Dom Pedro Casaldáliga, amenazado por invasores de Maraiwatsede

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La novela de la Tierra Indígena (TI) de Maraiwatsede, situada en el Alto de Boa Vista, Mato Grosso, el Xavante, cada día tiene nuevos capítulos. A principios de la semana pasada, un grupo de mujeres, hecho manifestaciones en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia y salió de la pista en frente del Palacio Presidencial, bloquearon el tráfico durante unos minutos.

Se buscaba revertir la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que dejó sin mandato judicial del Tribunal Federal Regional (TRF 1 º), que suspendió el juicio de intrusos (eliminación de los no indígenas) zona.

A su regreso de Brasilia, los días 9, irritado y enojado porque no han conseguido lo que querían, estos manifestantes hablaron, sin preocuparse de los otros pasajeros en el autobús, en contra de los indios y la Prelatura de São Félix do Araguaia. En un momento uno de ellos dijo: “Sabemos que todo esto es culpa de Peter Bishop, pero vamos a resolver bastante fácil, vamos a hacer una breve visita a él.”

Las amenazas no son nuevas, pero se necesita una más grave porque los atacantes de la zona de la India, después de haber logrado durante casi dos décadas para crear todos los embargos legales posibles contra su expulsión, ya están desesperados, porque los resultados son parecidos.

El 3 de noviembre, Damian hijo del jefe para volver a Garzas Bar, donde había ido para el tratamiento dejar indígena, fue perseguido por dos vehículos conducidos por personas con las que fueron reconocidas con la oficina de la Selva, el núcleo de la invasión del territorio indio Maraiwatsede . Más tarde, otros tres coches que dejar de tratar de rodear el vehículo y dirigida por él. Al tratar de escapar de la persecución, el coche volcó, dejando el inconsciente indígena. Los camioneros de conducción a lo largo del sitio rescató al conductor. El vehículo fue quemado finalmente por los perseguidores.

La historia de la agresión contra el Xavante de Maraiwatsede se extiende por casi medio siglo. Su territorio fue ocupado, la sugerencia de la década de 1960. En las inmediaciones de la aldea fue construida para albergar la Granja Suiá Missu en 1962. En 1966, los indios eran arrancados de su tierra y arrojados en otro pueblo 400 kms.

En 1980, Suiá Missu fue vendido a una empresa italiana, durante Rio/92, presionado por las entidades brasileñas e italianas, se comprometió a volver a Xavante 165.000 hectáreas.

Esto causó indignación en los agricultores y los políticos locales que, incluso en 1992, organizó la invasión de la zona de la tierra cada vez más grande y mejor y la búsqueda de familias de campesinos sin tierra o los ocupantes ilegales para ocupar el resto, por decir que la Tierra tenía un destino social.

En 1993 la zona fue declarada tierra indígena. En 1998, ya demarcadas, fue aprobado por decreto del Presidente de la República. Sin embargo, el Xavante sólo regresó en 2004, la promoción de la ocupación de su propio territorio.

Desde 1995, la acción legal ya la determinación de los intrusos en la zona, ya la suspensión de la pena, si tenían éxito. En 2012, cuando la FUNAI y el Ministerio Público Federal (MPF) ya había presentado a los intrusos Justicia planea comenzar en octubre, un juez de la TRF-1, 13 de septiembre, ordenó la suspensión de la acción. Por último, el 17 de octubre, el Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió la orden judicial y el Tribunal Federal inició el 6 de noviembre, la entrega de citaciones para la eliminación de los ocupantes ilegales de sus tierras. Un grupo de trabajo, con el apoyo de la Fuerza Nacional, el Ejército y la Policía Federal, se encuentra en la zona por decisión judicial efectiva.

La Coordinación Nacional de la CPT está satisfecho con el resultado de este caso, pero no antes de darse cuenta de la diferencia de trato entre los grupos indígenas y otras comunidades tradicionales, frente a la propiedad. El Maraiwatsede es emblemático de. Los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades primitivas son sólo toleradas, sino para que tengan validez, el camino por recorrer es largo y arduo.

La prórroga indefinida de la resolución de conflictos parece ser una estrategia para socavar la resistencia de las comunidades. Multiplicar los recursos judiciales extremas, se niega la autenticidad de los documentos, se pusieron bajo sospecha autores de los informes antropológicos y otras acciones del género. Son miles de subterfugios legales, admitidas por la justicia, por los procesos, en especial el reconocimiento de territorial, no camine.

Además, los procesos que implican el “derecho de propiedad” es una agilidad impresionante. A menudo, sin necesidad de documentos que acrediten la propiedad legal y no escuchar a los que se verán afectados se emiten mandatos recuperación que se realizan rápidamente usando hasta que todo el aparato coercitivo del estado.

La Coordinación Nacional de la CPT felicita a los Xavante de Maraiwatsede por su lucha persistente de la resistencia, y presenta la Prelatura de São Félix do Araguaia y por lo que cada particular, su obispo emérito, Mons. Pedro Casaldáliga, su solidaridad, sobre todo ahora que los ataques y amenazas venideras

RUANDA Y UGANDA APOYAN A REBELDES M23 DEL CONGO.

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¿Hasta cuándo las riquezas naturales del Congo seguirán siendo motivo de maldición para su pueblo?


Desde hace varios meses, una nueva rebelión “liberadora” siembra la desolación entre los habitantes de la provincia congoleña del Kivu-Norte, cuya capital es Goma. Se trata del Movimiento 23 de marzo (M23), creado por militares que ya anteriormente habían participado en una rebelión (CNDP) y que en 2009, como consecuencia de un acuerdo, se integraron en el ejército oficial congoleño. Esta rebelión, según ellos, está motivada porque Kinshasa no ha cumplido lo firmado.
El apoyo de Uganda y sobre todo Ruanda a estos rebeldes, tanto a nivel de organización político–estratégica como en la misma formación militar, está documentado por diversos informes concordantes entre ellos. El más significativo, redactado por un grupo de expertos de la ONU, establecía que Uganda y Ruanda estaban apoyando logísticamente con armas y municiones, y con hombres la pretendida rebelión “liberadora”. Según este informe, la cadena de mando del M23 se remontaría hasta el ministro de Defensa ruandés, general James Kabarebe. Estas acusaciones, rechazadas airadamente por Ruanda, han derivado en reuniones del Comité sancionador de la ONU y en la congelación por parte de varios países de los fondos de ayuda a Ruanda.

Sin embargo, la llamada “comunidad internacional”, influida por los padrinos del régimen genocida de Paul Kagame, -Gran Bretaña y EEUU-, no termina de decidirse a condenar severamente a las autoridades ruandesas y evita citarlas como máximas responsables del desastre. Solo algunos oficiales del M23, como Bosco Ntaganda o el coronel Makenga, aparecen en la lista de perseguibles y sancionables, cerrando los ojos ante la implicación ruandesa en la agresión y en el expolio de la región, ahora en guerra abierta.

Los últimos acontecimientos revelan que se ha alcanzado un punto de no retorno. Goma ha caído; el ejército congoleño, humillado, ha huido; la comunidad internacional ha sido desafiada. La muerte, los saqueos, las violaciones, el reclutamiento de niños soldados, la huida y desplazamiento de poblaciones, vuelven a convertirse en realidad cotidiana. La ofensiva sobre Goma, programada y ejecutada concienzudamente, puede extenderse hacia el norte (Beni–Butembo) y hacia el sur (Bukavu). Un portavoz de los rebeldes ha declarado: “El viaje para liberar el Congo no ha hecho más que empezar (…) Vamos a Bukavu y luego a Kinshasa, ¿estáis preparados para uniros a nosotros?”

No pocos congoleños expatriados acusan al presidente Kabila de mantener conscientemente la debilidad de las Fuerzas Armadas Congoleñas para facilitar y hasta justificar la progresiva anexión del este del Congo a Ruanda. Se apoyan en que mientras Goma caía en manos de los rebeldes del M23, el presidente Kabila volaba a Kampala para reunirse con el presidente ruandés, Kagame, convocados por el ugandés Museveni, revestido repentinamente de mediador.

Entre tanto, la misión de la ONU, la MONUSCO, tiene desplegados unos 17.000 soldados en el Congo, de los que 7.000 se encuentran en el convulso este y, a pesar de disponer de abundantes medios, ha sido incapaz de cumplir su misión de proteger a la población civil y frenar a los rebeldes. Laurent Fabius, ministro francés de exteriores se ha preguntado si la MONUSCO no ha fracasado en su misión “ya que es absurdo que los cascos azules no se hayan batido para impedir que unos centenares de rebeldes se hagan con el control de Goma”. No cabe la menor duda de que lo que ocurre en el Este del Congo es también responsabilidad de la comunidad internacional.

La captura de Goma por el M23 es una afrenta sin precedentes para el estado de derecho internacional y para la misión de paz más grande y más cara de las Naciones Unidas e intensifica una crisis humanitaria que ya era alarmante.

¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las riquezas naturales del Congo seguirán siendo motivo de maldición para su pueblo? ¿Hasta cuándo las llamadas grandes potencias callarán el genocidio más grande de África y quizás de la humanidad? ¿Hasta cuándo los congoleños deberán derramar su sangre por haber nacido en esta zona del planeta? ¿No son suficientes los casi 8 millones de víctimas, la mayoría civiles, que se han producido desde 1994 en las interminables guerras del Congo?


Umoya-Federación de Comités de Solidaridad con África Negra
www.umoya.org
umoya@umoya.org
Madrid, 26 de noviembre de 2012

Baula-COR presenta la Agenda Latinoamericana 2013 "La Otra Economía"

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Con el lema "La Otra Economía" la Agenda Latinoamericana Mundial 2013 afronta, un año más, el reto de promover cambios de conciencia y buscar respuestas individuales y colectivas desde el compromiso y la empatía con los más empobrecidos de la sociedad . El grupo Baula Comité Óscar Romero de Santa Margarida de Montbui hará la presentación de esta obra colectiva que desde el año 1992 sirve de herramienta pedagógica en todo el mundo ante las grandes causas solidarias. La obra, iniciativa de dos teólogos de la liberación, José María Vigil y Pedro Casaldáliga, se presentará al público el sábado, 1 de diciembre, en los locales parroquiales de Santa Margarda de Montbui (en la calle la Tossa, 12) a partir de las 10 de la mañana.

Este año, Baula-COR ha preparado una matinal de reflexión que contará con las intervenciones de Francisco Ferrer, del Seminario de Economía Crítica Taifa, y de Kora Martínez, miembro del Equipo de Servicios de la CNP de las CEB en Masaya ( Nicaragua). En medio de las dos charlas, hacia las 11 de la mañana, se hará una pausa para el café.


La Agenda Latinoamericana Mundial 2013 no aborda un tema nuevo, sino que empalma con la lucha utópica de la búsqueda de la justicia de años anteriores, pero se concentra en el terreno de la economía. Según explica Pedro Casaldáliga en la introducción fraterna, al margen de reformas económicas, "La Otra Economía" plantea la necesidad de un cambio profundo, integral, desmontando la estructura económica actual. En palabras de Pedro Casaldáliga, << soñamos con un cambio sistémico que atienda las necesidades y aspiraciones de toda la Familia Humana >>.

<< Ayudar a cambiar el sowftware y promover nuevas prácticas desde una militancia concienciadora >> es según afirma Vigil uno de los principales objetivos de este libro agenda que aparte de servir de dietario, recoge artículos de reflexión de personas militantes en la cultura de la paz y el altermundismo-el otro mundo posible.

Una vez más, personas de todo el mundo han participado en los contenidos de esta Agenda "aconfesional, ecuménica y macro ecuménica", Arcadi Oliveres, Josep Manel Busqueta, María López Vigil, Leonardo Boff, Carlos Taibo, Chico Whitaker y Teresa Forcades , entre muchas otras.

La Agenda Latinoamericana edita en veintidós seis países y se traduce a diferentes lenguas. Muchas entidades destinan los beneficios de la venta a los proyectos de cooperación y solidaridad que llevan a cabo, como es el caso de Baula-COR.

Se puede consultar también en Internet en las páginas www.latinoamericana.org y www.agenda.latinoamericana.org.

Los retos de Río+20

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Los retos de Río+20

Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique

Brasil acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también “Rio+20” porque se ­celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y ecologistas del mundo.

Las cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional (1). Pero esta ­realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la gravedad de la crisis económica y financiera. Normal.

La eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del ­fracaso manifiesto de las políticas de “austeridad a ultranza”. La recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y dramáticas tensiones financieras. España, en particular, vive sus momentos más preocupantes desde 2008; peores que cuando ­quebró el banco Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa quiebra de Bankia.

Ante el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas “independientes” extranjeras para analizar la morosidad oculta de los bancos españoles (2). Entre los ciudadanos se extiende la idea de que España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y Portugal. El 62% de los españoles lo teme.

Cunde pues el pesimismo. El premio Nobel de economía Paul Krugman echó leña al fuego cuando, el mes pasado (3), avisó que es “muy posible” que Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata la fuga de capitales hacia los paí­ses vecinos y la retirada en masa de los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a Portugal e Irlanda y, sin duda, a España e Italia. Krugman vaticinó por cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un corralito bancario (4)... 

En esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo día 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas del 28 y 29 de junio que decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y del resurgimiento. Dilema vital. 

Pero ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el principal de ellos es el desastre climático del que será cuestión, también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en 2010, el cambio climático fue la causa del 90% de los desastres naturales que ocasionaron la muerte de unas 300.000 personas, con un quebranto económico estimado en más de 100.000 millones de euros… 

Otra contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas advertirán que el crecimiento –si no es sostenible– significa siempre mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los limitados recursos del planeta...
Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen pues en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central estará entre el concepto de “economía verde” que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de “economía ­solidaria”, promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de “desarrollo predatorio”, basado en la acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental. 

Los países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la “economía verde”. Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre. Un “enverdecimiento”, en suma, del ­capitalismo especulativo. Esos países desean que la Conferencia Rio+20 les otorgue un mandato de las Naciones Unidas para empezar a definir, a ­escala planetaria, una serie de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un mercado mundial de servicios ambientales.

Esa “economía verde” desea no sólo la mercantilización de la parte material de la naturaleza ­sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza. En otras palabras, la “economía verde”, como afirma el activista boliviano Pablo Solón, busca no sólo mercantilizar la madera de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques (5). 

El objetivo central de esa “economía verde” es crear, para la inversión privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la biodiversidad, etc. Asignando precio a cada elemento del medio ­ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversores privados. De tal modo que la “economía verde”, en vez de crear productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y realizando de nuevo cuantiosas ganancias. 

Frente a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se presentan alternativas en defensa de los “bienes comunes de la humanidad”. Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva. Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos –ríos, océanos y ­lagos–, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques ­naturales, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el ­conocimiento, ­Internet, los productos distribuidos con licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización –en varios Estados– han tenido notable éxito. 

Otra idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una “civilización biocéntrica”, centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito. También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder controlar los alimentos que produce y consume, acercando consumidores y productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos. 

En fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de “consumo responsable” que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir; una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos; una preferencia por los bienes producidos por la economía social y solidaria basada en el trabajo y no en el capital; y un rechazo del consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo (6).

La Conferencia Rio+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a escala internacional, de reafirmar su lucha por una justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del intento de “enverdecimiento” del capitalismo. Según esos movimientos, la “economía verde” no constituye una solución a la crisis ­ambiental y alimentaria. Al contrario, se trata de una “falsa solución” que agravará el problema de la mercantilización de la vida (7). En suma, un nuevo disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los disfraces. Y del sistema.

(1) Léase Ignacio Ramonet, “Urgencias climáticas”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2012.

(2) El País, Madrid, 21 de mayo de 2012.


(4) “Corralito” es una palabra surgida durante la crisis económica argentina de 2001, cuando ante la avalancha de clientes a los bancos para retirar sus ahorros, el ministro Domingo Cavallo decidió que cada titular de cuenta sólo podría retirar un máximo de 250 pesos por semana. El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró, al revuelo causado por la palabras de Krugman, asegurando que un corralito en España es una posibilidad técnicamente imposible.

(5) Pablo Solón, “¿Qué pasa en la negociación para Rio+20?”, 4 de abril de 2012. http://rio20.net/documentos/que-pasa-en-la-negociacion-para-rio20


(7) Léase, “Declaración de la Asamblea de movimientos sociales”, Porto Alegre, 28 de enero de 2012. http://redconvergenciasocial.org/?p=160

¿Hay que pagar la deuda?

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¿Hay que pagar la deuda?

Ester Vivas, El Huffington Post

La deuda es hoy una cuestión central en la agenda social y política. En su nombre se llevan a cabo privatizaciones, recortes, ajustes y, en definitiva, se transfiere el coste de la crisis a la mayor parte de la población. Pero, ¿a quién beneficia la deuda? ¿Quién la contrajo? ¿A qué ha servido? ¿Quién debe pagarla? A estas preguntas buscan respuesta aquellos que en el seno del movimiento indignado plantean una auditoria ciudadana de la misma.

En la década de los años 80, 90, 2000, vimos el impacto de la deuda externa en los pueblos del Sur, mediante la aplicación sistemática de programas de ajuste estructural y de recortes sociales, que se decían necesarios para hacer frente a su pago. Desde el 2010, con el estallido de la crisis de la deuda soberana, ésta se ha convertido en un tema clave en los países de la Unión Europea, y en especial en los de su periferia donde se condensan las contradicciones de la crisis contemporánea.

