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México: “La muerte que acarrea la frontera norte se está corriendo hacia el sur”
DEMANDA JUSTICIA OAXACA (SANTO REYES PAPALO)
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Repudio al asesinato de Bety Cariño y de Tyri Antero Jaakola
Grito de los Excluidos/as Continental
El movimiento social en Oaxaca
La capacidad de escuchar como posibilidad para resolver conflictos supone un ejercicio de honestidad y un compromiso ético para construir soluciones apegadas a criterios de justicia y verdad. Esto nunca ha sucedido con los gobiernos, especialmente aquellos que ilegítimamente tienen el poder como en Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz (PRI), o en México, Felipe Calderón (PAN).
Una muestra es la agresión contra maestros y organizaciones que sucedió el 14 de junio del 2006 y que marcó el ya basta del pueblo oaxaqueño aglutinado en
Hay que decir, la agresión hacia los pueblos en Oaxaca no empezó con el desalojo del 14 de junio de 2006. La lucha tampoco.
Los gobernantes oaxaqueños ya habían ensayado los desalojos con el Sindicato de Burócratas, junio de 2003, y el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón CIPO-RFM, el 14 de septiembre de 2004, que dejó presos y aprendizajes sobre esto. Por eso fueron los maestros(as) ligados a las organizaciones sociales y procesos comunitarios, quienes recuperaron el zócalo el 14 de junio.
El desalojo de la sección 22 del SNTE/CNTE, la infinidad de agravios, la coyuntura electoral nacional y el instinto de sobrevivencia permitió avanzar cualitativamente al conformar
Estos participantes sin organización y sin líder hablan y acuerdan durante las marchas, las barricadas, el mitin, o en las respuestas inmediatas a las agresiones (como el primero de agosto las mujeres) o la toma de 12 radiodifusoras: son la mayoría del millón de personas que exige en las calles la salida de Ulises Ruiz Ortiz (URO) y colocan a
El accionar comunitario de ellos —que se conocen y emparentan en las asambleas de barricada, mientras resuelven problemas de seguridad, transporte, economía, medios de comunicación, etcétera, y organizan diálogos e intentan lanzar leyes de buen gobierno e instalar un autogobierno en el palacio— impiden a otros decidir por el movimiento y confirman que “una barricada tapa calles, pero abre caminos” demostrando que no son locos ahí tirados, sino que construyen ese mundo muy otro que tanto se habla, para ellos y, sin saberlo, para otros.
Lo anterior espantó al gobierno, quien respondió con nuevas y afinadas formas de violencia: forma grupos paramilitares con criminales que saca de las cárceles, para poder decir: “Es asunto de delincuentes, del narcotráfico y crimen organizado”. Los medios de comunicación acusan y crean odio. Se impone un estado de sitio en los hechos, donde derechos de asociación y manifestación desaparecen, y ejercerlos lleva a ser detenido sin cometer delito. Todo para exterminar no sólo a personas u organizaciones, sino a destruir procesos comunitarios completos.
El rostro inmediato de la violencia gubernamental ha dejado hasta ahora 23 asesinados, incluido el periodista de Indymedia-Nueva York, Bradley Will, más de 400 detenidos, que entre otros todavía están en prisión David Venegas, de vocal, Juana Morales Pérez de San Isidro Aloapan-CIPO, Flavio Sosa y cientos con libertad condicional. Hay también exiliados como Jaqueline López, Berta Muñoz, Samuel Hernández, Alejandro Cruz, y yo que soy el único con status de refugiado, reconocido por
Dotado de legitimidad el movimiento abrió interlocución al más alto nivel nacional, incluso para la destitución del gobernador, pero fue incapaz de concretar acuerdos favorables a la lucha porque muchos de la comisión le apostaron a la negociación como vía principal de solución y no a la construcción del autogestión como solución. Esto fue usado por el gobierno para atarnos a su ritmo, confrontarnos, inmovilizarnos y hasta desmovilizarnos en algunos casos.
Desde ahí
Por estas razones hay quien afirma que sólo logramos bonitas canciones pero todo sigue igual. Es decir, que fuimos derrotados. Falso, URO no gobierna y caerá. Además se logró articular en luchas internacionales y nacionales demandas y propuestas, hacer visible lo inservible de las instituciones, generando una reforma del Estado. Nos trascendimos como organizaciones y proyectos: el magisterio lo hizo al convertirse al movimiento general y eso les permitió recuperar simpatía y lograr demandas que solos no habrían conseguido. Aprendimos que un sindicatito u organización, por muy grande o buena que sea, por si sola es incapaz de romper estructuras.
