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SOLIDARIDAD CON presidente Zelaya y EL PUEBLO DE HONDURAS
Quito – Bogotá Junio 28 del 2009 Nidia Arrobo Rodas y Abilio Peña Buendía SECRETARIA DEL SICSAL
Condenamos y repudiamos el Golpe de Estado contra el Presidente Zelaya y contra nuestro hermano el Pueblo Hondureño.
Nos duele HONDURAS, su presidente constitucional secuestrado, destituido y violentamente expulsado del país; su pueblo mancillado y reprimido y sus libertades democráticas y soberanía nacional pisoteadas por grotescas botas militares aliadas al poder fáctico del gran capital.
En nuestra Patria Grande que lucha estoicamente para revertir el pasado oprobioso, no cabe argumento alguno para retornar a la barbarie de antaño; a la época tenebrosa de nuestro continente en la cual las bayonetas se impusieron sobre la razón, y los golpes de estado se sobrepusieron a gobiernos legítimamente constituidos para servir a obscuros y mezquinos intereses.
El pueblo Hondureño es el soberano, es el único que tiene derecho a decidir sobre su destino y precisamente hoy, en momentos en los cuales era consultado para conocer la voluntad popular sobre la posibilidad de reformar la Constitución de ese país, las fuerzas armadas en connivencia con los grupos de la extrema derecha oligárquica hondureña interrumpieron inescrupulosamente este proceso de consulta y en violación a los más elementares derechos constitucionales e internacionales defenestraron a su legítimo presidente constitucional.
Nuestra Red Mundial SICSAL Mons. Oscar Arnulfo Romero cuya existencia se justifica en la cristiana solidaridad con el dolor de los pueblos de América Latina, levanta su voz de protesta para condenar este golpe de Estado, golpe que no sólo afecta al noble pueblo hondureño sino que constituye una agresión a toda nuestra Patria Grande que nos esforzamos por construirla libre y soberana. Así mismo repudiamos los ultrajes de que fueron víctimas los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y el equipo de Gobierno del Presidente Zelaya.
Hacemos un llamado urgente a la OEA y a la ONU, al ALBA y al GRUPO DE RIO, para que interpongan sus oficios a fin de que el Presidente Zelaya pueda retornar inmediatamente y sin condicionamientos al ejercicio de la presidencia de Honduras, se restituya la paz y el estado de derecho y se de castigo ejemplar a los responsables: sepultemos la impunidad.
Como cristianos demandamos a nuestros pastores a “mantener los oídos siempre atentos al grito de dolor de los demás” y a ponerse junto a nuestros pueblos en sus justas luchas de liberación tal como lo hicieron nuestros mártires y profetas Oscar Arnulfo Romero en El Salvador y Leonidas Proaño en Ecuador.
Estamos con el Presidente Zelaya y con el pueblo Hondureño en lucha de resistencia por su dignidad.
Editorial de La Jornada
Honduras vive desde hace varios días una profunda crisis política a consecuencia de la iniciativa, lanzada por el presidente Manuel Zelaya y respaldada por distintos sectores de la sociedad, de realizar una "encuesta" con miras al establecimiento de una asamblea constituyente.
El pasado miércoles, el jefe del estado mayor conjunto de Honduras, Romeo Vásquez, se negó a acatar la orden presidencial de brindar apoyo logístico durante la consulta popular –que se realiza hoy en esa nación centroamericana–, lo que provocó la destitución del funcionario y generó también la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Orellana. En respuesta, cientos de reservistas del ejército se movilizaron desde el pasado jueves y ayer establecieron retenes en los principales accesos a la capital, Tegucigalpa. Por añadidura, la situación ha derivado en una confrontación entre los poderes establecidos en esa nación: la Suprema Corte de Justicia rechazó la destitución de Vásquez por considerarla infundada, mientras el Congreso –que ha calificado de "ilegal" la consulta de hoy– amaga desde hace días con declarar al mandatario "incompetente" para gobernar. A estas oposiciones se suman las de la Iglesia y las cúpulas de empresarios, que han llamado a los ciudadanos a no salir a las calles a fin de evitar disturbios, y acusan al actual mandatario de querer perpetuarse en el poder, si bien este señaló, en una entrevista realizada el pasado viernes, que dejará el cargo en enero de 2010 –cuando corresponde– y que sólo aspira a legar un país y una democracia con reformas, con un proceso de participación activa.
