HUELGA MAPUCHE: LOGROS Y VICTORIAS

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“Esta huelga es sólo una acción más en el proceso de reconstrucción del pueblo mapuche, razón por la cual ellos deben estar vivos”. Natividad Llanquileo / La presión ejercida por parte de los huelguistas, junto a la solidaridad nacional e internacional, logró generar uno de los avances más grandes en la visibilización del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, que mantiene a decenas de mapuche presos condenados por supuestos actos de terrorismo.

HUELGA MAPUCHE: LOGROS Y VICTORIAS

Rocío Alorda desde Concepción,Comunicaciones Aliadas.

“Esta huelga es sólo una acción más en el proceso de reconstrucción del pueblo mapuche, razón por la cual ellos deben estar vivos”

Con estas palabras, Natividad Llanquileo, vocera de los presos políticos mapuche en huelga de hambre en la sureña ciudad de Concepción, región del Bío-Bío, anunció el 1 de octubre el fin de la medida de fuerza que mantuvieron por 82 días los comuneros de las cárceles de Concepción, Lebu (Bío-Bío) y Valdivia (Región de Los Ríos).

La presión ejercida por parte de los huelguistas, junto a la solidaridad nacional e internacional, logró generar uno de los avances más grandes en la visibilización del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, que mantiene a decenas de mapuche presos condenados por supuestos actos de terrorismo.

El acuerdo firmado entre el gobierno y los voceros de los 24 presos de Concepción, Lebu y Valdivia, de un total de 38, apunta a reformas en la Ley Antiterrorista —que data de la dictadura militar— y las normas sobre enjuiciamiento de civiles por parte de tribunales militares, respondiendo a los principios establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“En consecuencia con estas reformas legales en curso, el gobierno considera que lo que en derecho corresponde es no perseverar en la querella terrorista presentada en su oportunidad bajo la presidencia de doña Michelle Bachelet [2006-2010]. Ello, por cuanto bajo este nuevo marco normativo promovido, el gobierno no tiene convicción que los hechos por los cuales se ha imputado a los denominados ‘comuneros mapuche’ puedan seguir siendo calificados como conductas terroristas”, dice el acuerdo.

Así, el compromiso del gobierno es de desistir de todas las querellas por delitos terroristas para ser replanteadas bajo las normas del derecho penal común, además de impulsar en el Congreso reformas al Código de Justicia Militar para que los civiles sean juzgados por los tribunales ordinarios, evitando así un doble juzgamiento.

La protesta de los presos políticos se inició el 12 de julio exigiendo el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista en el conflicto social mapuche, que permite el doble enjuiciamiento en la justicia civil y militar y el uso de testigos sin rostro en las causas, entre otros puntos. Los mapuche fueron acusados —en la mayoría de los casos— de actividades terroristas por incendiar instalaciones agrícolas de propiedad privada que reclamaban como su territorio ancestral.

Fungieron de mediadores en este proceso Mons. Ricardo Ezzati, arzobispo de Concepción, el abogado de los comuneros Adolfo Montiel, la vocera Natividad Llanquileo; Pamela Pezoa, pareja de Héctor Llaitul, comunero preso en la cárcel de Concepción, y el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado.

Huelga continúa en Angol

A pesar del acuerdo establecido con los comuneros detenidos en las cárceles de Concepción, Lebu y Valdivia, 14 presos mapuche recluidos en las cárceles de Angol, Temuco y Chol Chol e internados en el hospital de Victoria —Región de la Araucania— continúan con la huelga de hambre.

En un comunicado publicado el 3 de octubre, los huelguistas de Angol señalaron que “las reformas propuestas por el gobierno [del presidente Sebastián Piñera] siguen atentando contra derechos humanos fundamentales, entre ellos, el debido proceso, el derecho a la intimidad, el derecho de defensa”.

Sobre la Ley Antiterrorista, los huelguistas indicaron que las modificaciones planteadas “tienden a perfeccionar su aplicación y no hay garantías de que no se vuelva a aplicar a la protesta social mapuche”, tal como lo ha recomendado James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas.