La deuda externa ha sido un instrumento de control y dominación de las elites políticas y económicas del Norte respecto al Sur, y un potente mecanismo de transferencia de recursos financieros en sentido inverso. Ahora, la misma lógica centro-periferia de sometimiento vuelve a darse aunque, en este caso, en el seno de Europa y se repite el mantra de que es necesario pagar la deuda y de que para hacerlo es imprescindible aplicar dichas medidas de ajuste. Pero el repudio de la deuda ha sido una constante a lo largo de la historia. La doctrina de la deuda odiosa, que en derecho internacional se utiliza para repudiar una deuda tomada por un gobierno y utilizada en contra de su pueblo, se ha esgrimido y aplicado para no pagar deudas contraídas a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI.

Desde hace años, organizaciones sociales en los países del Sur impulsan campañas para denunciar la ilegitimidad de la deuda y en consecuencia su no pago. Y las auditorías han sido uno de los principales instrumentos utilizados con este fin. La experiencia más relevante fue la llevada a cabo en Ecuador donde, en 2007, se puso en marcha la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda Pública Interna y Externa, formada por representantes de la administración y de organizaciones sociales ecuatorianas y de otros países, y que culminó, en el 2008, rechazando pagar parte de la deuda al declararla ilegítima.

El proceso de auditoría posibilita investigar porqué las deudas fueron contraídas, para qué sirvieron, a quiénes beneficiaron y sacar a la luz las irregularidades presentes en su contratación, revelar la complicidad de sus acreedores y obtener los fundamentos legales para su repudio. Se trata de un instrumento profundamente pedagógico que permite discutir sobre el funcionamiento del Estado, de la economía de mercado, de las relaciones institucionales e inyectar un rayo de luz en los oscuros pasillos de las bambalinas del poder

Con la llegada de la crisis de la deuda a Europa, organizaciones y movimientos que en décadas anteriores trabajaron en campañas de repudio de la deuda externa de los países del Sur ahora, y junto al movimiento indignado y occupier, han empezado a promover acciones de denuncia sobre el pago de la deuda y a explicar las implicaciones que ésta tiene en los recortes, las privatizaciones y el aumento de la precariedad.

Con el objetivo de promover un debate público y la participación popular en la toma de decisiones sobre la deuda y romper con el discurso hegemónico de la “inevitabilidad” de su pago, los procesos de auditoría se han convertido en una de sus principales herramientas. Su celebración debería permitir, junto a una gran movilización social, anular la parte ilegítima de la deuda y reducir significativamente el resto. En países como Grecia, Portugal, Francia, Bélgica, Irlanda, Italia y el Estado español están en marcha campañas ciudadanas para auditarla.

De este modo, frente al discurso hegemónico de “salvar a los bancos”, “rescatar a las finanzas”, “pagar la deuda”, empieza emerger otro discurso: el de “salvar a las familias”, “rescatar a los pobres”, “no pagar la deuda”. ¿Cuál es el sentido de inyectar masivamente dinero público a entidades financieras como Bankia sino mantener los privilegios de unos pocos a costa de los derechos y las necesidades de la gran mayoría?. Como bien señala Occupy Wall Street, se sacrifica al 99% para salvar al 1%.

Las verdades absolutas para hacer frente a la crisis empiezan a resquebrajarse. Otra conciencia colectiva emerge desde abajo y empieza por preguntarse: ¿Hay que pagar la deuda? La respuesta es clara.

Pongamos freno a las corporaciones

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¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Pongamos freno a las corporaciones

Susan George, ALAI AMLATINA

El capitalismo está en problemas. Seguramente no lo suficiente, pero tiene que lidiar con asuntos mucho más complejos que aquellos que enfrentaba hace una o dos décadas. No festejen – ni lloren – todavía. Un animal hambriento, acorralado, es más peligroso que uno bien alimentado, libre. El capitalismo se pregunta en cada momento, de dónde va a venir su próxima comida.

Desde que el neoliberalismo se volvió el modelo económico dominante a inicios de los años 80, y que el FMI ha impuesto los programas de ajuste estructural, primero en los países endeudados del Sur y ahora en Europa, los servicios públicos, en su mayoría, han sido privatizados. Pero esto no basta. Las corporaciones quieren que todos los servicios públicos se vuelvan una fuente de lucro, a la vez que no tienen inconvenientes en dejar las pérdidas al sector público. Las nuevas fronteras del asalto capitalista son la salud (a través de los seguros de salud u hospitales con fines de lucro), escuelas (con sistemas de bonos) y cárceles (con una cuota de ocupación garantizada…).

La mayoría de los recursos naturales ya se han convertido en commodities, pero no todos: gran parte de la tierra y del agua se mantienen fuera del control corporativo. Pero el contexto ha cambiado desde 2008, cuando los precios mundiales de los alimentos se elevaron exponencialmente. Ahora el acaparamiento de tierras está arrebatando decenas de millones de hectáreas a quienes tradicionalmente las han trabajado, poniéndolas para el uso corporativo, destinado a la exportación. El agua es vista como un producto capitalista perfecto – es indispensable, no puede ser sustituido y su mercado crece a medida que crece la población.

El capitalismo es muy imaginativo y ha creado una miríada de mercados de la nada, especialmente para innumerables productos financieros, particularmente derivados. El comercio en los mercados de derivados es de aproximadamente US $ 2,1 billones (2.100.000.000.000) por día. El dinero en sí es el commodity más comercializado y las operaciones de cambio llegan a $4 billones por día. Ambos mercados aumentaron en un 25% desde 2008, cuando se desató la crisis financiera.

Las nuevas categorías de servicios como la “protección y restauración de ecosistemas” representan una nueva frontera. El mundo de los negocios espera y prevé que la conferencia Rio+20 legitime al “mercado” como la solución para todos los problemas ambientales, considerando que el mercado de carbono sea tan solo el inicio. Desde la óptica del capitalismo, todo lo que está en la Tierra –animales, vegetales, minerales, sólidos, líquidos o gaseosos, lo material o lo inmaterial– puede tener un precio, ser comprado y vendido.

El dilema de la regulación

A medida que el sistema corporativo transnacional se extiende hacia un territorio que está siempre en expansión, el dilema de la regulación se torna más agudo. Cualquier sistema requiere reglas y en los países más ricos hay un nivel razonable de regulación de las corporaciones industriales; por esta razón, entre otras, se desplazan a los países más pobres. Es más fácil, por ejemplo, que quede impune un importante derrame de petróleo en Nigeria que uno en la costa sur de Estados Unidos.

Las corporaciones financieras han sido más hábiles que las industrias pesadas cuando se trata de eliminar los controles. La industria financiera gastó alrededor de US $5 mil millones en el cabildeo a lo largo de la década del 90, para deshacerse de todas las regulaciones bancarias derivadas del New Deal de 1930. La consecuente falta de restricciones fue la principal causa del consiguiente desastre. Aún vivimos con los resultados del desastre provocado y probablemente lo peor esté por venir.

El sistema corporativo es peligroso porque está muy interconectado y muy concentrado. En un brillante documento, tres matemáticos especializados en la teoría de los sistemas complejos mapearon el universo corporativo.(1) Comenzando por una base de datos de la OCDE de 43.000 Empresas Transnacionales (ETNs), trazaron todas las complejas interconexiones financieras entre ellas y mostraron que 80% del valor de esas 43.000 ETNs está en manos de sólo 737 de ellas. Y se pone peor, ya que, siguiendo las inter e intra inversiones y la participación de unas en los negocios de otras, vieron que sólo 147 ETNs retenían 40% del valor de todas las ETNs del mundo. Y el hallazgo más impactante del texto es que las primeras 50 de estas ETNs altamente interconectadas –con la única excepción de Walmart– son todas mega corporaciones financieras (45) o compañías de seguros (4).

Esto es lo que los autores llaman “modelo al filo de la navaja”: si la economía va bien, el sistema parece robusto. Pero un accidente en cualquiera de estas primeras 50 ETNs podría rápidamente volverse una crisis demoledora para todo el mundo y hacer que la caída de Lehman Brothers parezca trivial. La verdad que debemos reiterar es que estamos viviendo al filo de la navaja.

Las corporaciones transnacionales industriales pueden ser malas, pueden ser una plaga para la vida de tal o cual comunidad o evadir impuestos en todas partes; pero los peores y los más amenazantes son los grandes bancos y fondos de inversión libre (hedge funds). Tienen el poder de destruir incluso a las corporaciones hermanas, destruirse entre ellas y precipitar el mundo al caos.

Coaliciones y alianzas

¿Qué hacer, entonces, y quién lo puede hacer, para someter a controles a estos monstruos, si, de hecho, controlarlas fuera posible? Tomemos primero el caso de una comunidad que enfrenta la destrucción – social y/o ecológica – causada por una empresa específica en un lugar específico. Esta es una situación que probablemente enfrentan muchos lectores de ALAI. La compañía A contamina el río local y los habitantes comienzan a enfermarse; la Compañía B discrimina y acosa a las mujeres; la Compañía C se niega a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo y está intentando romper el sindicato – todos conocemos estas historias, lo que cambia son sólo algunos detalles.