Acabamos con el paradigma que la transformación social sólo es posible vía revolucionaria o electoral. Esta idea que sufrió un golpe mortal con el levantamiento zapatista se entierra definitivamente en Oaxaca, donde está fundamentalmente la propuesta de autonomía y se define al movimiento social pacífico, amplio y diverso, como su herramienta fundamental. Además reafirmamos la certeza que los gobiernos son vulnerables y la unidad de la lucha posible. Hasta logramos cosas que no son propuesta de
A nuestro juicio
Raúl Gatica
Kitsilano, Vancouver
OAXACA, La Pesadilla
Diego Cevallos
IPS
Son gruesos y muchos los expedientes que detallan las violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Oaxaca, sur de México.Una revuelta social de más de seis meses, en la que murieron unas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, fue aplacada con represión policial y de grupos armados irregulares.Todavía permanecen 80 personas detenidas, entre ellas los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pero la mayoría, que habían sido encerradas en cárceles de varios estados, están ya libres luego de que el gobierno estadual, paradójicamente el principal acusado de la represión, pagó millonarias fianzas con ese fin."Si la presión internacional y nacional no estuvieran presentes junto a las denuncias de grupos humanitarios, la represión hubiera sido mucho más violenta, y los detenidos se seguirían contando por docenas, de eso no tenemos duda", dijo a IPS Adrián Ramírez, presidente de la no gubernamental Liga Mexicana por los Derechos Humanos.El estado sureño, uno de los más pobres del país, vivió entre junio y noviembre un alzamiento encabezado por la APPO, un colectivo de más de 350 agrupaciones sociales. Su principal y fallido objetivo era la renuncia del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, acusado de abusos, corrupción, violencia y autoritarismo.El conflicto se inició en mayo con las protestas de profesores locales que exigían mejores salarios, pero escaló desde junio como respuesta a la represión policial dispuesta por Ruiz. En octubre, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox despachó miles de policías federales a tomar el control de la homónima capital de Oaxaca.A fines de noviembre, hubo duros enfrentamientos entre la policía y los grupos movilizados. Presuntos activistas incendiaron y destruyeron varios edificios públicos, lo que desató masivas detenciones, entre ellas de los líderes de la APPO. Luego, la policía federal tomó el control total de la capital para entregarla más tarde, y parcialmente, a su par oaxaqueña.Hoy la situación es de relativa calma. La APPO, que sufrió escisiones en las últimas semanas, mantiene abiertas negociaciones con el gobierno del presidente Felipe Calderón, investido el 1 de diciembre, pero el escrutinio nacional e internacional sobre el problema humanitario no cesa.La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, integrada por representantes de 30 países, la mayoría europeos, está de visita en México desde el 18 de diciembre con el propósito de recabar testimonios sobre Oaxaca y de emitir un informe final.La misión de esa entidad, a la que el gobierno de Calderón prestó facilidades para que cumpliera con su tarea, permanecerá en el país hasta fines de enero, y en fecha aún no precisada emitirá una evaluación que llegará a diferentes foros, como el Parlamento Europeo, donde México ha sido duramente cuestionado por los hechos de Oaxaca.Los análisis e informes divulgados en los últimos meses por grupos humanitarios mexicanos e internacionales sobre el estado sureño han puesto en el banquillo a las autoridades estaduales y federales.Todos los informes indican que las autoridades cometieron múltiples abusos, detenciones arbitrarias, torturas y ataques a balazos contra los protagonistas de la revuelta y contra decenas de personas inocentes.Además, señalan esos documentos, grupos armados irregulares, al parecer al mando de Ruiz, actuaron con total impunidad contra pobladores que mantenían tomada gran parte de la ciudad de Oaxaca entre junio y noviembre.La estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) sostuvo en un informe preliminar difundido el 18 que desde junio procesó 1.211 quejas de diferentes personas y organizaciones en Oaxaca.Los expedientes reunidos hablan de uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales. En esos actos resultaron muertas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, según la CNDH, que mantiene desde junio a un equipo de expertos en Oaxaca.En sus conclusiones, la entidad afirma que ese distrito "sigue siendo una zona en la que no existen todavía las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales".La Liga Mexicana por los Derechos Humanos llegó a conclusiones similares en varias evaluaciones de la crisis.En una de las últimas, en la que analiza la represión policial de noviembre, la Liga sostiene que la policía "realizó detenciones arbitrarias, indiscriminadas, en su mayoría