“El retiro de las querellas por parte del Ejecutivo no cambia en nada la actual situación procesal de los huelguistas”, señalan en su comunicado los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol.

Los comuneros de Angol han hecho un llamado a continuar con la movilización, declarándose “decididos a mantener nuestra huelga de hambre, hasta las últimas consecuencias, hasta que el Estado dé solución a los puntos planteados al inicio de la movilización. Hacemos un llamado amplio a organizaciones y comunidades mapuche, como también a los organismos internacionales, a seguir apoyando la huelga de hambre”.

Entre los puntos planteados al comienzo de la movilización están —además de terminar con la Ley Antiterrorista y su aplicación en causas mapuche— el fin al doble procesamiento civil y militar en procesos judiciales de mapuche, la libertad a todos sus presos políticos y la desmilitarización de las comunidades y de su territorio.

La Ley Antiterrorista

La aplicación de esta ley, la 18.314, promulgada en 1984, determina conductas terroristas y fija su penalidad para perseguir y reprimir hechos presuntamente delictivos.

“En la ley común se puede estar procesado pero libre con alguna medida que no te permite abandonar el país, pero con la Ley Antiterrorista, sólo por sospecha te condenan en la cárcel con procesos muy largos. Entonces, sin ser juzgada, una persona está presa sólo por el hecho de estar procesada, habiendo jóvenes a los que se les aplica la ley y arriesgan condenas hasta por 110 años”, señala Domingo Marileo, presidente de la Asamblea de Mapuche de Izquierda.

“La Ley Antiterrorista del Estado de Chile es la reserva de las oligarquías y poderes fácticos de este país que funciona como un resguardo de sus grandes intereses económicos, por lo que viene a cuidar a las grandes transnacionales”, explica Marileo. “En el sur, como se ha puesto en peligro el proceso de despliegue de las grandes transnacionales, se ha comenzado a aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuche y esto se expresa en que a un imputado, por apenas una sospecha, lo pueden encarcelar sin derecho a tener medidas cautelares en libertad o fuera de presión”.

Con el acuerdo se espera que se ponga fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista para los presos mapuche, proceso que avanzó a fines de setiembre cuando el Congreso inició una discusión sobre dicha norma. Por ello se espera que la ley se modifique, a través de un artículo transitorio, estableciendo que los comuneros de la VII y XIX regiones sean juzgados de acuerdo con la ley común para los casos comprendidos en el periodo 2005-2010, los cuales no serán considerados como delitos terroristas.

Mientras se mantuvo la huelga, el apoyo y la solidaridad fueron permanentes.

“El apoyo fue bueno y lo mejor es que se tomó conciencia, la gente ahora entiende, hay más claridad política y se ha comprendido el conflicto”, explica Alejandra, comunera mapuche que acompañó a los presos mapuche de Concepción y quien pidió mantener su apellido en reserva.

La respuesta de la gente en diversas regiones de Chile y a nivel internacional se hizo sentir y se expresó cada miércoles, día que se estableció como jornada permanente de movilización.

En Santiago, Concepción y Temuco se llevaron a cabo movilizaciones masivas durante los casi tres meses que duró la huelga. “La marcha es la expresión de lo que la gente siente, es una herramienta para visibilizar el valor y compromiso que la gente tiene”, indicó Alejandra, quien explicaba que el sacrificio de los comuneros ha valido la pena al instalar el tema de vulnerabilidad de derechos que viven los indígenas en Chile y romper con el círculo de silencio que durante muchos años hubo en torno al conflicto.

Pero aún queda por resolver la situación de los 14 presos que siguen en huelga de hambre en Angol. Por lo pronto, Mons. Ezzati ha hecho un llamado a continuar con el diálogo.