La forma ideal de acción sería la vía legal –tener leyes internacionales vinculantes que pudieran ser usadas contra ellas– pero no contamos aún con esos medios. Entonces, la otra opción que podemos impulsar frente a las ETNs es, primero garantizar que exista una sólida coalición de intereses en el lugar y segundo identificar y establecer vínculos con grupos similares en el lugar donde la compañía tiene su sede central, casi invariablemente en el Norte. Si el caso contra la empresa se sustenta en una poderosa y persuasiva investigación (de las cuales muchos ejemplos se presentan en los Tribunales de los Pueblos) y si en el Norte, donde se encuentra la sede, se mantienen informados los grupos de apoyo y se les pide cosas específicas, se le puede hacer la vida bastante incómoda a la corporación desde el punto de vista de las relaciones públicas. Tal vez existan posibles alianzas allí donde no miramos. No olvidemos, por ejemplo, la capacidad de las iglesias locales para vincular el Sur con el Norte y vice-versa. Los boycots nacionales e internacionales a veces pueden funcionar, pero necesitan una larga y cuidadosa preparación para ser exitosos.

Sin embargo, aun si las victorias son necesarias y satisfactorias en algunos casos, todos podemos acordar que no limitan el poder del sistema en sí; para eso debemos buscar la solución en otro lado. ¿Qué decir sobre la RSE, la famosa Responsabilidad Social de las Empresas, inventada por empresarios, que reivindica que las corporaciones pueden auto-controlarse y auto-regularse? No niego que algunos altos gerentes sean ciudadanos modelo y que algunas corporaciones realmente tratan de hacer lo mejor para su gente y sus comunidades donde sea que estén, pero seríamos necios si esperáramos que la RSE rectifique todos los abusos corporativos.

Una vez dije, durante una charla, que el Buen Ciudadano Corporativo es aquel que paga sus impuestos, todos sus impuestos, en todas partes. Un abogado que estaba cerca mío en el panel me miró horrorizado y explicó como si hablara a una niña, que su trabajo era ayudar a sus clientes corporativos a evadir los impuestos, lo máximo posible. Estamos muy lejos de poder eliminar los paraísos fiscales o de imponer una legislación sobre la información tributaria país por país que podría eliminar la fijación de precios de trasferencia, pero hoy es posible que los programas de austeridad en Europa mantengan concentradas las mentes de los gobiernos del Norte simplemente por que ahora necesitan de todos los ingresos que puedan recaudar, al igual que los gobiernos en el Sur. Juntos, es posible que podamos conseguir que nuestros gobiernos actúen conjuntamente: deben obligar a las corporaciones a pagar lo que corresponde a cada tesoro nacional en cada jurisdicción donde tienen actividad. En el sistema actual, todos perdemos, menos los accionistas de las empresas y los altos ejecutivos. Y no es necesario reinventar la rueda: la Red para la Justicia Fiscal es internacional y ya hizo toda la investigación y el trabajo preliminar(2).

Nadie admira más que yo a las campañas específicas, contra las industrias extractivas, por los derechos de los pueblos originarios, por el derecho a la alimentación y al agua, etc. Sin embargo, lo más importante, desde mi punto de vista, porque va al corazón de nuestro sistema brutal e inestable, es que es necesario crear alianzas globales para controlar las finanzas. Necesitamos impuestos a las transacciones financieras (también conocido como tasa “Robin Hood”) para disciplinar a la especulación y usar los ingresos para reparar el daño ecológico y social ya causado a las comunidades y a la Tierra. Necesitamos cobrar impuestos a las empresas país por país y cerrar los paraísos fiscales que también impiden que los gobiernos recauden por lo menos $250 billones por año en impuestos. Necesitamos anular completamente la deuda pública de los países que aún están bajo los programas de austeridad del FMI, particularmente en África Subsahariana. Otra excelente iniciativa sería revisar las reglas de la Organización Mundial del Comercio, así como desmantelar buena parte de los nuevos Acuerdos de Libre Comercio regionales o bilaterales que son todos “OMC plus” y les dan aún más ventajas a las corporaciones. Algunos éxitos, por ejemplo contra las compañías farmacéuticas, muestran que es posible hacerlo.

Sin embargo, en un mundo globalizado, esto no puede hacerse sin alianzas. Hoy, ningún grupo de interés, por decidido que esté, puede ganar por sí solo. Esto significa que debemos aprender a trabajar juntos, generalmente con gente a quien no conocemos y esto no puede hacerse por internet. El debate y la discusión son necesarios para que la gente se dé cuente que en el fondo, sindicalistas, campesinos, ecologistas, mujeres, estudiantes, académicos, jubilados y otros tienen las mismas necesidades y comparten los mismos intereses. No necesitamos ponernos de acuerdo en todo para hacer algo juntos. De hecho, es la única forma de ganar. (Traducción: ALAI).

- Susan George es autora y Presidenta de la Dirección del Transnational Institute. Su último libro en español es: Sus Crisis, Nuestras Soluciones. (Editorial Icaria).

Notas:

(1) Vitali S, Glattfelder JB, Battiston S (2011) The Network of Global Corporate Control. PLoS ONE 6(10): e25995. doi:10.1371/journal.pone.00259
95
(2)www.taxjustice.net

Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 476, correspondiente a junio de 2012 y que trata sobre " Capital transnacional vs Resistencia de los pueblos” disponible en http://www.alainet.org/publica/476.phtml

En la Cumbre de los Pueblos Río+20 se realizará el lanzamiento de esta revista sobre "Capital transnacional vs Resistencia de los pueblos", en el marco del evento: "Lanzamiento de un Proceso para una Campaña Global contra las Corporaciones Transnacionales" - 19 de junio, 11:30 a 13:30, Tenda Plenaria 22.

También está disponible una edición especial en Inglés: http://www.alainet.org/publica/476-en.phtml

Sobre Repsol-YPF, España y muchas otras cosas

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 Atilio Borón, Gara

El conflicto suscitado entre Buenos Aires y Madrid a propósito de la expropiación del 51% de las acciones que Repsol tenía en YPF ha desatado virulentas reacciones por parte de las autoridades del Estado español y sus voceros.

El repertorio comprende toda suerte de amenazas en contra de Argentina -y, por extensión, en contra de quienes, con independencia de nuestras opiniones acerca del actual Gobierno, habitamos en esa tierra- proferidas por altísimos funcionarios del Gobierno como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y otras figuras menores del séquito de La Moncloa y secundadas por un coro impresentable de mal hablados e ignorantes hasta el tuétano que dicen ser periodistas, pero que, en realidad, parecen más bien ser supervivientes descartados del casting que Luis Buñuel organizó para seleccionar a los mendigos de Viridiana.

Alentados por sus mandantes, estos personajes repiten desaforadamente y sin gracia el libreto que les pasan sus mentores, auspiciantes y empleadores, no ahorrando epítetos dirigidos a la presidenta, Cristina Fernández, sus ministros, el partido del Gobierno y, ya en el aquelarre, a todos los argentinos, cómplices indirectos del «robo» sufrido por una inocente españolita llamada Repsol
.
Por supuesto, ese espectáculo denigrante también lo tenemos en Argentina, pero, tal vez afectados aún por el reflejo del colonizado, pensábamos que en esa España, que tan machaconamente se vanagloria de su condición europea (Freud ya advirtió sobre lo que ese síntoma podría significar), tal cosa no podría ocurrir. Pero ocurre. Y no solo eso: a medida que pasan las horas, el Gobierno del Estado español ha avanzado en una campaña para aglutinar «en defensa de España y los españoles» la ayuda de sus compinches europeos, esos bribones que perpetraron el golpe de Estado en Grecia cuando el pobre Papandreu, movido tal vez por el recuerdo de la Oración Fúnebre de Pericles y su exaltación de la democracia, tuvo la inoportuna idea de decirle a quienes ahora acuden en ayuda del Gobierno español que quería solicitar la opinión de los griegos acerca del plan de ajuste salvaje que le proponían sus salvadores.

Al día siguiente, la pérfida troika que hoy gobierna Europa -la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI- lo desalojó a puntapiés en el trasero y lo sustituyó por uno de los suyos: un émulo contemporáneo del consigliere de don Corleone, para que maneje con la pulcritud propia de un tahúr del casino financiero global los destinos de Grecia. Por supuesto, estos bandidos no operan solo en Grecia y están asolando casi toda Europa, como bien lo saben quienes viven en el territorio del Estado español, sometidos a un ajuste de una brutalidad que no tiene nada que envidiar a las peores experiencias latinoamericanas en la materia. La cosa no es solo con Grecia, es con todos.