Estos hechos, calificados en conjunto como un "intento de golpe de Estado", han sido rechazados por distintas instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Río, así como por los gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
La convocatoria a una nueva constituyente no es un hecho inédito en América Latina: otro tanto ha ocurrido ya en distintas naciones de la región ante la necesidad de reformar expresiones de pactos oligárquicos, anacrónicos y discordes con las necesidades y demandas de la población. En ese sentido, lo que hoy se vive en Honduras es una repetición de lo que ha ocurrido en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador: el rechazo y la embestida de los grupos privilegiados que buscan por distintos medios, legales o no, defender un status quo favorable a sus intereses.
Adicionalmente, la crisis política por la que hoy atraviesa la nación centroamericana es resultado de distintos procesos. Dentro de ellos destaca el aislamiento sostenido que ha experimentado el propio Zelaya en el seno del Partido Liberal –instituto político conservador que lo llevó a la presidencia en 2005–, consecuencia de decisiones presidenciales que no han sido bien vistas por la oligarquía de ese país, como el convenio petrolero firmado con Venezuela y la posterior adhesión de su gobierno a la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba). En los hechos, tales decisiones han desviado a Honduras –en mayor o menor medida– de su papel y su proyección histórica como punta de lanza de los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos en la región, y acercaron al gobierno de Zelaya –emanado de las filas de la derecha– a un conjunto de regímenes progresistas latinoamericanos que reivindican la defensa de la soberanía y la justicia social.
Otro elemento a considerar en la configuración del conflicto hondureño es la existencia de un movimiento amplio y creciente –integrado por organizaciones indígenas, sindicales, campesinas y estudiantiles–, que hoy por hoy constituye la principal base de apoyo a la creación de un nuevo constituyente, y cuyo respaldo a la presidencia de Zelaya ha sido decisivo en las últimas horas: de manera significativa, el jueves por la tarde, el mandatario arribó a una base de la fuerza aérea hondureña en compañía de cientos de ciudadanos a recuperar el material electoral que se utilizará en la consulta de hoy, y que había sido decomisado por los militares.
Ante tales elementos de juicio, la crisis política en Honduras es, más que consecuencia de un proyecto político personal, el producto del choque entre un poder político-económico anquilosado y vetusto y una sociedad cada vez más organizada que demanda el cambio y la ampliación de las reglas democráticas en ese país.
Quito – Bogotá Junio 28 del 2009 Nidia Arrobo Rodas y Abilio Peña Buendía SECRETARIA DEL SICSAL
Condenamos y repudiamos el Golpe de Estado contra el Presidente Zelaya y contra nuestro hermano el Pueblo Hondureño.
Nos duele HONDURAS, su presidente constitucional secuestrado, destituido y violentamente expulsado del país; su pueblo mancillado y reprimido y sus libertades democráticas y soberanía nacional pisoteadas por grotescas botas militares aliadas al poder fáctico del gran capital.
En nuestra Patria Grande que lucha estoicamente para revertir el pasado oprobioso, no cabe argumento alguno para retornar a la barbarie de antaño; a la época tenebrosa de nuestro continente en la cual las bayonetas se impusieron sobre la razón, y los golpes de estado se sobrepusieron a gobiernos legítimamente constituidos para servir a obscuros y mezquinos intereses.
El pueblo Hondureño es el soberano, es el único que tiene derecho a decidir sobre su destino y precisamente hoy, en momentos en los cuales era consultado para conocer la voluntad popular sobre la posibilidad de reformar la Constitución de ese país, las fuerzas armadas en connivencia con los grupos de la extrema derecha oligárquica hondureña interrumpieron inescrupulosamente este proceso de consulta y en violación a los más elementares derechos constitucionales e internacionales defenestraron a su legítimo presidente constitucional.
Nuestra Red Mundial SICSAL Mons. Oscar Arnulfo Romero cuya existencia se justifica en la cristiana solidaridad con el dolor de los pueblos de América Latina, levanta su voz de protesta para condenar este golpe de Estado, golpe que no sólo afecta al noble pueblo hondureño sino que constituye una agresión a toda nuestra Patria Grande que nos esforzamos por construirla libre y soberana. Así mismo repudiamos los ultrajes de que fueron víctimas los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y el equipo de Gobierno del Presidente Zelaya.
Hacemos un llamado urgente a la OEA y a la ONU, al ALBA y al GRUPO DE RIO, para que interpongan sus oficios a fin de que el Presidente Zelaya pueda retornar inmediatamente y sin condicionamientos al ejercicio de la presidencia de Honduras, se restituya la paz y el estado de derecho y se de castigo ejemplar a los responsables: sepultemos la impunidad.