IMÁGINES MASACRE KIBEHO (RWANDA)

Massacres à Kibeho 22-04-1995

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Massacres à Kibeho 22-04-1995

Fundació Olivar

Por fin las imágenes de la masacre de Kibeho, una de las masacres del FPR que todos los "grandes" de la ONU y del mundo conocían, pero era como si no existiesen ya que a nadie interesaron durante 15 años. Un campo de unos 100.000 civiles atacado con armas pesadas por Kagame y sus "liberadores". Resultado: miles de de muertos... Unos 6.000 según Abdul Ruzibiza que acaba de fallecer y que siempre ha acertado en sus testimonios y análisis.

"El ala dura del régimen de Kigali practica una política de despoblamiento. Innumerables víctimas de arrestos arbitrarios y de venganzas se amontonan en las prisiones u otros lugares de detención. Allí mueren o desaparecen por la noche. Así dejan lugar para otros 1.500 ó 2.000 nuevos arrestados cada mes.

Los actos de genocidio perpetrados en Ruanda por el ala dura en el poder, y en particular la masacre de Kibeho, han mostrado el verdadero rostro del régimen de Kigali, y aún se podría temer un endurecimiento de la postura de los extremistas en el poder: su voluntad de eliminar el máximo de población hutu bajo la perspectiva de las próximas citas electorales." Carta al secretario general de la ONU, Boutros Boutros Ghali, del arzobispo Christophe Munzihirwa el 15 mayo 1995.

"Pedimos a los lobbies internacionales de los tutsis que dirigen Ruanda y Burundi que cesen de organizar la desinformación internacional con la finalidad de engañar a la opinión pública internacional. Pedimos al Consejo de Seguridad de las naciones Unidas que revise su decisión de levantar el embargo de armas a Ruanda [al FPR]. […] ¿Es que no se ve una intención clara de hacer desaparecer a una parte del grupo hutu, y ciertamente a todos los intelectuales, que es lo que ocurrió de hecho en 1972 en Burundi y se está haciendo actualmente?" Carta de 1996 del arzobispo Christophe Munzihirwa al ex presidente Jimmy Carter, al embajador de Estados Unidos en el Zaire y al secretario general de la ONU. Tras expresar su extrañeza ante el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos estuviese ayudando al de Kigali y de que 50 instructores militares norteamericanos estuviesen instruyendo a los soldados del Ejército ruandés que asesinaban a muchísimos agricultores hutus, Christophe Munzihirwa se preguntaba: “¿Cómo juzgar esta ayuda norteamericana empleada en asesinatos de poblaciones civiles inocentes?” Poco después era asesinado.

"La ONU ha encubierto los horribles crímenes cometidos por el FPR. Cinco años después de la tragedia de Ruanda, la ONU se halla en el banco de los acusados como cómplice del FPR. Cuando se revelen los asesinatos de Kibeho, de los campos de refugiados de Burundi y Zaire, de Tingi Tingi, de Kisangani y Mbandaka y se reclame justicia, ¿qué responderá la comunidad internacional a la pregunta de por qué no se han investigado estos crímenes? La ONU, que tenía la misión de proteger a los refugiados a través de uno de sus órganos, el HCR, permitió conscientemente que los masacraran. Hoy en día, las Naciones Unidas se hallan bajo sospecha por el papel desempeñado en el genocidio tutsi, y mañana deberá responder por la sangre de los hutus derramada por el FPR. Y el número de víctimas hutus no tiene comparación con el de los tutsis asesinados, ya que al menos han muerto dos millones de los primeros y continúan muriendo actualmente bajo la represión del FPR." Carta dirigida por Cristophe Hakizabera el 10 de agosto de 1999 a la comisión de la ONU encargada de investigar las responsabilidades de Naciones Unidas en el drama ruandés.

CONSPIRACIÓN GOLPE ESTADO ECUADOR

Conspiración contra Rafael Correa - Golpe Estado Ecuador

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Nota sobre el frustrado golpe de estado en Ecuador

Atilio A. Boron

¿Qué pasó ayer en Ecuador?