En su afán por defenderse de la agresión argentina, Rajoy y los suyos buscaron (y consiguieron) el apoyo del emperador y premio Nobel de la Paz (el mismo que dijo que «se hizo justicia» cuando le informaron que habían asesinado a Osama Bin Laden ante su propia familia y cuya secretaria de Estado estalló en carcajadas al enterarse del linchamiento de Muammar Gadafi). Ya en las Américas, los enviados de Madrid obtuvieron en México el apoyo de don Felipe Calderón, quien por su ineptitud e inmoralidad sumió a ese maravilloso país -en realidad, mi segunda patria luego de ocho años de exilio- en la crisis más grave del último siglo, por decir lo menos. Postrado indecorosamente ante los dictados de Washington y la violencia criminal de los narcos, Calderón se rasga las vestiduras junto a los paniaguados del Partido Popular ante la tibia medida adoptada por el Gobierno argentino.

Quienes viven en el Reino de España saben muy bien que Repsol es una transnacional en la que algunos ricachones tienen depositados sus dineros en acciones de la compañía. La participación de ese sector en el total del capital accionario de la empresa es del 43%. Y como dijera hace apenas un par de días un colega de la Universidad de Sevilla, «confundir los intereses de Repsol con los de España es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o empresas españolas. Más bien todo lo contrario».

La opinión de Torres López contrasta con las declaraciones del estadista en ciernes, Felipe, príncipe de Asturias y heredero del trono de España (hasta el momento en que los españoles se despierten y acaben con una institución tan inútil, parasitaria, costosa y corrupta como la monarquía), quien ha agradecido «todo lo que Repsol hace y ha hecho, que es mucho, por el bienestar de numerosos países, así como expresar todo el apoyo a quienes hacen posible su importante tarea en España y fuera de España».

En su artículo, Torres López aporta algunos datos interesantes de lo mucho que Repsol ha hecho por el bienestar de España, en palabras que hago mías sin reservas: «Utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a docenas de pequeñas y medianas empresas españolas al someterlas a condiciones de pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes recursos financieros y liquidez suficientes».

En síntesis, el pleito del Gobierno argentino no es con España o los habitantes del Estado español. Es con una empresa que aquí también ha incurrido en las habituales prácticas depredadoras que todas las transnacionales sin excepción incurren en todo el mundo, incluyendo sus propios países. Y esto fue hecho, preciso es decirlo, con la complicidad de las autoridades argentinas, tanto de las provincias como de la nación, que hicieron la «vista gorda» ante el descarado incumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos de privatización de YPF. Gracias a esta negligencia oficial, sobre cuyas (malas) razones preferimos, por ahora, no expedirnos, Repsol pudo explotar los yacimientos conocidos, y hacerlo de mala manera, sin cuidarlos como se debe, y sin tener tampoco que preocuparse por tomar los riesgos financieros que supone la exploración y búsqueda de nuevos mantos petrolíferos o gasíferos, cosa a la que contractualmente estaba obligada. Pudo también remitir el 90% de sus utilidades, ante la mirada distraída de los entes estatales encargados de fiscalizar sus operaciones en la Argentina.

Pudo ocultar operaciones, al punto tal que recién con la intervención de Repsol-YPF se conoció que había una compañía denominada Repsol YPF Gas S.A, que se encontraba en poder de Repsol sin que los sagaces ojos de los funcionarios de diversos entes reguladores de Argentina se hubieran percatado de ello.
Por eso, cuando la presidenta envió el proyecto de ley expropiando las acciones de Repsol en YPF no incluyó la de aquella empresa, cosa que hubo de corregir apresuradamente una vez que la intervención hizo el anuncio correspondiente.

Esto nos recuerda lo ocurrido cuando, después del paro petrolero que PDVSA hizo en contra del Gobierno de Chávez y producida la intervención de la firma, los venezolanos se enteraron de que esa empresa estatal era la ignota propietaria de la cadena de gasolineras CITGO, con unas 6.000 bocas de expendio en EEUU. Estas prácticas de ocultamiento, fuga de capitales, evasión fiscal, incumplimiento de obligaciones contractuales son corrientes en el mundo de las grandes compañías. Y ocurren porque los gobiernos consienten este tipo de conductas. De otro modo sería imposible
.
El Gobierno argentino tiene razones muy fundadas para avanzar sobre Repsol. Pero esto es apenas un primer -y tibio- paso, porque la crisis energética de Argentina, y de la cual Repsol es altamente coresponsable, no se solucionará con las medidas tomadas. Hay que ir mucho más a fondo. No se entiende por qué no se expropian todas las acciones, incluyendo las de los argentinos nucleados en el Grupo Petersen, una suerte de proto-burguesía nacional inventada con malas artes por el kirchnerismo y cuyos resultados fueron desastrosos. Además, dado que Repsol-YPF representa el 30% de la producción hidrocarburífera de Argentina, ¿qué se va a hacer con el 70% restante? ¿O es que se piensa, erróneamente, que las otras empresas actúan con patrones de moralidad y eficiencia superiores a la de la española? ¿O que la crisis energética se solucionará actuando solo sobre Repsol-YPF?

Como se puede apreciar, son muchas las críticas que se pueden formular a la iniciativa de la Casa Rosada. Pero, de lo que no cabe ninguna duda es que no se debe identificar a España con Repsol. Para nosotros España son los versos de Machado, Alberti, Hernández, García Lorca; la pintura de Picasso y la tragedia de Guernica, fabulosamente retratada por su pincel; es Manuel de Falla y Pablo Casals, o la filosofía de Sacristán Luzón, Sánchez Vázquez y el humanismo de Roces, Gaos, Imaz. Y entre quienes están entre nosotros, la excelsa pluma de don Alfonso Sastre, la de él y su sombra, a cuál más incisiva.


 Eso es España para los argentinos. Y no la picaresca ramplona de lobistas como Felipillo o Aznar, el siniestro ascetismo de Escrivá y Balaguer, o la obra, la obra de verdad que impulsa el Opus Dei, de los saqueadores profesionales que se lanzaron a la reconquista de América a caballo del tsunami neoliberal que asoló nuestras costas desde mediados de los ochenta, expertos en vaciar empresas, fugar capitales y corromper políticos y periodistas.

Tenemos una larga lucha por delante. Los pueblos de España y de América Latina y el Caribe debemos ser conscientes de que tenemos los mismos enemigos. Los que destruyen la legislación laboral y provocan paro y empobrecimiento en el Estado español son los mismos que han provocado el holocausto social y ecológico que hoy padecen los países de este lado del Atlántico.

Atilio A. Boron director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED)

El pueblo Ngäbe Buglé

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El tapahuevo de Kibian


El pueblo Ngäbe Buglé tiene una paciencia milenaria, recordemos que para lograr construir el Canal de Panamá a inicios de la República, está magna obra tuvo que expropiar las tierras, territorios y recursos naturales del Pueblo Ngäbe Buglé, sin ninguna consulta previa e informada, ni ninguna indemnización histórica, moral, ni económica, han recibido hasta el día de hoy. Por el contrario tuvieron que asesinar a su líder el General de Brigada Ngäbe Buglé, Victoriano Lorenzo.
 
En 1908, el Presidente Manuel Amador Guerrero, elimino los Cabildos Indígenas Ngäbe Buglé, su lengua materna, su costumbre, su cultura e identidad a través de la Ley 19 del 2 de noviembre de 1906.  Luego, el Presidente José Domingo de Obaldía acordó con el Jefe de la Iglesia Católica cristianizar y civilizar a las tribus salvajes de indígenas, mediante la Ley 59 del 31 de diciembre de 1908.
 
En 1912, la Asamblea Nacional de Panamá, expropia  tierras y territorios de los Pueblos Indígenas y son ofrecidas a familias ó individuos que se establecían como colonos, e implanta en sus comunidades: Alcaldes, Tesoreros Municipales, Recaudos Fiscales, etc., mediante la Ley 56 del 28 de diciembre de 1912. Sería interesante conocer los nombres de esas familias que se apropiaron de las tierras Ngäbe Buglé.
 
Con el Presidente Ricardo Martinelli, se aprobó el Decreto N° 537 del 2 de junio de 2010, la cual modifica más de 60 artículos de la Carta Orgánica Administrativa del Congreso General Ngäbe Buglé, desmantela la estructura y autonomía Política del Pueblo Ngäbe Buglé, con el objetivo de liquidar y desmembrar al pueblo Ngäbe Buglé. Dejando como consecuencia la sangre derramada de Antonio Smith, Virgilio Castillo, Jerónimo R. Tugrí, Mauricio Méndez y centenares de heridos, detenidos, violaciones de mujeres y de adolescentes Ngäbe.
 
El 12 de octubre del 2009 se realizó la marcha indígena contra la minera y la hidroeléctrica que duró más de 20 días y no fueron recibidos por la Presidencia, luego el 9 de agosto del 2010, manifestantes indígenas marcharon a la Presidencia de la República y nuevamente no fueron recibidos. En los 20 años de democracia, los gobiernos tienen la manera de crear comisiones de alto nivel, que se diluye con el paso del tiempo, divide dirigencias, compra conciencias, cierra las puertas al diálogo y finalmente no cumplen con acuerdos ni sus promesas.
 
