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Merche Valls, Gemma Tarafa y Daniel Gómez, Publico.
La esperada reforma de los principales mecanismos de supuesta ayuda al desarrollo –en la práctica, generadores de deuda–, que estos días se tramita en las Cortes Generales, todavía no garantiza suficientemente que los recursos públicos de la cooperación española puedan dejar de destinarse a proyectos o empresas que violen los derechos humanos (DDHH), corrompan o tengan un fuerte impacto sobre el medio ambiente. Asimismo, esta reforma incrementará aun más la deuda externa de los países empobrecidos al aumentar el porcentaje de créditos incluidos en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
En efecto, tanto el Proyecto de Ley de reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM), como el Proyecto de Ley del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE), no ofrecen una salida al problema de la deuda externa, sino que lo aumentan, al incluir instrumentos crediticios sin garantías de que no se generará una nueva deuda ilegítima, como ha sucedido en el pasado. Así, según denuncia la campaña ¿Quién debe a Quién?, “pese a prometer grandes cambios, la reforma no es tal; se crean nuevos instrumentos para no cambiar nada en absoluto. El Gobierno simplemente propone más de lo mismo”.
Las dos herramientas a reformar son el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y la cobertura de riesgo empresarial de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE). Ambos son mecanismos de apoyo a la internacionalización empresarial y generan la casi totalidad de la deuda externa de la que el Estado español es acreedor. Esta reforma es fruto de la presión de los movimientos y organizaciones sociales que han denunciado el uso de estos instrumentos como generadores de deudas ilegítimas en los países del Sur.
Así, los créditos del FAD se crearon para impulsar la internacionalización de las empresas españolas a través de la concesión de créditos blandos o donaciones, con la condición que los países receptores utilizasen dichos recursos para la compra de bienes y servicios de empresas españolas. Según el Observatorio de la Deuda en la Globalización, “este tipo de créditos ha financiado numerosos proyectos que sólo han servido para engrosar las cuentas bancarias de los dirigentes y empresarios partícipes, han apoyado dictaduras o regímenes no democráticos, se han destinado a proyectos social y medioambientalmente dañinos en los países receptores o han atentado contra los derechos fundamentales de los pueblos que hoy los están pagando. Es decir, se trata de deudas de cobro ilegítimo”. Un ejemplo de ello es el 100% de la deuda reclamada a Chad.
Tiene su origen en dos créditos que sirvieron para rehabilitar y ampliar un hotel de lujo en un país que se encuentra entre los diez más empobrecidos del planeta. También se han denunciado proyectos inconclusos con desviaciones de fondos, pagos de comisiones y evidencias de corrupción en Nicaragua y El Salvador o la venta de armas a Angola, Somalia e Indonesia.
Por otro lado, CESCE nace como una empresa pública (actualmente de capital mixto) para asegurar las exportaciones españolas en aquellos países considerados con alto riesgo político. Una alternativa para aquellas empresas españolas que dudan en hacer negocio en países políticamente inestables. Lo que mayoritariamente se está asegurando son los créditos que permiten realizar las exportaciones. Se genera deuda externa pública cuando la operación comercial resulta fallida. En este caso, CESCE paga a la empresa exportadora española y reclama la deuda originada por este impago a la administración del país donde se realizó la importación (debido a una cláusula de garantía soberana por la cual el país receptor avala las importaciones). Así, la deuda privada pasa a ser pública. La aplastante falta de transparencia de CESCE no ha impedido que salgan a la luz algunos de los proyectos asegurados en países del Sur con gran impacto social y medioambiental, como el de las Tres gargantas en China. En Irak, CESCE continúa reclamando la cantidad de cien millones de euros, adquiridos por Sadam Hussein, una deuda con origen odioso que debería ser cancelada. Por todo ello, ¿Quién debe a Quién? exige que las nuevas leyes deben contemplar la garantía de que en ningún caso los créditos comerciales del FIEM puedan computar como AOD, ya que su objeto único es el fomento de la internacionalización de las empresas españolas.
Además, se debe evitar que los países de menor renta que el Estado español, con procesos de sobreendeudamiento, puedan ser receptores de crédito a fin de no incrementar su deuda y, por tanto, de limitar las posibilidades de invertir en su propio desarrollo. Asimismo, deben contemplar el establecimiento de mecanismos públicos de control, seguimiento y evaluación independiente de cada uno de los proyectos, garantizando la regulación de obligado cumplimiento en materia de transparencia, participación y rendición de cuentas.
Por otro lado, deben asegurar la imposibilidad de que se otorguen créditos o seguros a operaciones que no salvaguarden los DDHH de ninguna forma. Por último, deben contemplar la realización de auditorías integrales de deuda, a fin de conocer el origen legítimo del cobro de las mismas, como ya se han realizado en Ecuador o Noruega. Con ello, conseguiríamos una reforma en la que se priorizasen los DDHH por encima de cualquier interés económico.
Merche Valls, Gemma Tarafa y Daniel Gómez forman parte de la campaña ‘¿Quién debe a Quién?’ por la abolición de la deuda
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