Como cristianos demandamos a nuestros pastores a “mantener los oídos siempre atentos al grito de dolor de los demás” y a ponerse junto a nuestros pueblos en sus justas luchas de liberación tal como lo hicieron nuestros mártires y profetas Oscar Arnulfo Romero en El Salvador y Leonidas Proaño en Ecuador.
Estamos con el Presidente Zelaya y con el pueblo Hondureño en lucha de resistencia por su dignidad.
Honduras: contexto de la crisis política
Editorial de La Jornada
Honduras vive desde hace varios días una profunda crisis política a consecuencia de la iniciativa, lanzada por el presidente Manuel Zelaya y respaldada por distintos sectores de la sociedad, de realizar una "encuesta" con miras al establecimiento de una asamblea constituyente.
El pasado miércoles, el jefe del estado mayor conjunto de Honduras, Romeo Vásquez, se negó a acatar la orden presidencial de brindar apoyo logístico durante la consulta popular –que se realiza hoy en esa nación centroamericana–, lo que provocó la destitución del funcionario y generó también la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Orellana. En respuesta, cientos de reservistas del ejército se movilizaron desde el pasado jueves y ayer establecieron retenes en los principales accesos a la capital, Tegucigalpa. Por añadidura, la situación ha derivado en una confrontación entre los poderes establecidos en esa nación: la Suprema Corte de Justicia rechazó la destitución de Vásquez por considerarla infundada, mientras el Congreso –que ha calificado de "ilegal" la consulta de hoy– amaga desde hace días con declarar al mandatario "incompetente" para gobernar. A estas oposiciones se suman las de la Iglesia y las cúpulas de empresarios, que han llamado a los ciudadanos a no salir a las calles a fin de evitar disturbios, y acusan al actual mandatario de querer perpetuarse en el poder, si bien este señaló, en una entrevista realizada el pasado viernes, que dejará el cargo en enero de 2010 –cuando corresponde– y que sólo aspira a legar un país y una democracia con reformas, con un proceso de participación activa.
Estos hechos, calificados en conjunto como un "intento de golpe de Estado", han sido rechazados por distintas instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Río, así como por los gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
La convocatoria a una nueva constituyente no es un hecho inédito en América Latina: otro tanto ha ocurrido ya en distintas naciones de la región ante la necesidad de reformar expresiones de pactos oligárquicos, anacrónicos y discordes con las necesidades y demandas de la población. En ese sentido, lo que hoy se vive en Honduras es una repetición de lo que ha ocurrido en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador: el rechazo y la embestida de los grupos privilegiados que buscan por distintos medios, legales o no, defender un status quo favorable a sus intereses.
Adicionalmente, la crisis política por la que hoy atraviesa la nación centroamericana es resultado de distintos procesos. Dentro de ellos destaca el aislamiento sostenido que ha experimentado el propio Zelaya en el seno del Partido Liberal –instituto político conservador que lo llevó a la presidencia en 2005–, consecuencia de decisiones presidenciales que no han sido bien vistas por la oligarquía de ese país, como el convenio petrolero firmado con Venezuela y la posterior adhesión de su gobierno a la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba). En los hechos, tales decisiones han desviado a Honduras –en mayor o menor medida– de su papel y su proyección histórica como punta de lanza de los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos en la región, y acercaron al gobierno de Zelaya –emanado de las filas de la derecha– a un conjunto de regímenes progresistas latinoamericanos que reivindican la defensa de la soberanía y la justicia social.
Otro elemento a considerar en la configuración del conflicto hondureño es la existencia de un movimiento amplio y creciente –integrado por organizaciones indígenas, sindicales, campesinas y estudiantiles–, que hoy por hoy constituye la principal base de apoyo a la creación de un nuevo constituyente, y cuyo respaldo a la presidencia de Zelaya ha sido decisivo en las últimas horas: de manera significativa, el jueves por la tarde, el mandatario arribó a una base de la fuerza aérea hondureña en compañía de cientos de ciudadanos a recuperar el material electoral que se utilizará en la consulta de hoy, y que había sido decomisado por los militares.
Ante tales elementos de juicio, la crisis política en Honduras es, más que consecuencia de un proyecto político personal, el producto del choque entre un poder político-económico anquilosado y vetusto y una sociedad cada vez más organizada que demanda el cambio y la ampliación de las reglas democráticas en ese país.
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