El “no lugar” de la generación perdida

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Rosa Llobregat – ATTAC País Valencià

Hace 50 años Gertrude Stein miró a los ojos a Hemingway y le dijo: “sois una generación perdida”. Entonces el jazz sonaba de fondo en un París vanguardista arrasado por los ecos de la guerra. Ahora es la Organización Internacional del Trabajo quien mira los datos de la última Encuesta de Población Activa y constata: “vosotros, juventud española, sí que sois una generación perdida”.

No somos Fitzgerald, Dos Passos ni Faulkner, un grupo de escritores  norteamericanos que pasó a la historia con el sobrenombre de “generación perdida” por hallarse desorientados en un momento de contrastes económicos, guerra, pesimismo y desconcierto. A nosotros no nos envuelve un aura de desesperanza romántica, tan sólo una existencia mediocre. Sólo somos jóvenes de todo tipo, con ilusiones truncadas, intentando llevar a cabo un proyecto de vida en el seno de una guerra sin trincheras. Somos la primera generación de españoles nacida en democracia pero vivimos en mitad de una cruda dictadura de mercado. No sabemos cómo derrocar al tirano de turno porque en este caso nuestro opresor no tiene bigote, ni siquiera tiene rostro.

La mitad de la población activa menor de 30 años está parada. El País desgrana en el editorial de este domingo, “La tragedia de los jóvenes”, los últimos datos del INE sobre el primer trimestre de 2013 y augura que la inacción europea deparará “una prolongada situación de inestabilidad social, en la que la frustración de los jóvenes será el principal elemento determinante”. ¿Qué niveles máximos de frustración es capaz de soportar la población joven de este país?

Actualmente, siete de cada diez jóvenes viven en casa de sus padres, sin un proyecto de vida; sin dinero, sin trabajo, sin futuro. André Gorz consideraba la sobriedad —o simplicidad voluntaria— como una necesidad para luchar contra la miseria. La teoría de la relatividad social nos convierte en ricos o pobres en función de nuestro contexto; pero la miseria es una cuestión objetiva. Hay miseria donde no hay para comer, beber, vestirse, curarse o tener un techo decente. Nuestro país ya no permite una vida sobria de bicicleta y camiseta de algodón, ni una pobreza de queso y pan negro; nuestro país condena directamente a la miseria y lo que separa actualmente al joven español de la indigencia es una sociedad tradicional basada en la unidad familiar, solidaria con sus miembros. Eso o el exilio. No hay más opciones.

Y la partida al extranjero ha dejado también de ser una alternativa romántica, aquella elección de intrépidos aventureros —de los que tanto sabe la secretaria de emigración— o de grandes talentos cazados internacionalmente —sobre éstos sabe más Aguirre, por lo que demuestra en sus últimas declaraciones— para convertirse en una penitencia. La condena de la consciencia desoladora del que es rechazado, ya sin patria, en un renacer y morir, donde utopía no significa nada más que “no lugar”.

En un “no lugar” envuelto de un “no tiempo” vivimos esperando que algo suceda, no sólo convertidos en parados, sino también en pasivos. Creemos en las mentiras —y gordas— de partidos que abandonaron los principios hace mucho tiempo, y aunque no les creamos, les dejamos hacer, les perdonamos, como el que perdona las continuas infidelidades de su cónyugue, en un afán de comprender la insoportable levedad del ser…

De pequeños nos hicieron sentir culpables por tenerlo todo. Crecimos en la abundancia, rodeados de abuelos que nos recordaban el hambre y de padres que nos hablaban de represión: “tú lo tienes todo, nosotros no teníamos nada”. Y desde esa abundancia también le perdimos el amor a las cosas, y todo, hasta el mismo amor, se convirtió en desechable. Ahora, confusos y desorientados, en una sociedad que mira atrás, parece que no acabemos de entender qué hicimos mal, ¿nos ocurre esto porque le pedimos demasiados juguetes a los Reyes Magos? Hace diez años no teníamos ni la edad para beber, ¿quién se pegó la borrachera económica en nuestro lugar?

Desde una fingida libertad, no sabemos cómo se lucha, puede que nos protegieran tanto que creciésemos sin los anticuerpos necesarios. Desde fuera nos dicen lo que somos o, en este caso, cómo estamos: perdidos. Y puede que tengan razón. Somos la generación perdida. Y lo somos no porque el mercado se pierda nuestra fuerza como capital humano, sino porque en lo más profundo de nuestra alma, estamos triste y completamente perdidos, y eso, aunque al mercado le importe un bledo, es lo realmente trágico de esta distópica situación.

Pongamos freno a las corporaciones

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¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Pongamos freno a las corporaciones

Susan George, ALAI AMLATINA

El capitalismo está en problemas. Seguramente no lo suficiente, pero tiene que lidiar con asuntos mucho más complejos que aquellos que enfrentaba hace una o dos décadas. No festejen – ni lloren – todavía. Un animal hambriento, acorralado, es más peligroso que uno bien alimentado, libre. El capitalismo se pregunta en cada momento, de dónde va a venir su próxima comida.

Desde que el neoliberalismo se volvió el modelo económico dominante a inicios de los años 80, y que el FMI ha impuesto los programas de ajuste estructural, primero en los países endeudados del Sur y ahora en Europa, los servicios públicos, en su mayoría, han sido privatizados. Pero esto no basta. Las corporaciones quieren que todos los servicios públicos se vuelvan una fuente de lucro, a la vez que no tienen inconvenientes en dejar las pérdidas al sector público. Las nuevas fronteras del asalto capitalista son la salud (a través de los seguros de salud u hospitales con fines de lucro), escuelas (con sistemas de bonos) y cárceles (con una cuota de ocupación garantizada…).

La mayoría de los recursos naturales ya se han convertido en commodities, pero no todos: gran parte de la tierra y del agua se mantienen fuera del control corporativo. Pero el contexto ha cambiado desde 2008, cuando los precios mundiales de los alimentos se elevaron exponencialmente. Ahora el acaparamiento de tierras está arrebatando decenas de millones de hectáreas a quienes tradicionalmente las han trabajado, poniéndolas para el uso corporativo, destinado a la exportación. El agua es vista como un producto capitalista perfecto – es indispensable, no puede ser sustituido y su mercado crece a medida que crece la población.

El capitalismo es muy imaginativo y ha creado una miríada de mercados de la nada, especialmente para innumerables productos financieros, particularmente derivados. El comercio en los mercados de derivados es de aproximadamente US $ 2,1 billones (2.100.000.000.000) por día. El dinero en sí es el commodity más comercializado y las operaciones de cambio llegan a $4 billones por día. Ambos mercados aumentaron en un 25% desde 2008, cuando se desató la crisis financiera.

Las nuevas categorías de servicios como la “protección y restauración de ecosistemas” representan una nueva frontera. El mundo de los negocios espera y prevé que la conferencia Rio+20 legitime al “mercado” como la solución para todos los problemas ambientales, considerando que el mercado de carbono sea tan solo el inicio. Desde la óptica del capitalismo, todo lo que está en la Tierra –animales, vegetales, minerales, sólidos, líquidos o gaseosos, lo material o lo inmaterial– puede tener un precio, ser comprado y vendido.

El dilema de la regulación

A medida que el sistema corporativo transnacional se extiende hacia un territorio que está siempre en expansión, el dilema de la regulación se torna más agudo. Cualquier sistema requiere reglas y en los países más ricos hay un nivel razonable de regulación de las corporaciones industriales; por esta razón, entre otras, se desplazan a los países más pobres. Es más fácil, por ejemplo, que quede impune un importante derrame de petróleo en Nigeria que uno en la costa sur de Estados Unidos.

Las corporaciones financieras han sido más hábiles que las industrias pesadas cuando se trata de eliminar los controles. La industria financiera gastó alrededor de US $5 mil millones en el cabildeo a lo largo de la década del 90, para deshacerse de todas las regulaciones bancarias derivadas del New Deal de 1930. La consecuente falta de restricciones fue la principal causa del consiguiente desastre. Aún vivimos con los resultados del desastre provocado y probablemente lo peor esté por venir.

El sistema corporativo es peligroso porque está muy interconectado y muy concentrado. En un brillante documento, tres matemáticos especializados en la teoría de los sistemas complejos mapearon el universo corporativo.(1) Comenzando por una base de datos de la OCDE de 43.000 Empresas Transnacionales (ETNs), trazaron todas las complejas interconexiones financieras entre ellas y mostraron que 80% del valor de esas 43.000 ETNs está en manos de sólo 737 de ellas. Y se pone peor, ya que, siguiendo las inter e intra inversiones y la participación de unas en los negocios de otras, vieron que sólo 147 ETNs retenían 40% del valor de todas las ETNs del mundo. Y el hallazgo más impactante del texto es que las primeras 50 de estas ETNs altamente interconectadas –con la única excepción de Walmart– son todas mega corporaciones financieras (45) o compañías de seguros (4).

Esto es lo que los autores llaman “modelo al filo de la navaja”: si la economía va bien, el sistema parece robusto. Pero un accidente en cualquiera de estas primeras 50 ETNs podría rápidamente volverse una crisis demoledora para todo el mundo y hacer que la caída de Lehman Brothers parezca trivial. La verdad que debemos reiterar es que estamos viviendo al filo de la navaja.

Las corporaciones transnacionales industriales pueden ser malas, pueden ser una plaga para la vida de tal o cual comunidad o evadir impuestos en todas partes; pero los peores y los más amenazantes son los grandes bancos y fondos de inversión libre (hedge funds). Tienen el poder de destruir incluso a las corporaciones hermanas, destruirse entre ellas y precipitar el mundo al caos.