Hubo una tentativa de golpe de Estado. No fue, como dijeron varios medios en América Latina, una "crisis institucional", como si lo ocurrido hubiera sido un conflicto de jurisdicciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino una abierta insurrección de una rama del primero, la Policía Nacional, cuyos efectivos constituyen un pequeño ejército de 40.000 hombres, en contra del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que no es otro que su presidente legítimamente electo. Tampoco fue lo que dijo Arturo Valenzuela, Subsecretario de Estado de Asuntos Interamericanos, "un acto de indisciplina policial". ¿Caracterizaría de ese modo lo ocurrido si el equivalente de la Policía Nacional del Ecuador en EEUU hubiera vapuleado y agredido físicamente a Barack Obama, lesionándolo; lo hubiera secuestrado y mantenido en reclusión durante 12 horas en un hospital policial hasta que un comando especial del Ejército lo liberaba luego de un intenso tiroteo? Seguramente que no, pero como se trata de un mandatario latinoamericano lo que allá suena como intolerable aberración aquí aparece como una travesura de escolares.

En general todos los oligopolios mediáticos ofrecieron una versión distorsionada de lo ocurrido el día de ayer, evitando cuidadosamente hablar de tentativa de golpe de Estado. En lugar de eso se referían a una "sublevación policial" lo cual, a todas luces, convierte los acontecimientos del Jueves en una anécdota relativamente insignificante. Es un viejo ardid de la derecha, siempre interesada en restar importancia a las tropelías que cometen sus partidarios y a magnificar los errores o problemas de sus adversarios. Por eso viene bien recordar las palabras pronunciadas este viernes, en horas de la mañana, por el presidente Rafael Correa cuando caracterizó lo ocurrido como "conspiración" para perpetrar un "golpe de Estado". Conspiración porque, como fue más que evidente en el día de ayer, hubo otros actores que manifestaron su apoyo al golpe en gestación : ¿no fueron acaso efectivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana –y no de la Policía Nacional- los que paralizaron el Aeropuerto Internacional de Quito y el pequeño aeródromo utilizado para vuelos provinciales? ¿Y no hubo grupos políticos que salieron a apoyar a los golpistas en calles y plazas? ¿No fue el propio abogado del ex presidente Lucio Gutiérrez uno de los energúmenos que trató de entrar por la fuerza a las instalaciones de la Televisión Nacional del Ecuador? ¿No dijo acaso el Alcalde de Guayaquil y gran rival del presidente Correa, Jaime Nebot, que se trataba de un conflicto de poderes entre un personaje autoritario y despótico, Correa, y un sector de la policía, equivocado en su metodología pero a quien le asistía la razón en sus reclamos? Esta falsa equidistancia entre las partes en conflicto era una indirecta confesión de su complacencia ante los acontecimientos en curso y de su íntimo deseo de librarse de su -hasta ahora al menos- inexpugnable enemigo político. Para ni hablar de la lamentable involución del movimiento “indígena” Pachakutik, que en medio de la crisis hizo pública su convocatoria al “movimiento indígena, movimientos sociales, organizaciones políticas democráticas, a constituir un solo frente nacional para exigir la salida del Presidente Correa. "¡Sorpresas te da la vida!”, decía Pedro Navaja; pero no hay tal sorpresa cuando uno toma nota de los generosos aportes que la USAID y el National Endowment for Democracy han venido haciendo en los últimos años para “empoderar” a la ciudadanía ecuatoriana a través de sus partidos y movimientos sociales.

Conclusión: no fue un pequeño grupo aislado dentro de la policía quien intentó dar el golpe, sino un conjunto de actores sociales y políticos al servicio de la oligarquía local y el imperialismo, que jamás le va a perdonar a Correa haber ordenado el desalojo de la base que Estados Unidos tenía en Manta, la auditoría de la deuda externa del Ecuador y su incorporación al ALBA, entre muchas otras causas. Incidentalmente, la policía ecuatoriana hace ya muchos años que, al igual que otras de la región, viene siendo instruida y adiestrada por su contraparte estadounidense. ¿Habrán incluido alguna clase de educación cívica, o sobre la necesaria subordinación de las fuerzas armadas y policiales al poder civil? No parece. Más bien, actualiza la necesidad de poner fin, sin más dilaciones, a la “cooperación” entre las fuerzas de seguridad de la mayoría de los países latinoamericanos y las de Estados Unidos. Ya se sabe qué es lo que enseñan en esos cursos.