de personas inocentes", que llegaron a 141."Desde la detención misma, la mayoría de las personas fueron objeto de golpes y vejaciones aplicadas como castigo, más allá de maniobras lícitas de sujeción o sometimiento, puesto que no opusieron resistencia", afirma. "Un número significativo de personas ha mencionado abusos sexuales, tanto en hombres como en mujeres, acompañadas con amenazas de violación o mutilación", relata."La privación de agua, alimentos, de facilidades para la realización de las necesidades fisiológicas, las posiciones forzadas, el apilamiento de personas durante el traslado, no obstante haber lesionados con sangrados evidentes, la negación de atención médica, acompañada con insultos y amenazas, fue otra constante", según la Liga.Además, hubo "trato degradante e indolente del personal (policial) y las vejaciones en el traslado a los distintos centros penitenciarios y la falta de certidumbre de la situación jurídica, así como el rapado (corte de cabello a ras) de las personas, incluso de las mujeres", añade.Ramírez, director de la entidad, habla de una pesadilla para cientos de personas víctimas malos tratos policiales y de grupos irregulares. Entre ellas menciona a colegas de su organización que, según denunció, fueron amenazados y tienen órdenes de detención.Las conductas registradas en Oaxaca colocan al Estado al margen del cumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales y obligan a denunciar "la existencia de una franca persecución desde los diferentes órganos y funcionarios de la seguridad del Estado, que pretende criminalizar la protesta popular", señala la Liga Mexicana por los Derechos Humanos.Según varias fuentes, este tipo de prácticas datan en Oaxaca de mucho antes de que detonara el conflicto. El gobernador Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lleva más de 70 años gobernando Oaxaca sin interrupciones, es el principal acusado.Ruiz accedió a su cargo en 2004 tras ganar unas disputadas elecciones en las que la oposición denunció fraude. Es uno de los militantes del ala más conservadora del PRI, que gobernó México entre 1929 y 2000.El gobernador se niega a renunciar. En el Senado, que podría destituirlo, no se logra conformar la mayoría necesaria para ese propósito. Aunque el apoyo político a su persona ha ido mermando, tras la represión policial, su régimen retomó las riendas de Oaxaca, luego de varios meses en los que ni siquiera despachaba en el distrito.Amnistía Internacional, con sede en Londres, y Human Rights Watch, basada en Nueva York, emitieron en los últimos años informes preocupantes por las constantes violaciones a los derechos humanos de campesinos y líderes sociales opositores de Oaxaca.Durante el conflicto, esas organizaciones internacionales también divulgaron que la protesta social de la APPO era enfrentada por grupos irregulares, aparentemente enviados por Ruiz, que atacaron con disparos a manifestantes y activistas, causando la muerte de varios.Algunas de las denuncias señalaron acciones violentas de los protagonistas de la protesta, como agresiones a periodistas y a otras personas inocentes, y medidas de justicia por mano propia contra presuntos delincuentes y policías."Oaxaca ha vivido meses aciagos, y lo que esperamos es que la justicia actúe para sancionar a los responsables de la represión ilegal y que se repare a las víctimas, pero también que el Estado atienda los graves rezagos sociales y la pobreza que son el telón de fondo de todo el conflicto", resumió el activista Ramírez.
Conflicto en Oaxaca
Hermanas y hermanos: ¡Nos están matando!
Desde las primeras horas del día de hoy 27 de octubre hombres, mujeres, niños, niñas, muchachas, muchachos y compañeros internacionales salimos a la calle, a nuestra barricada con la esperanza de paralizar la ciudad y el estado de Oaxaca para ver si de esta manera el gobierno de Vicente Fox hace grande su oreja para escuchar al pueblo.
Ya desde muy temprano empezaron las agresiones en Santa Lucia del Camino, en la barricada de 5 señores, como a las nueve de la mañana un grupo de individuos fuertemente armados que iban en 3 automóviles secuestraron a nuestro compañero Gerardo Sánchez de profesión hojalatero, inmediatamente se denuncio el hecho en la radio Universidad, después de unas cuatro horas se dijo que estaba detenido en Tlacolula, sus familiares se trasladaron, pero hasta el momento no se ha confirmado nada.
Alrededor de las cuatro y media de la tarde aproximadamente 500 personas pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, acompañados de paramilitares y policías vestidos de civil, fuertemente armados se dirigían hacia la barricada que mantenemos en la avenida Ferrocarril y Calicanto, nuestros compañeros eran menos pero aun así resistieron y se hizo el llamado por la radio Universidad de que saliera la gente a defender, de esta forma fueron llegando mas gente que pronto superaban en numero a los sicarios de URO, logrando replegarlos hacia la calle Av. de lo Árboles y la calle del Municipio.