Coaliciones y alianzas

¿Qué hacer, entonces, y quién lo puede hacer, para someter a controles a estos monstruos, si, de hecho, controlarlas fuera posible? Tomemos primero el caso de una comunidad que enfrenta la destrucción – social y/o ecológica – causada por una empresa específica en un lugar específico. Esta es una situación que probablemente enfrentan muchos lectores de ALAI. La compañía A contamina el río local y los habitantes comienzan a enfermarse; la Compañía B discrimina y acosa a las mujeres; la Compañía C se niega a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo y está intentando romper el sindicato – todos conocemos estas historias, lo que cambia son sólo algunos detalles.

La forma ideal de acción sería la vía legal –tener leyes internacionales vinculantes que pudieran ser usadas contra ellas– pero no contamos aún con esos medios. Entonces, la otra opción que podemos impulsar frente a las ETNs es, primero garantizar que exista una sólida coalición de intereses en el lugar y segundo identificar y establecer vínculos con grupos similares en el lugar donde la compañía tiene su sede central, casi invariablemente en el Norte. Si el caso contra la empresa se sustenta en una poderosa y persuasiva investigación (de las cuales muchos ejemplos se presentan en los Tribunales de los Pueblos) y si en el Norte, donde se encuentra la sede, se mantienen informados los grupos de apoyo y se les pide cosas específicas, se le puede hacer la vida bastante incómoda a la corporación desde el punto de vista de las relaciones públicas. Tal vez existan posibles alianzas allí donde no miramos. No olvidemos, por ejemplo, la capacidad de las iglesias locales para vincular el Sur con el Norte y vice-versa. Los boycots nacionales e internacionales a veces pueden funcionar, pero necesitan una larga y cuidadosa preparación para ser exitosos.

Sin embargo, aun si las victorias son necesarias y satisfactorias en algunos casos, todos podemos acordar que no limitan el poder del sistema en sí; para eso debemos buscar la solución en otro lado. ¿Qué decir sobre la RSE, la famosa Responsabilidad Social de las Empresas, inventada por empresarios, que reivindica que las corporaciones pueden auto-controlarse y auto-regularse? No niego que algunos altos gerentes sean ciudadanos modelo y que algunas corporaciones realmente tratan de hacer lo mejor para su gente y sus comunidades donde sea que estén, pero seríamos necios si esperáramos que la RSE rectifique todos los abusos corporativos.

Una vez dije, durante una charla, que el Buen Ciudadano Corporativo es aquel que paga sus impuestos, todos sus impuestos, en todas partes. Un abogado que estaba cerca mío en el panel me miró horrorizado y explicó como si hablara a una niña, que su trabajo era ayudar a sus clientes corporativos a evadir los impuestos, lo máximo posible. Estamos muy lejos de poder eliminar los paraísos fiscales o de imponer una legislación sobre la información tributaria país por país que podría eliminar la fijación de precios de trasferencia, pero hoy es posible que los programas de austeridad en Europa mantengan concentradas las mentes de los gobiernos del Norte simplemente por que ahora necesitan de todos los ingresos que puedan recaudar, al igual que los gobiernos en el Sur. Juntos, es posible que podamos conseguir que nuestros gobiernos actúen conjuntamente: deben obligar a las corporaciones a pagar lo que corresponde a cada tesoro nacional en cada jurisdicción donde tienen actividad. En el sistema actual, todos perdemos, menos los accionistas de las empresas y los altos ejecutivos. Y no es necesario reinventar la rueda: la Red para la Justicia Fiscal es internacional y ya hizo toda la investigación y el trabajo preliminar(2).

Nadie admira más que yo a las campañas específicas, contra las industrias extractivas, por los derechos de los pueblos originarios, por el derecho a la alimentación y al agua, etc. Sin embargo, lo más importante, desde mi punto de vista, porque va al corazón de nuestro sistema brutal e inestable, es que es necesario crear alianzas globales para controlar las finanzas. Necesitamos impuestos a las transacciones financieras (también conocido como tasa “Robin Hood”) para disciplinar a la especulación y usar los ingresos para reparar el daño ecológico y social ya causado a las comunidades y a la Tierra. Necesitamos cobrar impuestos a las empresas país por país y cerrar los paraísos fiscales que también impiden que los gobiernos recauden por lo menos $250 billones por año en impuestos. Necesitamos anular completamente la deuda pública de los países que aún están bajo los programas de austeridad del FMI, particularmente en África Subsahariana. Otra excelente iniciativa sería revisar las reglas de la Organización Mundial del Comercio, así como desmantelar buena parte de los nuevos Acuerdos de Libre Comercio regionales o bilaterales que son todos “OMC plus” y les dan aún más ventajas a las corporaciones. Algunos éxitos, por ejemplo contra las compañías farmacéuticas, muestran que es posible hacerlo.

Sin embargo, en un mundo globalizado, esto no puede hacerse sin alianzas. Hoy, ningún grupo de interés, por decidido que esté, puede ganar por sí solo. Esto significa que debemos aprender a trabajar juntos, generalmente con gente a quien no conocemos y esto no puede hacerse por internet. El debate y la discusión son necesarios para que la gente se dé cuente que en el fondo, sindicalistas, campesinos, ecologistas, mujeres, estudiantes, académicos, jubilados y otros tienen las mismas necesidades y comparten los mismos intereses. No necesitamos ponernos de acuerdo en todo para hacer algo juntos. De hecho, es la única forma de ganar. (Traducción: ALAI).

- Susan George es autora y Presidenta de la Dirección del Transnational Institute. Su último libro en español es: Sus Crisis, Nuestras Soluciones. (Editorial Icaria).

Notas:

(1) Vitali S, Glattfelder JB, Battiston S (2011) The Network of Global Corporate Control. PLoS ONE 6(10): e25995. doi:10.1371/journal.pone.00259

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(2)www.taxjustice.net

Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 476, correspondiente a junio de 2012 y que trata sobre " Capital transnacional vs Resistencia de los pueblos” disponible en http://www.alainet.org/publica/476.phtml

En la Cumbre de los Pueblos Río+20 se realizará el lanzamiento de esta revista sobre "Capital transnacional vs Resistencia de los pueblos", en el marco del evento: "Lanzamiento de un Proceso para una Campaña Global contra las Corporaciones Transnacionales" - 19 de junio, 11:30 a 13:30, Tenda Plenaria 22.

También está disponible una edición especial en Inglés: http://www.alainet.org/publica/476-en.phtml

Crisis del sistema democrático

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Crisis del sistema democrático

Hacia una redefinición de nuestra vida en común

Justa Montero Corominas, Revista Papeles

A la profunda crisis económica y ecológica que padecemos le acompaña la crisis del propio sistema democrático, que recientemente acapara cada vez más atención. Es decir, el cuestionamiento del actual sistema de funcionamiento y organización para resolver los conflictos derivados de los distintos intereses de quienes formamos la sociedad y que, obviamente, incluye el sistema de representación política. Este contexto plantea la urgencia de interrogarnos sobre cómo organizar nuestra vida en común, cómo interactuar entre todas y todos y con la naturaleza y, en definitiva, sobre qué valores y qué modelo de organización de la sociedad perfilar un horizonte del buen vivir de todas las personas.

 

En el actual contexto de crisis no solo económica, ecológica y social, sino también de nuestro sistema democrático, el ejercicio de la ciudadanía se ve menoscabado, aún más, por la exacerbación de las desigualdades y la profundización de los procesos de exclusión de cada vez más personas y grupos, a los que se empuja fuera del sistema. 

A menudo se dice que las coyunturas de crisis abren la posibilidad para poner en marcha ideas y proyectos alternativos. Percepción que cabe entenderse como una oportunidad para enfrentar en el día a día los múltiples riesgos del deterioro social y ecológico, y al tiempo experimentar y reflexionar sobre cómo participar en el proceso de definición y decisión de lo que es común, sobre la forma de recomponer una comunidad política, participada por todas y todos, que permita vislumbrar nuevos senderos de democracia real. 

Las exclusiones de la ciudadanía

En el actual sistema democrático la ciudadanía es la categoría reguladora de la inclusión y pertenencia al mismo. Su dinámica fija, por tanto, procesos de inclusión y de exclusión que diferencian entre quienes son ciudadanos y ciudadanas y quienes no son considerados como tales por su pertenencia a un particular colectivo social. El resultado de esos complejos procesos aparece claro, como por ejemplo en el caso de las mujeres, en la medida en que se las define por su adscripción de género: se incluye a las mujeres en tanto que ciudadanas en las instituciones como símbolo de “normalización democrática”, al tiempo que se las excluye en tanto que inmigrantes del derecho a participar en la elección de dichas instituciones o de disfrutar de derechos sociales básicos. En ningún caso la inclusión o la exclusión se realizan en términos absolutos, de forma que el sistema muestra su capacidad para moldear, según las coyunturas, la parte del grupo que integra y la que excluye y sitúa al margen de la sociedad. 

Esta característica de “la ciudadanía” significa que se estructura sobre procesos duales que jerarquizan las diferencias y por tanto generan desigualdades:[1] la dualidad de género que constituye a hombres y mujeres con identidades cerradas; la de origen o etnia que recrea un “nosotras/nosotros” y “ellas/ellos” con connotaciones colonizadoras; y la de las clases sociales. 

Se podría dibujar un mapa con las fracturas que originan los procesos de exclusión, explotación, sometimiento patriarcal, heterosexismo, racismo o de depredación de la naturaleza. Sería un mapa multidimensional en la medida en que estas dualidades no operan como instancias estancas, y la interacción entre los sistemas de dominación tiene como resultado distintas vivencias de la discriminación en función de la posición de cada cual en las jerarquías sociales.