¿Por qué fracasó el golpe de Estado?

Básicamente por tres razones: en primer lugar, por la rápida y efectiva movilización de amplios sectores de la población ecuatoriana que, pese al peligro que existía, salió a ocupar calles y plazas para manifestar su apoyo al presidente Correa. Ocurrió lo que siempre debe ocurrir en casos como estos: la defensa del orden constitucional es efectiva en la medida en que es asumida directamente por el pueblo, actuando como protagonista y no como simple espectador de las luchas políticas de su tiempo. Sin esa presencia del pueblo en calles y plazas, cosa que había advertido Maquiavelo hace quinientos años, no hay república que resista los embates de los personeros del viejo orden. El entramado institucional por sí sólo es incapaz de garantizar la estabilidad del régimen democrático. Las fuerzas de la derecha son demasiado poderosas y dominan ese entramado desde hace siglos. Sólo la presencia activa, militante, del pueblo en las calles puede desbaratar los planes golpistas.

En segundo lugar, el golpe pudo ser detenido porque la movilización popular que se desarrolló con gran celeridad dentro del Ecuador fue acompañada por una rápida y contundente solidaridad internacional que se comenzó a efectivizar ni bien se tuvieron las primeras noticias del golpe y que, entre otras cosas, precipitó la muy oportuna convocatoria a una reunión urgente y extraordinaria de la UNASUR en Buenos Aires. El claro respaldo obtenido por Correa de los gobiernos sudamericanos y de varios europeos surtió efecto porque puso en evidencia que el futuro de los golpistas, en caso de que sus planes finalmente culminaran exitosamente, sería el ostracismo y el aislamiento político, económico e internacional. Se demostró, una vez más, que la UNASUR funciona y es eficaz, y la crisis pudo resolverse, como antes la de Bolivia, en 2008, sin la intervención de intereses ajenos a América del Sur.

Tercero, pero no último en importancia, por la valentía demostrada por el presidente Correa, que no dio brazo a torcer y que resistió a pie firme el acoso y la reclusión de que había sido objeto pese a que era más que evidente que su vida corría peligro y que, hasta el último momento, cuando se retiraba del hospital, su automóvil fue baleado con claras intenciones de poner fin a su vida. Correa demostró poseer el valor que se requiere para acometer con perspectivas de éxito las grandes empresas políticas. Si hubiese flaqueado, si se hubiera acobardado, o dejado entrever una voluntad de someterse al designio de sus captores otro habría sido el resultado. La combinación de estos tres factores: la movilización popular interna, la solidaridad internacional y la valentía del presidente terminó por producir el aislamiento de los sediciosos, debilitando su fuerza y facilitando la operación de rescate efectuada por el Ejército ecuatoriano.

¿Puede volver a ocurrir?

