que creo oportuno aclarar. En primer lugar, ustedes no han entendido el movimiento de la PAH. Dejen que les cuente. La PAH es un movimiento ciudadano en el que participan miles de personas, la mayoría afectadas, algunas otras solidarias, todas movilizadas por la defensa del derecho a la vivienda. Es un movimiento apartidista, muy plural y transversal, en el que personas muy distintas hemos coincidido movidas por la indignación frente al abuso de las entidades financieras y la complicidad que éstas han encontrado tanto en su Gobierno como en el anterior. Por ello les digo que sus acusaciones de que el PSOE mueve los hilos de la PAH son ridículas y demuestran un desconocimiento de la realidad preocupante. Deberían venir a nuestras reuniones y comprobarlo. En ellas encontrarán votantes de todos los partidos y abstencionistas; clases medias y bajas; inmigrantes y autóctonos; jóvenes y mayores... Vamos, la ciudadanía en general.




En segundo lugar, la PAH no tiene ni necesita lideresas. Parece que ustedes se han empecinado en buscar cabecillas a los que poder decapitar, como forma rápida de acabar con una protesta que a las entidades financieras, y ahora parece que también a ustedes, les resulta molesta. Yo no soy nadie importante ni especialmente brillante.

Soy en estos instantes una portavoz, pero como yo hay miles de personas tanto o más implicadas. Ésa es la fuerza del colectivo: somos un movimiento profundamente democrático, que apuesta por la descentralización y el protagonismo de todas y cada una de las personas que en él participan. Ése es uno de los ingredientes secretos que explican que en los momentos más difíciles las personas saquen lo mejor de sí mismas. El empoderamiento y la solidaridad nos hacen imparables.

Y, finalmente, hablemos de los escraches. Les molesta que podamos ir a protestar frente a su casa. Lo entiendo. A mí tampoco me gustaría. Pero si alguna vez hubieran acudido a un desahucio, entenderían que se trata de algo infinitamente más molesto. Hay miles de personas en una situación límite, en la calle y con deudas, en paro, sin tener qué comer... Y todo ello a pesar de que 



Pasan hambre en un Estado que permite que cada día se tiren toneladas de alimentos en buenas condiciones. Y ustedes gobiernan ese país, por lo que no debería sorprenderles que esas familias llamen a su puerta después de haber intentado en vano llamar su atención.

Este movimiento, absolutamente ejemplar, ha agotado todas las vías que la insuficiente democracia española ofrecía: durante más de cuatro años hemos intentado negociar con las entidades financieras, hemos hablado con los partidos políticos, con servicios sociales, ayuntamientos... Hemos puesto recursos en los juzgados y hemos recogido como hormiguitas casi un millón y medio de firmas. Pero nada, el Partido Popular no se ha movido ni un milímetro y anuncia que rechazará las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular.

Qué casualidad. Justo en el momento en que la PAH cuenta con más apoyo social (entre el 80 por ciento y el 90 por ciento, según todas las encuestas). Cuando ya se han entre-gado el millón y medio de firmas de la ILP. Cuando la presión social les ha obligado a admitir a trámite esa ILP que no pensaban ni debatir. Cuando llega una sentencia europea que da la razón a las personas afectadas y dice que las miles de ejecuciones hipotecarias y desahucios que se han producido los últimos años en España son ilegales. Justo en este momento, cuando parecería que ya nada más puede retrasar la necesaria reforma legislativa, ustedes nos salen con una campaña de criminalización como única respuesta. En lugar de escuchar el clamor popular, intentan generar confusión llegando a comparar nuestras acciones pacíficas con el terrorismo de ETA o la Alemania nazi. Hay que ser mala gente para decir algo así. 

Recuerden que en este tema de los desahucios de momento los únicos domicilios violados y los únicos muertos los ha puesto la población. No sus señorías, que hasta la fecha se han limitado a mirar desde lejos, y desde la comodidad, un drama que podrían haber evitado si hubieran actuado donde les compete, en el Congreso. Por supuesto que la ciudadanía no es tonta y en seguida ha visto que en toda esta campaña de difamación no se buscaba más que hacer ruido para desviar la atención. De modo que no les va a funcionar. La realidad es tozuda y miles de personas estafadas y desahuciadas no van a desaparecer por mucho que su Gobierno las ignore.

Dejen que termine usando el paralelismo con la Alemania nazi al que ustedes recurren con tanta ligereza. Si bien la gravedad no es comparable, en ambos casos estamos hablando de situaciones de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. En España, afortunadamente, no estamos frente a campos de concentración, deportaciones ni asesinatos masivos. Pero sí tenemos violentos desalojos y miles de personas empobrecidas que ven comprometidas sus necesidades básicas, y condenadas de por vida a la exclusión social y la economía sumergida. Y todo para mantener los privilegios y los beneficios astronómicos de las élites financieras.

Décadas después del nazismo, la sociedad alemana aún no se ha perdonado a sí misma el no haber sabido reaccionar a tiempo para evitar la barbarie. Pues bien, en España miles de ciudadanas y ciudadanos hemos decidido que en el futuro queremos poder mirarnos al espejo. Una democracia que permite la vulneración sistemática de derechos humanos, e incluso la promueve, no es democracia, por mucho que se vote cada cuatro años. Democracia será cuando el interés general se anteponga a los dictados de los mercados. Cuando nada sea más importante que la vida y la dignidad de las personas.

Señor presidente, nunca es tarde para rectificar. No teman los escraches, no teman a la población. Bajen a la calle y hablen con la gente. Hagan justicia y detengan los desahucios. Hay vidas en juego que no pueden esperar más.