Nadie es solo una mujer, ni solo un inmigrante, y habrá que ver cómo la condición de género, clase, etnia, sexualidad singulariza las manifestaciones del machismo o del racismo. Por otro lado, esas dicotomías que la modernidad estableció son contestadas y transgredidas desde prácticas sociales no hegemónicas y enfrentadas a los sistemas.

En todo caso, la acepción dominante de ciudadanía se establece desde el poder, que se arroga la potestad de marcar las normas del funcionamiento social, hasta decidir quién es y quién no es ciudadano o ciudadana y los derechos a que da lugar dicha condición. De esta forma, define quién es sujeto de derechos y sitúa fuera de lo social a quienes no se ajustan a dichas normas: son las y los excluidos del demos.

Algunas de esas normas fijan la ciudadanía en relación con el mercado laboral, de forma que se adquieren derechos si las personas tienen la condición asalariada. Es ciudadana o ciudadano quien goza de reconocimiento como trabajador asalariado, y como tal obtiene sus prestaciones; de esta forma el trabajo asalariado se constituye como elemento articulador de buena parte de los derechos sociales, para empezar, de todos los que se derivan de la seguridad social. 

Esto requiere, como plantea Robert Castel [2], una clasificación de las personas en categorías homogéneas en función de su posición respecto al empleo: quienes trabajan, quienes están en paro, y las personas excluidas por definición, expulsadas a terreno de nadie, sin los derechos asociados al trabajo remunerado y estigmatizadas socialmente [3]. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres que se autodenominan trabajadoras del sexo y reclaman ser consideradas como tales para adquirir derechos, su condición de ciudadanas, y poder vivir sin lo que marca toda su vida: el estigma social. 

Cobra aquí todo su sentido la afirmación de «el derecho a tener derechos» que formuló Hannah Arendt en El origen del totalitarismo: el derecho a ser reconocida por los demás como persona y los derechos que se derivan de tal reconocimiento. Supone, tal y como desarrolla Benhabid [4], tener un reconocimiento y una aceptación social y alcanzar condición jurídica dentro de una comunidad política concreta. Es, tomando otro ejemplo, el derecho de una persona refugiada a obtener una ciudadanía.

Porque, también determinadas normas fijan exclusiones en función de un origen o identidad diferenciada de la dominante en una sociedad. Esta es la función de las leyes y del entramado normativo de extranjería, que se aplica a las y los inmigrantes y que puede llevar a situaciones de negación absoluta de derechos, incluso del derecho a la atención sanitaria, como sucede con quienes viven sometidos al régimen carcelario de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). 

Y, sin ánimo de agotar la extensa lista de normas [5], también resultan representativos los procesos de exclusión e inclusión que establecen las normas “culturales” y las representaciones simbólicas, siempre sometidas a interpretaciones políticas. Un ejemplo muy significativo es el tratamiento al uso del hiyab, o pañuelo musulmán, por mujeres de origen magrebí y los debates y medidas que ha suscitado. La polémica entre quienes lo aceptan acríticamente como práctica social, quienes lo consideran icono cultural de una diferencia interiorizada, y posiciones islamofóbicas que criminalizan a las mujeres que lo utilizan, ha dejado en ocasiones indefensas a algunas de estas jóvenes. De ello derivan procesos tan excluyentes como privar del derecho a la enseñanza a chicas que lo llevan en la escuela pública [6].

Una universalidad que no es neutra 

Por paradójico que resulte, el concepto de ciudadanía remite a una idea universalista según la cual las y los individuos son sujetos iguales en derechos. Esta aparente neutralidad, persistentemente señalada desde la teoría feminista por su carácter androcéntrico, tiene una enorme funcionalidad al establecer las normas, a las que he hecho referencia antes, por las que se intenta fijar la pertenencia y exclusión sobre la base de la unidad de necesidades, deseos e identidades de las personas.

Sin embargo, supone, claro está, la exclusión de quienes no responden a esa norma por no ser asalariada, trabajar en precario, ser inmigrante, tener otras referencias culturales, vivir la sexualidad fuera de la heteronormatividad, o estar adscrita a un género. Como señala Eleni Varikas [7], la democracia histórica se fundó en la desconfianza de lo múltiple a través de la unificación coercitiva de lo uno, que vuelve irrepresentables a quienes no corresponden a la norma única, e invisibiliza la diversidad de situaciones y las relaciones de poder que atraviesan la vida en sociedad.

De esta forma las desigualdades aparecen desdibujadas, cuando no encubiertas, y adquiere legitimidad un modelo de ciudadanía excluyente. En realidad “ciudadanía” es un concepto permanentemente en disputa. Por un lado, está el sentido que se le da desde los poderes y, por otro lado, la redefinición buscada por los movimientos políticos y sociales para ampliar su significado e incorporar a los derechos civiles, que la modernidad estableció, los derechos políticos, económicos, sociales y culturales que, con limitaciones, se han ido conquistando.

Así, el cuestionamiento y ruptura de esas normas hostiles a las necesidades e intereses de la mayoría ha introducido importantes fisuras a través de la acción colectiva y de prácticas sociales no hegemónicas, que tratan de hacer más inclusiva la ciudadanía para mujeres y hombres, y de la que hay multitud de ejemplos. Puesto que, frente a posibles lecturas lineales, no está de más señalar que, con esas limitaciones, la articulación de derechos y la formación de identidades colectivas no han sido cosas otorgadas. Muy al contrario, se han logrado a través de fuertes conflictos sociales y políticos protagonizados por distintos sujetos, cuyo liderazgo ha ido cambiando a lo largo de ese prolongado proceso.

Cuando el Estado abandona el bien-estar 

El Estado del Bienestar como garante de un conjunto de servicios, protecciones y derechos, como son la salud y la educación, es el marco en el que el ejercicio de la ciudadanía adquiere sentido social porque permite cierto nivel de generalización de derechos, al tiempo que funciona como mecanismo de regulación de las sucesivas crisis económicas. Pero la crisis financiera le ha dado la puntilla y ha caído rendido a la avaricia de los mercados. 

Cuando se llega a una crisis de la envergadura de la presente, lejos de funcionar como Estado del bienestar, pasa a hacerlo, más que nunca, como instrumento de legitimación de las desigualdades al socializar las pérdidas económico-financieras repercutiéndolas sobre quienes o las han generado. Y eso, como es bien conocido, supone arrebatar derechos e ingresos, privatizar, quitar prestaciones, suprimir ayudas, establecer formas de beneficencia para las situaciones más extremas de exclusión y reformular el propio derecho al trabajo, eje de inclusión (y exclusión) social por excelencia. En realidad se está produciendo un cuestionamiento del propio concepto de derechos sociales. 

Estamos viendo cómo el discurso neoliberal trata de convertir los derechos básicos en privilegios (por ejemplo, tener un contrato fijo) que defienden quienes lo tienen –como expresión del egoísmo del individuo–, contra los que tienen que levantarse quienes no gozan de ellos. Una interpretación en abierta confrontación con la lógica que persigue la extensión y universalidad de los derechos. 

El pensamiento neoliberal intenta que la comunidad se someta a la dependencia de la lógica del mercado e imponer, al menor coste posible, una resignificación de los valores. Por eso, en vez de hablar de ciudadanía social, se habla de responsabilidad personal, en lugar de derechos, se habla de sentimientos. Todo ello resulta enormemente funcional para legitimar y encubrir el empeño por la reprivatización de las necesidades y la disolución de los lazos sociales como paso previo para arrasar con “lo público”. 

Tomando nuevamente como ejemplo la situación de las mujeres y de las y los inmigrantes se puede ver cómo opera este mecanismo. La vuelta a la naturalización de las desigualdades supone, por ejemplo, profundizar en los estereotipos de género que consideran atributos propios de las mujeres los que llevan a responsabilizarlas del trabajo de cuidados, exonerando tanto al Estado de los servicios públicos imprescindibles como a los varones de su obligada corresponsabilidad. 

Por otra parte, la culturización extrema de las desigualdades sociales lleva al desarrollo de actitudes y expresiones xenófobas y racistas como recientemente se han expresado en el Estado español y a nivel europeo, que encuentran en la inseguridad que genera la crisis un buen caldo de cultivo. Se consolida así un paradigma basado en un atroz individualismo competitivo, que busca deslegitimar los proyectos colectivos y la universalidad real y efectiva de los derechos. 

¿Dónde queda “lo público”? 

Por contradictorio que parezca con lo expuesto, el abandono de lo público por parte del Estado se acompaña del llamamiento a la participación de la “sociedad civil”, para que pase a ocupar un lugar protagonista en cubrir las necesidades y protección que toda persona necesita. 

En un primer momento, se pudo pensar que la “onegeización” de parte de los movimientos sociales podía ocupar ese espacio, mediante la prestación de servicios precarizados y manteniendo una relación contractual con el Estado. Pero parece evidente que esa opción va a estar cada vez más supeditada, en estrecha concordancia con el ideario neoliberal, a la privatización de los recursos y a una modalidad benéfica para quienes estén en situación de máxima exclusión. 

Y al final, siempre queda la versátil institución familiar. Resulta llamativo que en 2006, hace algo más de cinco años, se aprobara lo que el Gobierno denominó el cuarto pilar del Estado del bienestar, a partir de la «ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia» [8]. Al no integrar los derechos de las personas que necesitan atención con los derechos de las personas (mujeres) cuidadoras, se acaba consolidando el sistema tradicional basado fundamentalmente en la atención de las mujeres en el ámbito familiar. Los datos son significativos. El 90% de las personas que dejaron sus empleos para atender a terceros han sido mujeres y del total de recursos asistenciales que contempla la ley, el 51% (de media a nivel estatal) de los que se han puesto en marcha corresponden al pago a familiares (85% mujeres) que atienden en el domicilio, a quienes se les ingresa 400-500 euros que no pueden complementar con otros ingresos. 