Sí, porque los fundamentos del golpismo tienen profundas raíces en las sociedades latinoamericanas y en la política exterior de Estados Unidos hacia esta parte del mundo. Si se repasa la historia reciente de nuestros países se comprueba que las tentativas golpistas tuvieron lugar en Venezuela (2002), Bolivia (2008), Honduras (2009) y Ecuador (2010), es decir, en cuatro países caracterizados por ser el hogar de significativos procesos de transformación económica y social y, además, por estar integrados a la ALBA. Ningún gobierno de derecha fue perturbado por el golpismo, cuyo signo político oligárquico e imperialista es inocultable. Por eso el campeón mundial de la violación de los derechos humanos, Álvaro Uribe, con sus miles de desaparecidos, sus fosas comunes, sus “falsos positivos”, jamás tuvo que preocuparse por insurrecciones militares en su contra durante los ocho años de su mandato. Y es poco probable que los otros gobiernos de derecha que hay en la región vayan a ser víctimas de una tentativa golpista en los próximos años. De las cuatro que hubo desde 2002 tres fracasaron y sólo una, la perpetrada en Honduras en contra de Mel Zelaya, fue coronada exitosamente (*). El dato significativo es que su ejecución fue sorpresiva, en el medio de la noche, lo cual impidió que la noticia se conociese hasta la mañana siguiente y el pueblo tuviera tiempo de salir a ganar calles y plazas. Cuando lo hizo ya era tarde porque Zelaya había sido desterrado. Además, en este caso la respuesta internacional fue lenta y tibia, careciendo de la necesaria rapidez y contundencia que se puso de manifiesto en el caso ecuatoriano. Lección a extraer: la rapidez de la reacción democrática y popular es esencial para desactivar la secuencia de acciones y procesos del golpismo, que rara vez es otra cosa que un entrelazamiento de iniciativas que, a falta de obstáculos que se interpongan en su camino, se refuerzan recíprocamente. Si la respuesta popular no surge de inmediato el proceso se retroalimenta, y cuando se lo quiere parar ya es demasiado tarde. Y lo mismo cabe decir de la solidaridad internacional, que para ser efectiva tiene que ser inmediata e intransigente en su defensa del orden político imperante. Afortunadamente estas condiciones se dieron en el caso ecuatoriano, y por eso la tentativa golpista fracasó. Pero no hay que hacerse ilusiones: la oligarquía y el imperialismo volverán a intentar, tal vez por otras vías, derribar a los gobiernos que no se doblegan ante sus intereses.

(*) Los cuatro golpes de Estado arriba señalados corresponden a otros tantos países del ALBA. Habría que agregar el caso de Haití , que no se incluyó en nuestra enumeración porque no se hallaba vinculado al ALBA. El 28 de Febrero del 2004 Jean-Bertrand Aristide fue secuestrado, también en altas horas de la noche, subido a un avión fletado por el gobierno de Estados Unidos, forzado a presentar su renuncia y desterrado a un país africano. Como en otros casos, también en Haití hubo grandes manifestaciones populares exigiendo la reposición de Aristide en la presidencia, pero todo fue en vano..

Comités Óscar Romero apoyan Huelga General 29 Septiembre.

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Los Comités de Solidaridad con América Latina Monseñor Óscar Romero del Estado Español (Madrid, Torrejón de Ardoz, Murcia, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Vigo, Linares, Santa Margarida de Montbui, Barcelona, Tarragona, Lleida, Cádiz...) apoyan la convocatoria de Huelga General del próximo 29 de septiembre.

Los CORs (Comités Oscar Romero) nacimos de la llamada de las comunidades cristianas centroamericanas que en los años 80 sufrían los envites del neoliberalismo, y nos pidieron establecer lazos de solidaridad difundiendo al resto del mundo su situación. Llevamos el nombre de Oscar Romero -obispo asesinado por los escuadrones de la muerte de El Salvador, por ponerse al lado de los empobrecidos- como símbolo de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Observamos que el giro dado por el gobierno español, entregado como un neoconverso a las doctrinas del FMI, vulneran los derechos humanos y denigran a la clase política, que se pone así al servicio de las tesis neoliberales más salvajes, tal y como se venían aplicando hasta ahora en los países del Sur. Entendemos que la reforma laboral, las políticas regresivas de recorte del gasto social -nos duele especialmente el recorte efectuado a la solidaridad internacional- y la anunciada reforma de las pensiones, hacen imprescindible esta huelga general.

Deseamos que sea un éxito y animamos a todos los simpatizante de los CORs, a todos los creyentes que se dejen interpelar por su fe en la justicia, a todos los ateos militantes y a la sociedad en general a que participe activamente para conseguir una reconfiguración de fuerzas que facilite el camino hacia la construcción de ese otro mundo posible, mejor y necesario, bajo los parámetros de la solidaridad y la inteligencia.

Secretaría Estatal
Comités de Solidaridad con América Latina Óscar Romero
del Estado Español