En esta nueva negociación, el gobierno panameño llega con las manos manchadas de sangre, tiene el poder político y económico, tiene de aliados a empresarios e industriales nacionales y extranjeros, tiene los medios de comunicación para promover las bondades de las hidroeléctricas, el racismo, la discriminación a las visiones indígenas, tiene instituciones controladas como la Asamblea Nacional de Diputados, el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de la nación y para colmo la contraparte negociadora tienen familiares en las empresas hidroeléctricas.
 
El pueblo Ngäbe Buglé solo tiene la historia de su parte, la razón, la dignidad de todo un pueblo, el respaldo de la opinión pública, de los movimientos sociales, de nuestro pueblo Kuna y del pueblo Emberá Wounaan. El pueblo Ngäbe Buglé cuenta además con instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los Pueblos Indígenas, el convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre derechos humanos de los Pueblos Indígenas, la política de la FAO para Pueblos Indígenas, laConferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR), el Convenio de la Biodiversidad Biológica, la Constitución de la República. Y todas las manifestaciones de respaldo de todos los movimientos sociales, Pueblos Indígenas y Campesinos del mundo.
 
El pueblo Ngäbe Buglé, se encuentra ante un desafío más allá de la explotación minera o hidroeléctrica, se encuentra ante la pervivencia de existir como pueblo, como cultura, como nación, se encuentra entre la vida y la muerte, puesto que el gobierno panameño ha demostrado que utilizará todos los medios a su alcance para sembrar el miedo y el terror, aplicando el genocidio sistemático de exterminar una cultura para beneficio de los intereses empresariales y extranjeros.
 
Más de 500 años han pasado y la paciencia de la Cacica Silvia Carrera y del pueblo Ngäbe Buglé tiene un límite. Entonces resulta cómico y ridículo que el gobierno solicite paciencia al pueblo Ngäbe Buglé, que seda su vida, su alma, la vida de generaciones futuras. ¿Cómo ofrecer un granito de arena si han ofrecido toneladas de oro al desarrollo de Europa, USA, la ACP.?
 
El gobierno hace todo lo posible e imposible para dilatar las reuniones, incumple los acuerdos de San Lorenzo, pero se toparon con una Cacica y de cientos de mujeres Ngäbe que se cansaron de ver morir a sus hijos de hambre, de enfermedades curables, de balas, ciegos y tuertos por los perdigones de los policías y fronterizos, de las mentiras y los insultos del gobierno.
 
El tapahuevo de Quibián era de oro, su pechera, corona, anillos y pulseras eran de oro, tal vez por ello Cristóbal Colón secuestro y asesino a su extensa familia y amistades.  El 16 de abril de 1503, Cristóbal Colón es expulsado del territorio Ngäbe Buglé por el Cacique Quibián, al destruir el Fuerte de Santa María de Belén, primer asentamiento español en nuestro continente Abya Yala. 509 años después, la dignidad baja desde las montañas de Cerro Colorado, danzado en forma de caracol y cubierta de chaquiras.

Crisis del sistema democrático

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Crisis del sistema democrático
Hacia una redefinición de nuestra vida en común


A la profunda crisis económica y ecológica que padecemos le acompaña la crisis del propio sistema democrático, que recientemente acapara cada vez más atención. Es decir, el cuestionamiento del actual sistema de funcionamiento y organización para resolver los conflictos derivados de los distintos intereses de quienes formamos la sociedad y que, obviamente, incluye el sistema de representación política. Este contexto plantea la urgencia de interrogarnos sobre cómo organizar nuestra vida en común, cómo interactuar entre todas y todos y con la naturaleza y, en definitiva, sobre qué valores y qué modelo de organización de la sociedad perfilar un horizonte del buen vivir de todas las personas.
 
En el actual contexto de crisis no solo económica, ecológica y social, sino también de nuestro sistema democrático, el ejercicio de la ciudadanía se ve menoscabado, aún más, por la exacerbación de las desigualdades y la profundización de los procesos de exclusión de cada vez más personas y grupos, a los que se empuja fuera del sistema. 

A menudo se dice que las coyunturas de crisis abren la posibilidad para poner en marcha ideas y proyectos alternativos. Percepción que cabe entenderse como una oportunidad para enfrentar en el día a día los múltiples riesgos del deterioro social y ecológico, y al tiempo experimentar y reflexionar sobre cómo participar en el proceso de definición y decisión de lo que es común, sobre la forma de recomponer una comunidad política, participada por todas y todos, que permita vislumbrar nuevos senderos de democracia real. 

Las exclusiones de la ciudadanía
En el actual sistema democrático la ciudadanía es la categoría reguladora de la inclusión y pertenencia al mismo. Su dinámica fija, por tanto, procesos de inclusión y de exclusión que diferencian entre quienes son ciudadanos y ciudadanas y quienes no son considerados como tales por su pertenencia a un particular colectivo social. El resultado de esos complejos procesos aparece claro, como por ejemplo en el caso de las mujeres, en la medida en que se las define por su adscripción de género: se incluye a las mujeres en tanto que ciudadanas en las instituciones como símbolo de “normalización democrática”, al tiempo que se las excluye en tanto que inmigrantes del derecho a participar en la elección de dichas instituciones o de disfrutar de derechos sociales básicos. En ningún caso la inclusión o la exclusión se realizan en términos absolutos, de forma que el sistema muestra su capacidad para moldear, según las coyunturas, la parte del grupo que integra y la que excluye y sitúa al margen de la sociedad. 

Esta característica de “la ciudadanía” significa que se estructura sobre procesos duales que jerarquizan las diferencias y por tanto generan desigualdades:[1] la dualidad de género que constituye a hombres y mujeres con identidades cerradas; la de origen o etnia que recrea un “nosotras/nosotros” y “ellas/ellos” con connotaciones colonizadoras; y la de las clases sociales. 

Se podría dibujar un mapa con las fracturas que originan los procesos de exclusión, explotación, sometimiento patriarcal, heterosexismo, racismo o de depredación de la naturaleza. Sería un mapa multidimensional en la medida en que estas dualidades no operan como instancias estancas, y la interacción entre los sistemas de dominación tiene como resultado distintas vivencias de la discriminación en función de la posición de cada cual en las jerarquías sociales.

Nadie es solo una mujer, ni solo un inmigrante, y habrá que ver cómo la condición de género, clase, etnia, sexualidad singulariza las manifestaciones del machismo o del racismo. Por otro lado, esas dicotomías que la modernidad estableció son contestadas y transgredidas desde prácticas sociales no hegemónicas y enfrentadas a los sistemas.

En todo caso, la acepción dominante de ciudadanía se establece desde el poder, que se arroga la potestad de marcar las normas del funcionamiento social, hasta decidir quién es y quién no es ciudadano o ciudadana y los derechos a que da lugar dicha condición. De esta forma, define quién es sujeto de derechos y sitúa fuera de lo social a quienes no se ajustan a dichas normas: son las y los excluidos del demos.

Algunas de esas normas fijan la ciudadanía en relación con el mercado laboral, de forma que se adquieren derechos si las personas tienen la condición asalariada. Es ciudadana o ciudadano quien goza de reconocimiento como trabajador asalariado, y como tal obtiene sus prestaciones; de esta forma el trabajo asalariado se constituye como elemento articulador de buena parte de los derechos sociales, para empezar, de todos los que se derivan de la seguridad social. 

Esto requiere, como plantea Robert Castel [2], una clasificación de las personas en categorías homogéneas en función de su posición respecto al empleo: quienes trabajan, quienes están en paro, y las personas excluidas por definición, expulsadas a terreno de nadie, sin los derechos asociados al trabajo remunerado y estigmatizadas socialmente [3]. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres que se autodenominan trabajadoras del sexo y reclaman ser consideradas como tales para adquirir derechos, su condición de ciudadanas, y poder vivir sin lo que marca toda su vida: el estigma social. 

Cobra aquí todo su sentido la afirmación de «el derecho a tener derechos» que formuló Hannah Arendt en El origen del totalitarismo: el derecho a ser reconocida por los demás como persona y los derechos que se derivan de tal reconocimiento. Supone, tal y como desarrolla Benhabid [4], tener un reconocimiento y una aceptación social y alcanzar condición jurídica dentro de una comunidad política concreta. Es, tomando otro ejemplo, el derecho de una persona refugiada a obtener una ciudadanía.

Porque, también determinadas normas fijan exclusiones en función de un origen o identidad diferenciada de la dominante en una sociedad. Esta es la función de las leyes y del entramado normativo de extranjería, que se aplica a las y los inmigrantes y que puede llevar a situaciones de negación absoluta de derechos, incluso del derecho a la atención sanitaria, como sucede con quienes viven sometidos al régimen carcelario de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). 