Esta ha sido la tendencia desde que se puso en marcha la ley, y sin entrar en analizar su implementación y enormes límites, parece claro que va a ser una de las víctimas propiciatorias de los recortes. Su derrumbe supondrá una auténtica tragedia para las personas dependientes que necesitan ser cuidadas y para quienes pasarán nuevamente a ser las cuidadoras principales: las mujeres.

La tendencia a la privatización de la reproducción social en el marco de las familias, supone una involución en el proceso de autonomía de las mujeres. En general es una forma fraudulenta de resolver la crisis de la organización social de los cuidados, de legitimar la inhibición del Estado de su responsabilidad, que se contrapone a la necesidad de recuperar como objetivo el buen vivir como un bien común de todas y todos. 

Al tiempo que se viene abajo el carácter social de los Estados que, debilitados por su sometimiento, como nunca, a los intereses de los poderes financieros, necesitan reforzarse como instrumentos privilegiados para legitimar las políticas que necesita el capital. En consecuencia también las propias instituciones “representativas” están sometidas a los dictados de los mercados, como prueban los cambios de Constituciones y de gobiernos al margen y en contra de cualquier proceso de participación democrática que se han producido a finales de 2011. 

En este momento el Estado lejos de funcionar como Estado del bienestar pasa a hacerlo más que nunca como legitimador de las desigualdades. En paralelo a su connivencia con la violencia que introducen los mercados y las agresivas repercusiones económicas y sociales del neoliberalismo, todo parece indicar que también se va a reforzar su función coercitiva. Y frente a la idea integradora asociada al Estado del bien-estar, el mal-estar social se va a extender también por la represión de libertades individuales y colectivas. A los Tratados internacionales y normativas, ya existentes –de control de fronteras frente a las migraciones– habrá que sumar, previsiblemente, un mayor control policial dentro del propio territorio, y el reforzamiento de las vías penales para el control y la resolución de los conflictos derivados de la exclusión e injusticia social.

“El orden” con el que se amenaza al movimiento 15 M para reapropiarse del espacio público y dificultar así el extraordinario ejercicio de democracia puesto en práctica por ese movimiento, me parece un esclarecedor ejemplo de los choques que se van a producir en el futuro inmediato.

El mencionado abandono progresivo de “lo público” por parte del Estado choca de plano con las movilizaciones que se vienen sucediendo en este último año en defensa de la sanidad, la enseñanza y de otros servicios públicos (como, por ejemplo, los centros de atención a mujeres maltratadas). Es una respuesta diáfana a la tentación de aceptar de alguna forma como inevitable, o incluso dar por buena, la retirada del Estado de lo que, en la experiencia social de varias generaciones, se ha entendido como su obligación “solidaria”. No hay forma de garantizar la universalidad de prestaciones que requiere el derecho a la educación, a la atención a la salud y a la enfermedad, o a la dependencia, si no es mediante algún tipo de vínculo contractual con el Estado.

Como plantea Castel [9] prescindir totalmente de los sistemas de protección es volver al estado de naturaleza, a un estado de inseguridad total. La puesta en cuestión de las protecciones no puede conducir a su supresión, sino a su reformulación en la nueva coyuntural. 

Esta reformulación necesitará de un margen muy amplio para generar procesos y fórmulas de autogestión, como una garantía para que elementos de lo que realmente es común para todas y todos ocupen el centro de la vida, la economía y la política. Pero hoy no supone una alternativa global a las protecciones anteriormente elaboradas. 

Tampoco es posible otorgar al Estado del bienestar el papel benefactor, de tutelaje y protección, que ya no puede cumplir ni en su versión anterior, y que usurparía cualquier posibilidad de salidas claras, anticapitalistas y de autogestión a la crisis actual. Y para darle mayor complejidad a la situación habría que incluir el necesario desenmascaramiento del discurso societario del neoliberalismo que, bajo el reclamo de participación de la sociedad, justifica su retirada de la prestación de servicios universales a las personas.

La complejidad de la situación actual, en la que aparecen claras las tendencias principales pero se desconoce su alcance y concreción, deja abiertas muchas puertas y hace más necesaria la escucha de voces plurales (o sujetos sociales). Voces de quienes están expresando abiertamente su rechazo a los efectos de esta crisis sistémica. 

La progresiva reducción de la ciudadanía a una función tributaria del Estado del malestar, ha chocado con la irrupción de quienes quieren poner en marcha una ciudadanía radical en todos sus sentidos y dimensiones, individuales y colectivos (que puede dar lugar incluso a otro concepto). Me refiero particularmente al movimiento del 15 M, que en el ejercicio de una democracia participativa, horizontal y autogestionada supone un impulso inusitado a la resistencia social y a la voluntad de ver futuro. 

La definición y defensa de “lo común” 

El 15 M, los movimientos feministas, ecologistas, anticapitalistas, viejos y nuevos movimientos, han puesto sobre la mesa las urgencias ecológicas, las derivadas de la interculturalidad, de la disputa por la igualdad, autonomía y libertad de las mujeres, del reconocimiento de las identidades múltiples, de la precarización del trabajo asalariado y de una larga serie de urgencias más. 

Atender esos discursos y propuestas tiene una especial relevancia porque lo que plantean afecta al contenido mismo de la vida en común. Realizan un proceso colectivo de reinterpretación de la realidad y de formulación de nuevos valores, que convierte en problemas sociales y políticos de atención y actuación general, condiciones sociales que habían pasado inadvertidas hasta el momento.

Tomaré dos ejemplos entre los cientos que se podría elegir. El primero, tiene que ver con la propuesta que se formula desde el ecologismo para frenar el cambio climático, que requiere un cambio radical del modelo energético, de los niveles de consumo y de la propia ordenación del territorio en el que vivimos. El segundo, se refiere a las propuestas del feminismo para frenar la violencia machista en todas sus manifestaciones, como requisito previo para hablar de sostenibilidad social, del bienestar de todas y todos. Lo que se podría extender a la propuesta de situar también en el centro de los análisis e iniciativas económicas, políticas y sociales todos los trabajos que permiten dicho bienestar. 

La proclama que levantó el feminismo en los años setenta, «lo personal es político», resulta significativa en ese sentido. Supone un cuestionamiento de la forma tradicional de definir lo que es de interés general (que incluye a quiénes lo definen), al plantear en la agenda pública problemas y situaciones pertenecientes al ámbito privado, invisibilizadas hasta el momento y sujetas a relaciones de poder patriarcales. 

Rescato fundamentalmente este aspecto, porque bien es verdad que ese lema podría admitir la interpretación del interés por elevar la exigencia de intervención del Estado a todos los ámbitos de la vida privada, con el consiguiente efecto de normativización asfixiante de aspectos que no lo requieren. Es decir, se podría entender que cae en la defensa de la intervención del Estado, las leyes y jueces para la resolución de todo tipo de conflictos sociales. 

Hecha la aclaración, resulta relevante el proceso que desde entonces se estableció y que se podría sintetizar como la politización de los problemas y necesidades, en este caso de las mujeres pero obviamente extensible a otros sujetos. Justo lo contrario de lo que ahora pretende el neoliberalismo que es su devolución al ámbito de lo privado, a una reprivatización de las necesidades y de la resolución de los conflictos, sean de la naturaleza que sean. 

Lo común no es algo dado y existe una multiplicidad de visiones y propuestas, porque, tal y como señala Eleni Varikas, la manera como se perciben los problemas y las soluciones está mediada por nuestras distintas posiciones en la sociedad, las distintas identidades y pertenencias de grupo, por más que estas y estos sean abiertos y llenos de mixturas, cambiantes y contingentes y en modo alguno homogéneas y esenciales. 

Desde el feminismo se ha abordado recurrente y ampliamente los debates entorno al sujeto. Y la pluralidad de expresiones feministas, muchas de ellas consideradas fronterizas por encontrarse en el cruce de identidades, han puesto el acento en la importancia de buscar la interacción entre los distintos ejes de subordinación, para comprender y articular una contestación a las complejas y diferentes manifestaciones que adopta el sexismo según contextos sociales, culturales, económicos y simbólicos. Esto ha dado origen a una importante corriente que analiza el género desde la perspectiva de clase, etnia y sexo, y plantea la necesidad de que quienes se articulan en torno a otros ejes analicen la clase, la etnia o la sexualidad desde la perspectiva del género. 

Partir de esa multiplicidad de identidades y sujetos supondría poner sobre la mesa las perspectivas específicas (y cambiantes) que pueden tener distintos grupos sociales, y que derivan de unas particulares relaciones de dominación (sea patriarcal, racista, de relación con la naturaleza o de clase). Establecer lo que se considera común, los derechos, su universalidad, cómo se ejercen, en definitiva, la forma de atender y resolver las necesidades individuales y colectivas y los problemas de la vida en común, requiere procesos complejos de argumentación, intercambio, de consenso y negociación que también incluye la confrontación entre esas perspectivas múltiples. 