Los agresores se reagruparon y como a los quince minutos empezaron atacarlos nuevamente, disparando intermitentemente durante tres horas resultando 3 heridos de bala: Armando en el hombro, el fotógrafo de Milenio en la pierna y Brad Will, de 36 años, camarógrafo de Nueva York de Indymedia, quien resulto herido de dos balas por lo cual fue trasladado al Hospital Civil tan pronto como les fue posible a los compañeros, sin embargo en el hospital murió.
Mientras la casa del CIPO era rodeada por prisitas y gente armada y que hasta este momento esta rodeada de barricadas de los priistas y estamos con el temor de que en cualquier momento nos agredan.
Todavía estaban los disparos en Santa Lucia, cuando iniciaron los ataques en la Procuraduría en donde también les empezaron a disparar hiriendo a 5 maestros, de los cuales una maestra murió en el hospital.
Después nos enteramos por medio de la radio universidad que es el enlace entre todos y todas las del movimiento; que en la Casa Oficial, ubicada en Santa Maria Coyotepec, en donde se tiene solo confirmado el asesinato de un maestro de Pochutla de educación indígena, muerto de 3 disparos los responsables de la agresión es el presidente municipal, su cabildo y unas personas priistas, quienes atacaron a los compañeros con machetes, palos y armas de fuego, en estos momentos hay maestros gravemente heridos que están detenidos en el Municipio y no dejan que sean atendidos, se teme que mueran a falta de atención medica.
El compañero Cesar que se encuentra en ese lugar dice que los heridos no se pueden contar porque son muchos y están tirados, a quienes no se les pudo ayudar, pues los agresores seguían disparando a matar.
Cabe decir que el pueblo no esta armado porque no somos asesinos a sueldo, nuestro movimiento es pacifico y nuestra gran arma es nuestro derecho de decidir quien nos gobierna y decidir nuestro camino como oaxaqueños.
Hasta el momento hay un numero indeterminado de desaparecidos y detenidos y oficialmente solo 3 muertos.
La casa del CIPO-RFM, es cada vez más persistente y agresivo de los policías vestidos de civil con armas exclusivas del ejército, ministeriales y municipales que vigilan y merodean alrededor de la casa del CIPO-RFM en camionetas sin placas.
Hacemos un llamado a todos los colectivos, organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, a personas de todas partes a que frene la muerte de nuestros compañeros, a que se manifieste contra la violencia del Estado, a que detenga la agresión de Ulises Ruiz Ortiz contra el movimiento social del Pueblo de Oaxaca.
Por la reconstitución y libre asociación de nuestros pueblosConsejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”
CIPO-RFMLa junta organizadoraDolores Villalobos Cuamatzi , Rosario Gómez, Simón Illescas, Crisologo Calleja,
Pedro Bautista.Direcciones a donde dirigir sus acciones urgentes:Lic. Vicente Fox Quesada
Presidente de los Estados Unidos de México
Residencia Oficial de “Los Pinos”, Col. San Miguel Chapultepec, México, D. F.
Fax: (01152) 55-52-77-23-76 e-mail: vicente.fox.quesada@presidencia.gob.mx, radio@presidencia.gob.mx,webadmon@op.presidencia.gob.mx
Lic. Carlos Abascal Carranza
Secretario de Gobernación, Secretaria de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México D. F., C. P.06600, MÉXICO
Fax: (01152) 55-50-93-34-14 E-mail: segob@rtn.net.mx
Lic. Daniel Cabeza de Vaca
Procurador General de la Republica, Procuraduría General de la Republica
Reforma Cuauhtemoc esq. Violeta 75, Col. Guerrero, Delegación Cuauhtemoc
México D.F., C.P. 06 500, MEXICO
Fax: (01152) 55-53-46-09-08 E-mail: http://mx.f301.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ofproc@pgr.gob.mx
DR. JOSE LUIS SOBERANESPRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOSFAX: (01155) 56-81-71-99 http://mx.f301.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=correo@cndh.gob.mx
Jaime Mario Pérez Jiménez, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca http://mx.f301.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=quejas@cedhoax.org, Tel. (01152) 951-104-4306 o envie un mensaje al:(01152) 951-51-2-90-20 clave 956, Fax: (01152)(951) 51-3-51-85, (01152) 951-51-3-51-91, (01152) 951-51-3-51-97, http://mx.f301.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=correo@cedhoax.org
Marcar copia al Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”:
Calle Emilio Carranza # 210, Santa Lucia del Camino, Oaxaca, México.
E-mail: http://mx.f301.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ciporfm@yahoo.com.mx
Red Oaxaqueña de Derechos Humanos: E-mail: http://mx.f301.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=rodhmx@prodigy.net.mx
Calle Crespo 524 Interior 4-E, Col. Centro, Oaxaca, Oaxaca, CP. 68000, MÉXICO