Y, sin ánimo de agotar la extensa lista de normas [5], también resultan representativos los procesos de exclusión e inclusión que establecen las normas “culturales” y las representaciones simbólicas, siempre sometidas a interpretaciones políticas. Un ejemplo muy significativo es el tratamiento al uso del hiyab, o pañuelo musulmán, por mujeres de origen magrebí y los debates y medidas que ha suscitado. La polémica entre quienes lo aceptan acríticamente como práctica social, quienes lo consideran icono cultural de una diferencia interiorizada, y posiciones islamofóbicas que criminalizan a las mujeres que lo utilizan, ha dejado en ocasiones indefensas a algunas de estas jóvenes. De ello derivan procesos tan excluyentes como privar del derecho a la enseñanza a chicas que lo llevan en la escuela pública [6].

Una universalidad que no es neutra 

Por paradójico que resulte, el concepto de ciudadanía remite a una idea universalista según la cual las y los individuos son sujetos iguales en derechos. Esta aparente neutralidad, persistentemente señalada desde la teoría feminista por su carácter androcéntrico, tiene una enorme funcionalidad al establecer las normas, a las que he hecho referencia antes, por las que se intenta fijar la pertenencia y exclusión sobre la base de la unidad de necesidades, deseos e identidades de las personas.

Sin embargo, supone, claro está, la exclusión de quienes no responden a esa norma por no ser asalariada, trabajar en precario, ser inmigrante, tener otras referencias culturales, vivir la sexualidad fuera de la heteronormatividad, o estar adscrita a un género. Como señala Eleni Varikas [7], la democracia histórica se fundó en la desconfianza de lo múltiple a través de la unificación coercitiva de lo uno, que vuelve irrepresentables a quienes no corresponden a la norma única, e invisibiliza la diversidad de situaciones y las relaciones de poder que atraviesan la vida en sociedad.

De esta forma las desigualdades aparecen desdibujadas, cuando no encubiertas, y adquiere legitimidad un modelo de ciudadanía excluyente. En realidad “ciudadanía” es un concepto permanentemente en disputa. Por un lado, está el sentido que se le da desde los poderes y, por otro lado, la redefinición buscada por los movimientos políticos y sociales para ampliar su significado e incorporar a los derechos civiles, que la modernidad estableció, los derechos políticos, económicos, sociales y culturales que, con limitaciones, se han ido conquistando.

Así, el cuestionamiento y ruptura de esas normas hostiles a las necesidades e intereses de la mayoría ha introducido importantes fisuras a través de la acción colectiva y de prácticas sociales no hegemónicas, que tratan de hacer más inclusiva la ciudadanía para mujeres y hombres, y de la que hay multitud de ejemplos. Puesto que, frente a posibles lecturas lineales, no está de más señalar que, con esas limitaciones, la articulación de derechos y la formación de identidades colectivas no han sido cosas otorgadas. Muy al contrario, se han logrado a través de fuertes conflictos sociales y políticos protagonizados por distintos sujetos, cuyo liderazgo ha ido cambiando a lo largo de ese prolongado proceso.

Cuando el Estado abandona el bien-estar 

El Estado del Bienestar como garante de un conjunto de servicios, protecciones y derechos, como son la salud y la educación, es el marco en el que el ejercicio de la ciudadanía adquiere sentido social porque permite cierto nivel de generalización de derechos, al tiempo que funciona como mecanismo de regulación de las sucesivas crisis económicas. Pero la crisis financiera le ha dado la puntilla y ha caído rendido a la avaricia de los mercados. 

Cuando se llega a una crisis de la envergadura de la presente, lejos de funcionar como Estado del bienestar, pasa a hacerlo, más que nunca, como instrumento de legitimación de las desigualdades al socializar las pérdidas económico-financieras repercutiéndolas sobre quienes o las han generado. Y eso, como es bien conocido, supone arrebatar derechos e ingresos, privatizar, quitar prestaciones, suprimir ayudas, establecer formas de beneficencia para las situaciones más extremas de exclusión y reformular el propio derecho al trabajo, eje de inclusión (y exclusión) social por excelencia. En realidad se está produciendo un cuestionamiento del propio concepto de derechos sociales. 

Estamos viendo cómo el discurso neoliberal trata de convertir los derechos básicos en privilegios (por ejemplo, tener un contrato fijo) que defienden quienes lo tienen –como expresión del egoísmo del individuo–, contra los que tienen que levantarse quienes no gozan de ellos. Una interpretación en abierta confrontación con la lógica que persigue la extensión y universalidad de los derechos. 

El pensamiento neoliberal intenta que la comunidad se someta a la dependencia de la lógica del mercado e imponer, al menor coste posible, una resignificación de los valores. Por eso, en vez de hablar de ciudadanía social, se habla de responsabilidad personal, en lugar de derechos, se habla de sentimientos. Todo ello resulta enormemente funcional para legitimar y encubrir el empeño por la reprivatización de las necesidades y la disolución de los lazos sociales como paso previo para arrasar con “lo público”. 

Tomando nuevamente como ejemplo la situación de las mujeres y de las y los inmigrantes se puede ver cómo opera este mecanismo. La vuelta a la naturalización de las desigualdades supone, por ejemplo, profundizar en los estereotipos de género que consideran atributos propios de las mujeres los que llevan a responsabilizarlas del trabajo de cuidados, exonerando tanto al Estado de los servicios públicos imprescindibles como a los varones de su obligada corresponsabilidad. 

Por otra parte, la culturización extrema de las desigualdades sociales lleva al desarrollo de actitudes y expresiones xenófobas y racistas como recientemente se han expresado en el Estado español y a nivel europeo, que encuentran en la inseguridad que genera la crisis un buen caldo de cultivo. Se consolida así un paradigma basado en un atroz individualismo competitivo, que busca deslegitimar los proyectos colectivos y la universalidad real y efectiva de los derechos. 

¿Dónde queda “lo público”? 

Por contradictorio que parezca con lo expuesto, el abandono de lo público por parte del Estado se acompaña del llamamiento a la participación de la “sociedad civil”, para que pase a ocupar un lugar protagonista en cubrir las necesidades y protección que toda persona necesita. 

En un primer momento, se pudo pensar que la “onegeización” de parte de los movimientos sociales podía ocupar ese espacio, mediante la prestación de servicios precarizados y manteniendo una relación contractual con el Estado. Pero parece evidente que esa opción va a estar cada vez más supeditada, en estrecha concordancia con el ideario neoliberal, a la privatización de los recursos y a una modalidad benéfica para quienes estén en situación de máxima exclusión. 

Y al final, siempre queda la versátil institución familiar. Resulta llamativo que en 2006, hace algo más de cinco años, se aprobara lo que el Gobierno denominó el cuarto pilar del Estado del bienestar, a partir de la «ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia» [8]. Al no integrar los derechos de las personas que necesitan atención con los derechos de las personas (mujeres) cuidadoras, se acaba consolidando el sistema tradicional basado fundamentalmente en la atención de las mujeres en el ámbito familiar. Los datos son significativos. El 90% de las personas que dejaron sus empleos para atender a terceros han sido mujeres y del total de recursos asistenciales que contempla la ley, el 51% (de media a nivel estatal) de los que se han puesto en marcha corresponden al pago a familiares (85% mujeres) que atienden en el domicilio, a quienes se les ingresa 400-500 euros que no pueden complementar con otros ingresos. 

Esta ha sido la tendencia desde que se puso en marcha la ley, y sin entrar en analizar su implementación y enormes límites, parece claro que va a ser una de las víctimas propiciatorias de los recortes. Su derrumbe supondrá una auténtica tragedia para las personas dependientes que necesitan ser cuidadas y para quienes pasarán nuevamente a ser las cuidadoras principales: las mujeres.

La tendencia a la privatización de la reproducción social en el marco de las familias, supone una involución en el proceso de autonomía de las mujeres. En general es una forma fraudulenta de resolver la crisis de la organización social de los cuidados, de legitimar la inhibición del Estado de su responsabilidad, que se contrapone a la necesidad de recuperar como objetivo el buen vivir como un bien común de todas y todos. 

Al tiempo que se viene abajo el carácter social de los Estados que, debilitados por su sometimiento, como nunca, a los intereses de los poderes financieros, necesitan reforzarse como instrumentos privilegiados para legitimar las políticas que necesita el capital. En consecuencia también las propias instituciones “representativas” están sometidas a los dictados de los mercados, como prueban los cambios de Constituciones y de gobiernos al margen y en contra de cualquier proceso de participación democrática que se han producido a finales de 2011. 

En este momento el Estado lejos de funcionar como Estado del bienestar pasa a hacerlo más que nunca como legitimador de las desigualdades. En paralelo a su connivencia con la violencia que introducen los mercados y las agresivas repercusiones económicas y sociales del neoliberalismo, todo parece indicar que también se va a reforzar su función coercitiva. Y frente a la idea integradora asociada al Estado del bien-estar, el mal-estar social se va a extender también por la represión de libertades individuales y colectivas. A los Tratados internacionales y normativas, ya existentes –de control de fronteras frente a las migraciones– habrá que sumar, previsiblemente, un mayor control policial dentro del propio territorio, y el reforzamiento de las vías penales para el control y la resolución de los conflictos derivados de la exclusión e injusticia social.