La búsqueda de vías autónomas al paradigma capitalista y neoliberal está abierta, y un incipiente pero potente movimiento de base, tanto de ideas como de acción, está dejando clara su apuesta por una ciudadanía (o como finalmente se acabe denominando) inclusiva y horizontal. En este largo camino, valores como la convivencia, la solidaridad, el apoyo mutuo y la reciprocidad podrían ir dando cuerpo a formas compartidas de entender y situarse en el mundo, que legitimen la acción colectiva de cuestionamiento de las supuestas “verdades” que el sistema persiste en presentar. Una premisa para deslegitimarlo y para pensar en alternativas globales.

Notas:

[1] Intervención de J. Montero en «El Estado de la nación», jornada de debate organizada por el 15 M, Puerta del Sol, Madrid, julio 2011.

[2] R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protege, La republique des idées, Editions du Seuil, París, 2003.

[3] Categorías atravesadas también por las diferencias de género.

[4] S. Benhabid, Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos, Gedisa, Barcelona, 2005.

[5] Se utiliza el término “norma” en su acepción amplia no necesariamente jurídica, sino en el sentido general de norma social.

[6] Para profundizar en este tema véase, Á. Ramírez, La trampa del velo, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011.

[7] E. Varikas, «¿Una ciudadanía “como mujer”? Paridad versus igualdad», Viento Sur, núm. 52, 2000.

[8] Ley 39/2006 de 14 diciembre. Más conocida como “ley de dependencia”.

[9] R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protege, La republique des idées, Editions du Seuil, Parí, 2003. 

Justa Montero Corominas es magíster en género y políticas de igualdad y en inmigración refugio y relaciones intercomunitarias

La gran regresión

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Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique

 Está claro que no existe, en el seno de la Unión Europea (UE), ninguna voluntad política de plantarle cara a los mercados y resolver la crisis. Hasta ahora se había atribuido la lamentable actuación de los dirigentes europeos a su desmesurada incompetencia. Pero esta explicación (justa) no basta, sobre todo después de los recientes “golpes de Estado financieros” que han puesto fin, en Grecia y en Italia, a cierta concepción de la democracia. Es obvio que no se trata sólo de mediocridad y de incompetencia, sino de complicidad activa con los mercados.

¿A qué llamamos “mercados”? A ese conjunto de bancos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensión y fondos especulativos (hedge funds) que compran y venden esencialmente cuatro tipos de activos: divisas, acciones, bonos de los Estados y productos derivados.

Para tener una idea de su colosal fuerza basta comparar dos cifras: cada año, la economía real (empresas de bienes y de servicios) crea, en todo el mundo, una riqueza (PIB) estimada en unos 45 billones (1) de euros. Mientras que, en el mismo tiempo, a escala planetaria, en la esfera financiera, los “mercados” mueven capitales por un valor de 3.450 billones de euros. O sea, setenta y cinco veces lo que produce la economía real…

Consecuencia: ninguna economía nacional, por poderosa que sea (Italia es la octava economía mundial), puede resistir los asaltos de los mercados cuando éstos deciden atacarla de forma coordinada, como lo están haciendo desde hace más de un año contra los países europeos despectivamente calificados de PIIGS (cerdos, en inglés): Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Lo peor es que, contrariamente a lo que podría pensarse, esos “mercados” no son únicamente fuerzas exóticas venidas de algún horizonte lejano a agredir nuestras gentiles economías locales. No. En su mayoría, los “atacantes” son nuestros propios bancos europeos (esos mismos que, con nuestro dinero, los Estados de la UE salvaron en 2008). Para decirlo de otra manera, no son sólo fondos estadounidenses, chinos, japoneses o árabes los que están atacando masivamente a algunos países de la zona euro.

Se trata, esencialmente, de una agresión desde dentro, venida del interior. Dirigida por los propios bancos europeos, las compañías europeas de seguros, los fondos especulativos europeos, los fondos europeos de pensiones, los establecimientos financieros europeos que administran los ahorros de los europeos. Ellos son quienes poseen la parte principal de la deuda soberana europea (2). Y quienes, para defender –en teoría– los intereses de sus clientes, especulan y hacen aumentar los tipos de interés que pagan los Estados por endeudarse, hasta llevar a varios de éstos (Irlanda, Portugal, Grecia) al borde de la quiebra. Con el consiguiente castigo para los ciudadanos que deben soportar las medidas de austeridad y los brutales ajustes decididos por los gobiernos europeos para calmar a los “mercados” buitres, o sea a sus propios bancos…

Estos establecimientos, por lo demás, consiguen fácilmente dinero del Banco Central Europeo al 1,25% de interés, y se lo prestan a países como, por ejemplo, España o Italia, al 6,5%… De ahí la importancia desmesurada y escandalosa de las tres grandes agencias de calificación (Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s) pues de la nota de confianza que atribuyen a un país (3) depende el tipo de interés que pagará éste por obtener un crédito de los mercados. Cuanto más baja la nota, más alto el tipo de interés.

Estas agencias no sólo suelen equivocarse, en particular en su opinión sobre las subprimes que dieron origen a la crisis actual, sino que, en un contexto como el de hoy, representan un papel execrable y perverso. Como es obvio que todo plan de austeridad, de recortes y ajustes en el seno de la zona euro se traducirá en una caída del índice de crecimiento, las agencias de calificación se basan en ello para degradar la nota del país. Consecuencia: éste deberá dedicar más dinero al pago de su deuda. Dinero que tendrá que obtener recortando aún más sus presupuestos. Con lo cual la actividad económica se reducirá inevitablemente así como las perspectivas de crecimiento. Y entonces, de nuevo, las agencias degradarán su nota…

Este infernal ciclo de “economía de guerra” explica por qué la situación de Grecia se ha ido degradando tan drásticamente a medida que su gobierno multiplicaba los recortes e imponía una férrea austeridad. De nada ha servido el sacrificio de los ciudadanos. La deuda de Grecia ha bajado al nivel de los bonos basura.

De ese modo los mercados han obtenido lo que querían: que sus propios representantes accedan directamente al poder sin tener que someterse a elecciones. Tanto Lucas Papademos, primer ministro de Grecia, como Mario Monti, Presidente del Consejo de Italia, son banqueros. Los dos, de una manera u otra, han trabajado para el banco estadounidense Goldman Sachs, especializado en colocar hombres suyos en los puestos de poder (4). Ambos son asimismo miembros de la Comisión Trilateral.

Estos tecnócratas deberán imponer, cueste lo que cueste socialmente, en el marco de una “democracia limitada”, las medidas (más privatizaciones, más recortes, más sacrificios) que los mercados exigen. Y que algunos dirigentes políticos no se han atrevido a tomar por temor a la impopularidad que ello supone.

La Unión Europea es el último territorio en el mundo en el que la brutalidad del capitalismo es ponderada por políticas de protección social. Eso que llamamos Estado de bienestar. Los mercados ya no lo toleran y lo quieren demoler. Esa es la misión estratégica de los tecnócratas que acceden a las riendas del gobierno merced a una nueva forma de toma de poder: el golpe de Estado financiero. Presentado además como compatible con la democracia…

Es poco probable que los tecnócratas de esta “era post-política” consigan resolver la crisis (si su solución fuese técnica, ya se habría resuelto). ¿Qué pasará cuando los ciudadanos europeos constaten que sus sacrificios son vanos y que la recesión se prolonga? ¿Qué niveles de violencia alcanzará la protesta? ¿Cómo se mantendrá el orden en la economía, en las mentes y en las calles? ¿Se establecerá una triple alianza entre el poder económico, el poder mediático y el poder militar? ¿Se convertirán las democracias europeas en “democracias autoritarias”?

Notas

(1) Un billón = un millón de millones.

(2) En España, por ejemplo, el 45% de la deuda soberana lo poseen los propios bancos españoles, y los dos tercios del 55% restante, los detentan establecimientos financieros del resto de la Unión Europea. Lo cual significa que el 77% de la deuda española ha sido adquirida por europeos, y que sólo el 23% restante se halla en manos de establecimientos extranjeros a la UE.

(3) La nota más elevada es AAA, que, a finales de noviembre pasado, sólo poseían en el mundo algunos países: Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. La nota de Estados Unidos ha sido degradada, en agosto pasado, a AA+. La de España es actualmente AA-, idéntica a la de Japón y China.

(4) En Estados Unidos, Goldman Sachs ya consiguió colocar, por ejemplo, a Robert Rubin como Secretario del Tesoro del Presidente Clinton, y a Henry Paulson en esa misma función en el gabinete de George W. Bush. El nuevo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, fue también vicepresidente de Goldman Sachs para Europa de 2002 a 2005.

Quién es quién (en la crisis)

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Quién es quién (en la crisis)

Jesús Rodríguez Barrio

• ¿Quienes son Lucas Papademos (actual dirigente Griego tras la dimisión de Papandreu) y Mariano Monti (ahora al frente del gobierno italiano)?
• ¿Quien es Mario Draghi (actual presidente del Banco Central Europeo)?
• ¿Que es Goldman Sachs?

• Goldman Sachs: es uno de los mayores bancos de inversión mundial y co-responsable directo, junto otras entidades como la agencia de calificación Moody's, de la crisis actual, y uno de sus mayores benficiarios. Sólo a modo de pincelada, en 2007 ganaron 4 mil millones de dólares en operaciones que desembocaron en el desastre actual. ¿Como lo hicieron? Animaron a los inversores a invertir en productos sub-prime que sabían que era productos basura, y al mismo tiempo se dedicaron a "apostar" en bolsa por el fracaso de los mismos. Eso es solo la punta del iceberg, y está muy documentado, podéis investigarlo. Mientras leéis este e-mail se están forrando a base de especulación sobre las deudas soberanas.

• Papademos: Actual primer ministro griego, tras la dimisión Papandreu. No elegido por el pueblo. - ex-gobernador del Banco de la Reserva Federal de Boston entre 1993 y 1994. - vicepresidente del Banco Central Europeo de 2002 a 2010. - Miembro de la Comisión Trilateral desde 1998, fundada por Rockefeller, lobby neo-liberal (se dedican a comprar políticos a cambio de sobornarles) - ex-Gobernador del Banco de Central Grecia entre 1994 y 2002. Falseó las cuentas de déficit público del país con la ayuda activa de Goldman Sachs, lo que condujo en gran parte e la actual crisis que sufre el país.

• Mariano Monti: Actual primer ministro de Italia tras la dimisión de Berlusconi. No elegido por el pueblo. - ex director europeo de la Comisión Trilateral antes mencionada. - ex-miembro del equipo directivo del grupo Bilderberg. - asesor de Goldman Sachs durante el periodo en que ésta ayudó a ocultar el déficit del gobierno griego.

•  Mario Draghi: Actual presidente del Banco Central Europeo en sustitución de Jean-Claude Trichet. - Ex-director ejecutivo de del Banco Munidal entre 1985 y 1990. - Vicepresidente por Europa de Goldman Sachs entre 2002 y 2006, periodo en que se realizó el falseo antes mencionado.

Bien, qué casualidad, todos de la mano de Goldman Sachs. Los que crearon la crisis se presentan ahora como la única opción viable para salir de la misma, en lo que la prensa estadounidense está empezando a llamar "El gobierno de Goldman Sachs en Europa". Se tiende a querer hacernos pensar que la crisis ha sido una especie de resbalón, pero la realidad apunta a que detrás de ella hay una voluntad perfectamente orquestada de hacerse con el poder directo en nuestro continente, en una maniobra sin precedentes en la Europa del siglo XXI. La estrategia de los grandes bancos de inversión y agencias de calificación es una variante de otras llevadas a cabo anteriormente en otros continentes, se viene desarrollando desde el inicio de la crisis y está desde mi punto de vista está siendo la siguiente:

1. Hundimos a los países mediante la especulación en bolsa/mercado. Los volvemos locos de miedo a lo que dirán los mercados, que nosotros controlamos, cada día.

2. Los obligamos a recurrir a préstamos para mantenerlos en Status Quo, o "salvarlos". Estos préstamos están estrictamente calculados para que los países no los puedan pagar, como es el caso de Grecia que no podría haber cubierto su deuda ni aunque su gobierno vendiera el país entero, y no es ninguna metáfora, es matemática.

3. Exigimos recortes sociales y privatizaciones en detrimento de los ciudadanos, bajo la amenaza de que si los gobiernos no los llevan a cabo, los inversores se retirarán por miedo a no poder recuperar el dinero invertido en la deuda de esos países y demás inversiones.

4. Se crea un altísimo nivel de descontento social, propicio para que el pueblo, ya sonado, accepte cualquier cosa con tal de salir de la situación.

5. Colocamos a nuestros hombres donde mejor convenga.

Parece ciencia ficción, pero este tipo de estrategias están perfectamente documentadas y se han venido utilizando con distintas variantes a lo largo el siglo XX y XXI en otros países, notablemente en latinoamérica por parte de los EEUU cuando se dedicaban, y se siguen dedicando en la medida que pueden, a asfixiar económicamente mediante la deuda exterior por ejemplo a países de América Central, para crear descontento social y aprovecharlo para colocar a dirigentes afines a sus intereses. Ahora esto está pasando en Europa, y ya no es que lo haga EEUU, sino que lo hace la industria financiera internacional. Y lo que está ocurriendo bajo la mirada impotente y/o cómplice de nuestros gobiernos es el mayor robo jamás realizado en la historia de la humanidad y a escala planetaria, son golpes de estado, y violaciones flagrantes de la soberanía de los estados y sus pueblos.

Economía de guerra. La gran regresión.

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La gran regresión

Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique

Está claro que no existe, en el seno de la Unión Europea (UE), ninguna voluntad política de plantarle cara a los mercados y resolver la crisis. Hasta ahora se había atribuido la lamentable actuación de los dirigentes europeos a su desmesurada incompetencia. Pero esta explicación (justa) no basta, sobre todo después de los recientes “golpes de Estado financieros” que han puesto fin, en Grecia y en Italia, a cierta concepción de la democracia. Es obvio que no se trata sólo de mediocridad y de incompetencia, sino de complicidad activa con los mercados.

¿A qué llamamos “mercados”? A ese conjunto de bancos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensión y fondos especulativos (hedge funds) que compran y venden esencialmente cuatro tipos de activos: divisas, acciones, bonos de los Estados y productos derivados

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Para tener una idea de su colosal fuerza basta comparar dos cifras: cada año, la economía real (empresas de bienes y de servicios) crea, en todo el mundo, una riqueza (PIB) estimada en unos 45 billones (1) de euros. Mientras que, en el mismo tiempo, a escala planetaria, en la esfera financiera, los “mercados” mueven capitales por un valor de 3.450 billones de euros. O sea, setenta y cinco veces lo que produce la economía real...

Consecuencia: ninguna economía nacional, por poderosa que sea (Italia es la octava economía mundial), puede resistir los asaltos de los mercados cuando éstos deciden atacarla de forma coordinada, como lo están haciendo desde hace más de un año contra los países europeos despectivamente calificados de PIIGS (cerdos, en inglés): Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Lo peor es que, contrariamente a lo que podría pensarse, esos “mercados” no son únicamente fuerzas exóticas venidas de algún horizonte lejano a agredir nuestras gentiles economías locales. No. En su mayoría, los “atacantes” son nuestros propios bancos europeos (esos mismos que, con nuestro dinero, los Estados de la UE salvaron en 2008). Para decirlo de otra manera, no son sólo fondos estadounidenses, chinos, japoneses o árabes los que están atacando masivamente a algunos países de la zona euro.

Se trata, esencialmente, de una agresión desde dentro, venida del interior. Dirigida por los propios bancos europeos, las compañías europeas de seguros, los fondos especulativos europeos, los fondos europeos de pensiones, los establecimientos financieros europeos que administran los ahorros de los europeos. Ellos son quienes poseen la parte principal de la deuda soberana europea (2). Y quienes, para defender –en teoría– los intereses de sus clientes, especulan y hacen aumentar los tipos de interés que pagan los Estados por endeudarse, hasta llevar a varios de éstos (Irlanda, Portugal, Grecia) al borde de la quiebra. Con el consiguiente castigo para los ciudadanos que deben soportar las medidas de austeridad y los brutales ajustes decididos por los gobiernos europeos para calmar a los “mercados” buitres, o sea a sus propios bancos...

Estos establecimientos, por lo demás, consiguen fácilmente dinero del Banco Central Europeo al 1,25% de interés, y se lo prestan a países como, por ejemplo, España o Italia, al 6,5%... De ahí la importancia desmesurada y escandalosa de las tres grandes agencias de calificación (Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s) pues de la nota de confianza que atribuyen a un país (3) depende el tipo de interés que pagará éste por obtener un crédito de los mercados. Cuanto más baja la nota, más alto el tipo de interés.

Estas agencias no sólo suelen equivocarse, en particular en su opinión sobre las subprimes que dieron origen a la crisis actual, sino que, en un contexto como el de hoy, representan un papel execrable y perverso. Como es obvio que todo plan de austeridad, de recortes y ajustes en el seno de la zona euro se traducirá en una caída del índice de crecimiento, las agencias de calificación se basan en ello para degradar la nota del país. Consecuencia: éste deberá dedicar más dinero al pago de su deuda. Dinero que tendrá que obtener recortando aún más sus presupuestos. Con lo cual la actividad económica se reducirá inevitablemente así como las perspectivas de crecimiento. Y entonces, de nuevo, las agencias degradarán su nota...

Este infernal ciclo de “economía de guerra” explica por qué la situación de Grecia se ha ido degradando tan drásticamente a medida que su gobierno multiplicaba los recortes e imponía una férrea austeridad. De nada ha servido el sacrificio de los ciudadanos. La deuda de Grecia ha bajado al nivel de los bonos basura.

De ese modo los mercados han obtenido lo que querían: que sus propios representantes accedan directamente al poder sin tener que someterse a elecciones. Tanto Lucas Papademos, primer ministro de Grecia, como Mario Monti, Presidente del Consejo de Italia, son banqueros. Los dos, de una manera u otra, han trabajado para el banco estadounidense Goldman Sachs, especializado en colocar hombres suyos en los puestos de poder (4). Ambos son asimismo miembros de la Comisión Trilateral.

Estos tecnócratas deberán imponer, cueste lo que cueste socialmente, en el marco de una “democracia limitada”, las medidas (más privatizaciones, más recortes, más sacrificios) que los mercados exigen. Y que algunos dirigentes políticos no se han atrevido a tomar por temor a la impopularidad que ello supone.

La Unión Europea es el último territorio en el mundo en el que la brutalidad del capitalismo es ponderada por políticas de protección social. Eso que llamamos Estado de bienestar. Los mercados ya no lo toleran y lo quieren demoler. Esa es la misión estratégica de los tecnócratas que acceden a las riendas del gobierno merced a una nueva forma de toma de poder: el golpe de Estado financiero. Presentado además como compatible con la democracia...

Es poco probable que los tecnócratas de esta “era post-política” consigan resolver la crisis (si su solución fuese técnica, ya se habría resuelto). ¿Qué pasará cuando los ciudadanos europeos constaten que sus sacrificios son vanos y que la recesión se prolonga? ¿Qué niveles de violencia alcanzará la protesta? ¿Cómo se mantendrá el orden en la economía, en las mentes y en las calles? ¿Se establecerá una triple alianza entre el poder económico, el poder mediático y el poder militar? ¿Se convertirán las democracias europeas en “democracias autoritarias”?