“El orden” con el que se amenaza al movimiento 15 M para reapropiarse del espacio público y dificultar así el extraordinario ejercicio de democracia puesto en práctica por ese movimiento, me parece un esclarecedor ejemplo de los choques que se van a producir en el futuro inmediato.

El mencionado abandono progresivo de “lo público” por parte del Estado choca de plano con las movilizaciones que se vienen sucediendo en este último año en defensa de la sanidad, la enseñanza y de otros servicios públicos (como, por ejemplo, los centros de atención a mujeres maltratadas). Es una respuesta diáfana a la tentación de aceptar de alguna forma como inevitable, o incluso dar por buena, la retirada del Estado de lo que, en la experiencia social de varias generaciones, se ha entendido como su obligación “solidaria”. No hay forma de garantizar la universalidad de prestaciones que requiere el derecho a la educación, a la atención a la salud y a la enfermedad, o a la dependencia, si no es mediante algún tipo de vínculo contractual con el Estado.

Como plantea Castel [9] prescindir totalmente de los sistemas de protección es volver al estado de naturaleza, a un estado de inseguridad total. La puesta en cuestión de las protecciones no puede conducir a su supresión, sino a su reformulación en la nueva coyuntural. 

Esta reformulación necesitará de un margen muy amplio para generar procesos y fórmulas de autogestión, como una garantía para que elementos de lo que realmente es común para todas y todos ocupen el centro de la vida, la economía y la política. Pero hoy no supone una alternativa global a las protecciones anteriormente elaboradas. 

Tampoco es posible otorgar al Estado del bienestar el papel benefactor, de tutelaje y protección, que ya no puede cumplir ni en su versión anterior, y que usurparía cualquier posibilidad de salidas claras, anticapitalistas y de autogestión a la crisis actual. Y para darle mayor complejidad a la situación habría que incluir el necesario desenmascaramiento del discurso societario del neoliberalismo que, bajo el reclamo de participación de la sociedad, justifica su retirada de la prestación de servicios universales a las personas.

La complejidad de la situación actual, en la que aparecen claras las tendencias principales pero se desconoce su alcance y concreción, deja abiertas muchas puertas y hace más necesaria la escucha de voces plurales (o sujetos sociales). Voces de quienes están expresando abiertamente su rechazo a los efectos de esta crisis sistémica. 

La progresiva reducción de la ciudadanía a una función tributaria del Estado del malestar, ha chocado con la irrupción de quienes quieren poner en marcha una ciudadanía radical en todos sus sentidos y dimensiones, individuales y colectivos (que puede dar lugar incluso a otro concepto). Me refiero particularmente al movimiento del 15 M, que en el ejercicio de una democracia participativa, horizontal y autogestionada supone un impulso inusitado a la resistencia social y a la voluntad de ver futuro. 

La definición y defensa de “lo común” 

El 15 M, los movimientos feministas, ecologistas, anticapitalistas, viejos y nuevos movimientos, han puesto sobre la mesa las urgencias ecológicas, las derivadas de la interculturalidad, de la disputa por la igualdad, autonomía y libertad de las mujeres, del reconocimiento de las identidades múltiples, de la precarización del trabajo asalariado y de una larga serie de urgencias más. 

Atender esos discursos y propuestas tiene una especial relevancia porque lo que plantean afecta al contenido mismo de la vida en común. Realizan un proceso colectivo de reinterpretación de la realidad y de formulación de nuevos valores, que convierte en problemas sociales y políticos de atención y actuación general, condiciones sociales que habían pasado inadvertidas hasta el momento.

Tomaré dos ejemplos entre los cientos que se podría elegir. El primero, tiene que ver con la propuesta que se formula desde el ecologismo para frenar el cambio climático, que requiere un cambio radical del modelo energético, de los niveles de consumo y de la propia ordenación del territorio en el que vivimos. El segundo, se refiere a las propuestas del feminismo para frenar la violencia machista en todas sus manifestaciones, como requisito previo para hablar de sostenibilidad social, del bienestar de todas y todos. Lo que se podría extender a la propuesta de situar también en el centro de los análisis e iniciativas económicas, políticas y sociales todos los trabajos que permiten dicho bienestar. 

La proclama que levantó el feminismo en los años setenta, «lo personal es político», resulta significativa en ese sentido. Supone un cuestionamiento de la forma tradicional de definir lo que es de interés general (que incluye a quiénes lo definen), al plantear en la agenda pública problemas y situaciones pertenecientes al ámbito privado, invisibilizadas hasta el momento y sujetas a relaciones de poder patriarcales. 

Rescato fundamentalmente este aspecto, porque bien es verdad que ese lema podría admitir la interpretación del interés por elevar la exigencia de intervención del Estado a todos los ámbitos de la vida privada, con el consiguiente efecto de normativización asfixiante de aspectos que no lo requieren. Es decir, se podría entender que cae en la defensa de la intervención del Estado, las leyes y jueces para la resolución de todo tipo de conflictos sociales. 

Hecha la aclaración, resulta relevante el proceso que desde entonces se estableció y que se podría sintetizar como la politización de los problemas y necesidades, en este caso de las mujeres pero obviamente extensible a otros sujetos. Justo lo contrario de lo que ahora pretende el neoliberalismo que es su devolución al ámbito de lo privado, a una reprivatización de las necesidades y de la resolución de los conflictos, sean de la naturaleza que sean. 

Lo común no es algo dado y existe una multiplicidad de visiones y propuestas, porque, tal y como señala Eleni Varikas, la manera como se perciben los problemas y las soluciones está mediada por nuestras distintas posiciones en la sociedad, las distintas identidades y pertenencias de grupo, por más que estas y estos sean abiertos y llenos de mixturas, cambiantes y contingentes y en modo alguno homogéneas y esenciales. 

Desde el feminismo se ha abordado recurrente y ampliamente los debates entorno al sujeto. Y la pluralidad de expresiones feministas, muchas de ellas consideradas fronterizas por encontrarse en el cruce de identidades, han puesto el acento en la importancia de buscar la interacción entre los distintos ejes de subordinación, para comprender y articular una contestación a las complejas y diferentes manifestaciones que adopta el sexismo según contextos sociales, culturales, económicos y simbólicos. Esto ha dado origen a una importante corriente que analiza el género desde la perspectiva de clase, etnia y sexo, y plantea la necesidad de que quienes se articulan en torno a otros ejes analicen la clase, la etnia o la sexualidad desde la perspectiva del género. 

Partir de esa multiplicidad de identidades y sujetos supondría poner sobre la mesa las perspectivas específicas (y cambiantes) que pueden tener distintos grupos sociales, y que derivan de unas particulares relaciones de dominación (sea patriarcal, racista, de relación con la naturaleza o de clase). Establecer lo que se considera común, los derechos, su universalidad, cómo se ejercen, en definitiva, la forma de atender y resolver las necesidades individuales y colectivas y los problemas de la vida en común, requiere procesos complejos de argumentación, intercambio, de consenso y negociación que también incluye la confrontación entre esas perspectivas múltiples. 

La búsqueda de vías autónomas al paradigma capitalista y neoliberal está abierta, y un incipiente pero potente movimiento de base, tanto de ideas como de acción, está dejando clara su apuesta por una ciudadanía (o como finalmente se acabe denominando) inclusiva y horizontal. En este largo camino, valores como la convivencia, la solidaridad, el apoyo mutuo y la reciprocidad podrían ir dando cuerpo a formas compartidas de entender y situarse en el mundo, que legitimen la acción colectiva de cuestionamiento de las supuestas “verdades” que el sistema persiste en presentar. Una premisa para deslegitimarlo y para pensar en alternativas globales.

Notas:
[1] Intervención de J. Montero en «El Estado de la nación», jornada de debate organizada por el 15 M, Puerta del Sol, Madrid, julio 2011.
[2] R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protege, La republique des idées, Editions du Seuil, París, 2003.
[3] Categorías atravesadas también por las diferencias de género.
[4] S. Benhabid, Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos, Gedisa, Barcelona, 2005.
[5] Se utiliza el término “norma” en su acepción amplia no necesariamente jurídica, sino en el sentido general de norma social.
[6] Para profundizar en este tema véase, Á. Ramírez, La trampa del velo, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011.
[7] E. Varikas, «¿Una ciudadanía “como mujer”? Paridad versus igualdad», Viento Sur, núm. 52, 2000.
[8] Ley 39/2006 de 14 diciembre. Más conocida como “ley de dependencia”.
[9] R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protege, La republique des idées, Editions du Seuil, Parí, 2003. 

Justa Montero Corominas es magíster en género y políticas de igualdad y en inmigración refugio y relaciones intercomunitarias