Notas

(1) Un billón = un millón de millones.

(2) En España, por ejemplo, el 45% de la deuda soberana lo poseen los propios bancos españoles, y los dos tercios del 55% restante, los detentan establecimientos financieros del resto de la Unión Europea. Lo cual significa que el 77% de la deuda española ha sido adquirida por europeos, y que sólo el 23% restante se halla en manos de establecimientos extranjeros a la UE.

(3) La nota más elevada es AAA, que, a finales de noviembre pasado, sólo poseían en el mundo algunos países: Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. La nota de Estados Unidos ha sido degradada, en agosto pasado, a AA+. La de España es actualmente AA-, idéntica a la de Japón y China.

(4) En Estados Unidos, Goldman Sachs ya consiguió colocar, por ejemplo, a Robert Rubin como Secretario del Tesoro del Presidente Clinton, y a Henry Paulson en esa misma función en el gabinete de George W. Bush. El nuevo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, fue también vicepresidente de Goldman Sachs para Europa de 2002 a 2005.

Cambiar el sistema

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Cambiar el sistema

Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique.

Los eurófilos más extasiados lo machacan sin cesar: si no dispusiéramos del euro, dicen, las consecuencias de la crisis serían peores para muchos países europeos. Divinizan un euro “fuerte y protector”. Es su doctrina y la defienden fanáticamente. Pero lo cierto es que tendrían que explicarles a los griegos (y a los irlandeses, a los portugueses, a los españoles, a los italianos y a tantos otros ciudadanos europeos vapuleados por los planes de ajuste) qué entienden por “consecuencias peores”... De hecho, estas consecuencias son ya tan insoportables socialmente que, en varios países de la eurozona, está subiendo, y no sin argumentos, una radical hostilidad hacia la moneda única y hacia la propia Unión Europea (UE).

No les falta razón a estos indignados. Porque el euro, moneda de 17 países y de sus 350 millones de habitantes, es una herramienta con un objetivo: la consolidación de los dogmas neoliberales (1) en los que se fundamenta la UE. Estos dogmas, que el Pacto de Estabilidad (1997) ratifica y que el Banco Central Europeo (BCE) sanciona, son esencialmente tres: estabilidad de los precios, equilibrio presupuestario y estímulo de la competencia. Ninguna preocupación social, ningún propósito de reducir el paro, ninguna voluntad de garantizar el crecimiento, y obviamente ningún empeño en defender el Estado del bienestar.

Con la vorágine actual, los ciudadanos van entendiendo que tanto el corsé de la Unión Europea, como el propio euro, han sido dos añagazas para hacerles entrar en una trampa neoliberal de la que no hay fácil salida. Se hallan ahora en manos de los mercados porque así lo han querido explícitamente los dirigentes políticos (de izquierda y derecha) que, desde hace tres decenios, edifican la Unión Europea. Ellos han organizado sistemáticamente la impotencia de los Estados con el fin de conceder cada vez más espacio y mayor margen de maniobra a mercados y especuladores.

Por eso se decidió (a insistencia de Alemania) que el BCE fuese “totalmente independiente” de los Gobiernos (2). Lo cual concretamente significa que queda fuera del perímetro de la democracia. De ese modo, ni los ciudadanos ni los Gobiernos elegidos por éstos pueden entorpecer sus opciones liberales.

Hoy, esas características (impotencia de los políticos, independencia del BCE) son en parte responsables de la incapacidad europea para resolver el drama de la deuda griega. La otra causa es que, bajo su aparente unidad, la UE (en este caso particular la eurozona) está profundamente dividida en dos bandos casi irreconciliables: por una parte, Alemania y su área de influencia (Benelux, Austria y Finlandia); por la otra: Francia, Italia, España, Irlanda, Portugal y Grecia.

El origen de la deuda griega (como el de la de los demás países periféricos afectados por la crisis de la deuda soberana, incluida España) es conocido. Cuando Grecia fue admitida en la zona euro (3), las instituciones financieras consideraron inmediatamente que este pequeño Estado presentaba, a pesar de su evidente fragilidad y de sus escasos recursos, todas las garantías necesarias para recibir créditos masivos y baratos. Llovieron sobre Atenas ofertas de financiación a tipos de interés de ganga, en particular por parte de bancos alemanes y franceses que incitaron a los gobernantes helenos a endeudarse a bajo coste y a largo plazo para adquirir principalmente material militar (4) alemán y francés...

Cuando estalla la crisis financiera de 2008 (llamada “de las subprimes”), ésta se extiende rápidamente al sector bancario europeo. Los establecimientos financieros carecen pronto de liquidez y restringen drásticamente el crédito. Lo que amenaza con asfixiar el conjunto de la economía. Para evitarlo, los Estados ayudan masivamente a la banca. Y la salvan. Para ello se endeudan aún más comprando dinero en el mercado internacional (ya que el BCE se niega a ayudarlos). Ahí, de repente, intervienen las agencias de calificación que sancionan el excesivo endeudamiento de los Estados (¡realizado para salvar a los bancos!)... Inmediatamente los tipos de interés de los préstamos a los Estados más endeudados se disparan... Y se produce la crisis de la deuda soberana.

En sí misma, la deuda griega es insignificante si se tiene en cuenta que el PIB de Grecia representa menos del 3% del PIB de la eurozona. El problema, técnicamente, podía haberse resuelto hace ya más de un año sin gran dificultad. Pero el gobierno conservador alemán, que enfrentaba entonces unas complicadas elecciones locales (finalmente perdidas), estimó que no sería moralmente justo que los griegos, acusados de “corrupción” y de “laxismo”, saliesen tan rápidamente del mal paso. Había que castigarlos para que no cundiese “el mal ejemplo”.

Una ayuda demasiado rápida a Atenas, declaró Angela Merkel, “tiene el efecto negativo de que otros países en dificultades podrían dejar de hacer esfuerzos” (5). Por eso, con el apoyo de sus aliados, Berlín empezó a poner pegas de todo tipo. Dejando pasar los meses.

Plazo que los mercados, excitados por el desacuerdo político europeo, aprovecharon para cebarse en Grecia. Todo se complicó entonces. Finalmente, Alemania acabó por aceptar un (incompleto) plan de ayuda con una condición: que participase en él el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Por qué? Por dos razones. Primero porque se estimaba que las instituciones europeas carecían de un verdugo lo suficientemente severo para escarmentar a los griegos. Segundo, porque la especialidad del FMI, desde hace cuarenta años, consiste en exigir siempre esfuerzos antisociales a los países endeudados. Sus recetas (aplicadas con saña en América Latina durante los años 1970 y 1980) son siempre las mismas: alza de las tasas al consumo, recortes brutales de los presupuestos públicos, estricto control de los salarios, privatizaciones masivas...(6).

El Gobierno de Papandreu tuvo que resignarse a adoptar un salvaje plan de austeridad. Pero el mal estaba hecho. El ritmo de la política europea es lento y largo, cuando el de los mercados es inmediato. Los especuladores entendieron que la Unión Europea era un gigante sin cerebro político, y el euro una “moneda fuerte” con estructura débil (no hay ejemplo en la historia, de una moneda que no esté encuadrada por una autoridad política). Atacaron a Irlanda, pasó lo mismo y volvieron a ganar. Atacaron a Portugal e ídem. Atacaron a España y a Italia, y los Gobiernos de estos países se apresuraron a autoimponerse las impopulares recetas del FMI.

Por toda Europa se extiende ahora la “doctrina de la austeridad expansiva”, que sus propagandistas presentan como un elixir económico universal cuando en realidad está causando un estrepitoso daño social. Peor aún, esas políticas de recortes agravan la crisis, asfixian a las empresas de todo tamaño al encarecer su financiación, y entierran la perspectiva de una pronta recuperación económica. Empujan a los Estados hacia la espiral de la autodestrucción, sus ingresos se reducen, el crecimiento no arranca, el paro aumenta, las (impresentables) agencias de calificación rebajan su nota de confianza, los intereses de la deuda soberana aumentan, la situación general empeora y los países vuelven a solicitar ayuda (7). Tanto Grecia, como Irlanda y Portugal –los tres únicos Estados “ayudados” hasta ahora por la Unión Europea (mediante el Fondo Europeo de Estabilización) y el FMI– han sidos precipitados, por los que Paul Krugman llama los “fanáticos del dolor” (8), a ese fatal tobogán.

Y el “Pacto del euro”, establecido en marzo pasado, tampoco resuelve nada. En realidad es una vuelta de tuerca suplementaria a la austeridad, un acuerdo “de competitividad” que prevé más recortes del gasto público, más medidas de disciplina fiscal, y penaliza principalmente –de nuevo– a los asalariados. Con amenazas de sanciones a los Estados que no cumplan el Pacto de Estabilidad (9). Propone la tutela de la deuda pública y un ritmo fijo de reducción, o sea: una limitación de la soberanía. “Los países europeos deben ser menos libres de emitir deuda”, afirma, por ejemplo, Lorenzo Bini Smaghi, miembro del directorio del BCE. Algunos eurócratas van más lejos, proponen que se le retire a un gobierno que no haya respetado el Pacto de Estabilidad, la responsabilidad de dirigir sus propias finanzas públicas...

Todo esto es absurdo y nefando. El resultado es una sociedad europea empobrecida en beneficio de la banca, de las grandes empresas y de la especulación internacional. Por ahora la legítima protesta de los ciudadanos se focaliza contra sus propios gobernantes, complacientes marionetas de los mercados. ¿Qué pasará cuando se decidan a concentrar su ira contra el verdadero responsable, o sea el sistema, es decir: la Unión Europea? 

(1) Definidos en los Tratados de Maastricht (1993), de Amsterdam (1999), de Niza (2003) y de Lisboa (2009). 

(2) Entre otras limitaciones, el BCE no puede prestar dinero a los Estados, sólo a la banca privada.

(3) Merced a un balance de su situación económica falseado y maquillado por el anterior gobierno conservador con la ayuda del banco estadounidense Goldman Sachs.

(4) Grecia es el principal importador de material militar de la Unión Europea y el Estado que consagra a su defensa (por razones de rivalidad con Turquía) el mayor porcentage de su PIB.

(5) El País, Madrid, 18 de julio de 2011.

(6) Léase Philippe Askenazy, “L’austérité imposée à la Grèce, de Charybde en Scylla”, Le Monde, París, 19 de julio de 2011.

(7) Aunque ha sido recibido con alivio por la prensa neoliberal, el nuevo plan de rescate a Grecia, anunciado el pasado 21 de julio, de poco servirá. Los mercados y los fondos buitres han olido la sangre y no detendrán sus ataques mientras no se les frene con auténticos cambios estructurales.

(8) Paul Krugman, “Cuando la austeridad falla”, El País, Madrid, 24 de mayo de 2011.

(9) Que fija el límite para el déficit presupuestario en un 3% del PIB, y el de la deuda soberana en un 60% del PIB.

Crisis económica y "guerras" íntimamente relacionadas.

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Los errores que nos están conduciendo hacia el desastre. Si realmente ha llegado el turno de Siria, Irán y Asia Central, la peor crisis aún está por llegar.

Joan Carrero Saralegui Presidente de la Fundació s´Olivar.

En uno de los cables de Wikileaks, el embajador de Estados Unidos en Kirguizistán se refería a una reunión con varios hombres de negocios británicos y canadienses a la que asistió junto al príncipe británico Andrew, representante especial de comercio del Reino Unido en Medio Oriente y Asia Central. El príncipe afirmó con energía: hay que impedir la expansión económica y política de Rusia y China en Asia Central, Occidente debe ganar el Gran Juego. Al usar estas categorías, el príncipe está siguiendo al gran ideólogo-creador de la Comisión Trilateral, Zbigniew Brzezinski, inspirador también de presidentes como Jimmy Carter, Bill Clinton o Barack Obama. Desde hace años, en sus escritos no tiene ningún reparo en formular con toda claridad el objetivo del Gran Juego: dominar el Continente Euroasiático, al que el Continente Africano, con sus excepcionales recursos, está a su vez subordinado. Quien lo domine controlará el mundo.

Se permite tal franqueza en libros y publicaciones especializadas porque sabe bien que esta perturbadora realidad no tendrá impacto en la gran masa en tanto que los grandes medios, que las grandes corporaciones controlan, no le dediquen espacios relevantes. Tras leer decenas de miles de cables secretos, Julian Assange enuncia así la principal de las conclusiones a las que llegó: han conseguido la muerte, a escala mundial, de la sociedad civil. Estas poderosas élites están tan seguras de ello que ya nada los detiene. Ha llegado la hora de su jaque mate en África y el Gran Medio Oriente. Acaba el periodo que iniciaron a finales de 1990 con los ataques a Ruanda e Irak, enclaves privilegiados para el dominio del África Central y del Gran Medio Oriente. Todo lo teorizado por ellos desde hace años se está ya ejecutando: tras Irak, Congo, Sudán, Libia, etc. tienen su mirada puesta en Siria, Irán, Asia Central, etc. De momento la pieza mayor es Irán. La conquista de Siria es un paso previo para aislarlo, acosarlo y hacerlo caer. Además, tras la caída Libia y Siria en manos de Occidente, ni Rusia ni China tendrán ya ningún puerto “amigo” en el Mediterráneo.

Para otros expertos, el proceso está tan adelantado que estas élites, fundamentalmente anglosajonas, se atreverían ya a actuar directamente en Asia Central, en las fronteras mismas de China y Rusia. Aprovechando el encandilamiento del mundo frente a Barack Obama, están ya de hecho tomando decisiones que ni con Clinton ni con Bush se habían atrevido a tomar. En todo caso, muy buenos conocedores del complejo financiero-militar-industrial estadounidense alertan de que ya están muy avanzados los preparativos de un ataque a Irán, que incluye armamento dotado de cabezas nucleares. Durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la conciencia de que la destrucción mutua estaba asegurada en el caso de que estallase una guerra, fue un freno efectivo. Ahora losEstados Unidos están convencidos de poseer una tecnología militar tan sofisticada que les permite, por ejemplo, atravesar con armamento nuclear los búnkeres iraníes y controlar a la vez las consecuencias de tal ataque. El problema es que el ataque a Irán o a Pakistán será considerablemente diferente a los anteriores: nos llevará seguramente a las puertas de la Tercera Guerra Mundial.

La humanidad está al borde del abismo, pero nuestra sociedad está tan manipulada que es incapaz de comprender la conexión que existe entre los acontecimientos. Cree que las “lejanas” guerras no nos afectan directamente. Pero la crisis económica está íntimamente relacionada con ellas. Wall Street es el foco en el que se originó la crisis (gracias a que el “carismático” Bill Clinton desregularizó en el año 2000 los controles estrictos ya existentes sobre las políticas de supervisión de créditos e hipotecas de alto riesgo) y es también el financiador de la economía de guerra que exige al Departamento de Defensa inversiones cada vez más milmillonarias. Producen mareo las cifras de lo que ha costado, por ejemplo, la Guerra de Irak o las del rescate de los bancos, así como el impresionante listado de todos los proyectos sociales que se podrían haber realizado con tales cifras. Pero aunque los gastos de las guerras o los rescates bancarios los paga la sociedad, losbeneficios del petróleo y de la especulación sólo enriquecen, y de modo exorbitante, a unos pocos.

Si realmente ha llegado el turno de Siria, Irán y Asia Central, seguramente se avecina una crisis bélica, económica y medioambiental de una magnitud difícil de imaginar. A estas alturas, para quienes tienen interés en informarse es difícil dejar de ver que una reducida y poderosa élite occidental va tomando desde hace años, a puerta cerrada, unas decisiones económicas y militares cada vez más globales y totalitarias. Quienes crean que el proyecto de dominación de estas gentes no escomparable al del régimen nazi, puede escuchar las conversaciones en las que Nixon dice a Kissinger (durante el conflicto de Vietnam) que debe pensar por una vez a lo grande, que debe pensar en la bomba atómica. El totalitarismo, ahora plutocrático, nunca muere. Estas gentes perciben siempre la realidad de un modo absolutamente diferente al nuestro, son verdaderos psicópatas que no conocen la culpa. Para ellos, las incalculables y devastadoras consecuencias que conllevará su proyecto son meras estadísticas. Son a lo sumo daños colaterales, son los dolores del parto de su Nuevo Orden Mundial. Nada de todo esto estaría sucedido si no existiese un proyecto de dominación global, pero tampoco si la sociedad hubiese reaccionado. El régimen nazi por sí solo no habría podido llevar al mundo hacia el desastre. Durante el nazismo, Gandhi y Einstein calificaron al silencio de la gran masa de la gente buena de cómplice y espantoso. A pesar de todo, en línea con el Movimiento del 15 M, estoy convencido de que aún es posible revertir esta situación. En todo caso estamos éticamente obligados a oponernos a ella. Como causas de ese silencio que también hoy nos están conduciendo hacia el desastre, enumero cinco errores:

1º El desinterés por acceder a una información veraz sobre las causas y la gravedad de la situación. Lo que está sucediendo es mucho más grave de lo que nuestra sociedad cree y de lo que transmiten los grandes medios de comunicación. Pero la gente “no tiene tiempo” para informarse sobre quienes y porqué estándestrozando sus vidas.

2º El espejismo de que las “lejanas” y cada vez más numerosas guerras no nos afectan directamente. Nuestra sociedad prefiere no ver que la crisis económica está íntimamente relacionada con la economía de guerra en la que en realidad estamos.

3º La sensación de impotencia frente esta situación. Para estas élites la gran masa es ignorante, torpe y fácilmente manipulable. Y lo somos realmente si no nos informamos, si no superamos nuestra sensación de impotencia y si no empezamos ya a actuar en conciencia y por dignidad.

4º La ilusión de que es posible una política sin dignidad. La pura sumisión a “losmercados” no merece ser llamada política. Quienes, tras la publicación de miles decables de WikiLeaks, aún no se hayan enterado del grado de sumisión de los másaltos responsables de la política española a estos ambiciosos y belicosos lobbies que están llevando a nuestro mundo al borde del abismo, ya no pueden alegar “yo no lo sabía”. Pero a pocos de nuestros electores se les ocurre el condicionar su voto a la no colaboración de nuestros propios políticos nacionales con esos lobbies anglosajones depredadores y criminales.

5º La fantasía de que es posible la dignidad sin la política. Es curioso que circulen con tanta frecuencia en Internet campañas contra el despilfarro de los políticos y casi nadie nos recuerde que los sueldos de algunos altos ejecutivos son cuarenta veces los del político que más cobra. Las campañas de descrédito de la política (no de los políticos indignos sino de la política en sí misma) sólo hacen el juego a esos mismos clubes cuyo objetivo final no es otro que el de conseguir que los Estados (y por tanto la voluntad de los pueblos) queden totalmente supeditados a “los mercados”, es decir, a las directrices económicas cada vez más opresivas que nos imponen ellos.