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Estado reparará daños por asesinato de Monseñor Romero
Beatriz Castillo, Redacción Diario Co Latino
Entrelazó sus manos y puso atención fija a la pantalla que reproducía la audiencia especial que pidió el Estado salvadoreño para hablar del caso Romero. Gaspar Romero, hermano del obispo mártir, no escondió su emoción al escuchar lo que por más de 30 años ha esperado: que el Estado salvadoreño reparará los daños y cumplirá la resolución que emitió en el 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dentro de la reparación, de la que habló David Morales, director de la Comisión de Derechos Humanos de Cancillería ante la CIDH, está la construcción de una Plaza Estatal y la elaboración de un video sobre su vida y los aportes de Romero, asesinado a sangre fría el 24 de marzo de 1980.
Según la recomendación de la CIDH, emitida en el 2000, el gobierno debía realizar una investigación judicial completa parcial, además, reparar todas las consecuencias de las violaciones y adecuar la legislación interna a la convención de América, en fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía. Sin embargo, el gobierno del ex presidente Francisco Flores se negó a acatar estas recomendaciones. Transcurridos algunos años, justo en el 2006, Tutela Legal del Arzobispado y la CEJIL, con el fin que se cumpliera la resolución, propuso que para reparar el daño se hiciera un monumento, un acto público de perdón, se indagara las responsabilidades y que se enfatizara en el legado de Romero.
La CIDH en ese momento dio su visto bueno a la propuesta y ordenó que los peticionarios y el Estado llagaran a un acuerdo para cumplir con esa recomendaciones, sin embargo, es hasta hoy con el nuevo gobierno que se toma esa resolución.
Felipe Gonzáles, segundo vicepresidente de la CIDH, se mostró de acuerdo en la decisión, sin embargo, pidió que el Estado representado en Morales entregue en los próximos 30 días un informe completo de cómo se realizará las dos medidas y cómo se dará la continuidad al diálogo.
Aunque Gonzáles, también cuestionó que no existe una mención en el caso especial de la Ley de Amnistía. Ante esta pregunta, Morales respondió que el Estado está en toda la disposición de colaborar en el tema, pero que la responsabilidad de poder derogarla no está en las facultades del Estado, sino de la Asamblea Legislativa. “El Ministro de la Defensa ya dijo que puede colaborar”, dijo.
Al final, ambas partes acordaron que en 30 días se tendrá un informe de cómo se cumplirá la parte de la condena.
Gaspar, al finalizar la audiencia, se mostró satisfecho y agradeció este “homenaje póstumo” y reconoció al “señor presidente por su acto y que todo sea para la Gloria de Dios y de Monseñor Romero”. Durante una audiencia realizada por la CIDH en Washington, respecto a este caso, Morales también aceptó las faltas cometidas durante el conflicto armado y rindió un homenaje póstumo a todas las víctimas, además a Arturo Rivera Damas, Jon Cortina, María Julia Hernández, los jesuitas y Romero.
“Romero fue un ejemplo emblemático, un símbolo de la esperanza”, dijo Morales, lo que desató una lluvia de aplausos en el auditorio del Hospitalito, donde fue asesinado Romero y donde un grupo nutrido de ciudadanos se reunieron ayer para ver la trasmisión de la audiencia.
Armando Márquez Ochoa, de la Concertación Romero, vio con buenos ojos que el nuevo gobierno muestre una señal de cambio en casos tan emblemáticos como el de Romero. Incluso, la buena disposición del Canciller Hugo Martínez.
La semana pasada, representantes de la Concertación se reunieron con el Canciller y, en ese encuentro, la representación de la sociedad civil propuso que el Presidente de la República, Mauricio Funes, pida perdón por el asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo de 2010 en un acto público, afuera de Catedral Metropolitana de San Salvador; precisamente ese día se cumplirán 30 años de su asesinato.
Márquez Ochoa tiene esperanza de que la petición de la Concertación se cumpla, ya que ven en el nuevo Ejecutivo “mucha receptividad”.
Antes de la audiencia de Romero, también se ventiló una por la desaparición forzada en el conflicto armado, donde el Estado salvadoreño reconoció que sí existieron esas prácticas, por lo que pidió perdón a las víctimas y sus familias.
Beatriz Castillo, Redacción Diario Co Latino
El Estado salvadoreño reparará los daños causados a la Iglesia, a la población y a la familia de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, por su asesinato, el 24 de marzo de 1980.
Durante una audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, respecto a este caso, el Director de la Comisión de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales, aseguró que el gobierno de izquierda se compremetará a reparar los daños causados.
El funcionario dijo que para cumplir esto se construirá una plaza pública en El Salvador y se elaborará un video donde relate la vida y el legado humanístico que dejó Monseñor Romero para la sociedad salvadoreña.
La Concertación Romero, que sigue de cerca una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a este caso, prevé que el Estado adoptaría la resolución que se negó a cumplir en el año 2000 y que la cumplirá el nuevo gobierno de izquierda.
Fue en ese año que la CIDH recomendó al gobierno realizar una investigación judicial completa, además reparar todas las consecuencias de las violaciones y adecuar la legislación interna a la convención de América, en fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía. Sin embargo, el gobierno del ex presidente Francisco Flores se negó a acatar estas recomendaciones.
Armando Márquez Ochoa, de la Concertación Romero, expresó que si el Estado salvadoreño cumple con la resolución de 2000, la Comisión dará un tiempo prudencial para que se acate todo lo estipulado en el documento.
La semana pasada representantes de la Concertación se reunieron con el Canciller y, en ese encuentro, la representación de la sociedad civil propuso que el Presidente de la República, Mauricio Funes, pida perdón por el asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo de 2010 en un acto público, afuera de Catedral Metropolitana de San Salvador; precisamente ese día se cumplirán 30 años de su asesinato.
Márquez tiene esperanza que la petición de la Concertación se cumpla, ya que ven en el nuevo Ejecutivo “mucha receptividad”.
Dentro de la reparación, de la que habló David Morales, director de la Comisión de Derechos Humanos de Cancillería ante la CIDH, está la construcción de una Plaza Estatal y la elaboración de un video sobre su vida y los aportes de Romero, asesinado a sangre fría el 24 de marzo de 1980.
Según la recomendación de la CIDH, emitida en el 2000, el gobierno debía realizar una investigación judicial completa parcial, además, reparar todas las consecuencias de las violaciones y adecuar la legislación interna a la convención de América, en fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía. Sin embargo, el gobierno del ex presidente Francisco Flores se negó a acatar estas recomendaciones. Transcurridos algunos años, justo en el 2006, Tutela Legal del Arzobispado y la CEJIL, con el fin que se cumpliera la resolución, propuso que para reparar el daño se hiciera un monumento, un acto público de perdón, se indagara las responsabilidades y que se enfatizara en el legado de Romero.
La CIDH en ese momento dio su visto bueno a la propuesta y ordenó que los peticionarios y el Estado llagaran a un acuerdo para cumplir con esa recomendaciones, sin embargo, es hasta hoy con el nuevo gobierno que se toma esa resolución.
Felipe Gonzáles, segundo vicepresidente de la CIDH, se mostró de acuerdo en la decisión, sin embargo, pidió que el Estado representado en Morales entregue en los próximos 30 días un informe completo de cómo se realizará las dos medidas y cómo se dará la continuidad al diálogo.
Aunque Gonzáles, también cuestionó que no existe una mención en el caso especial de la Ley de Amnistía. Ante esta pregunta, Morales respondió que el Estado está en toda la disposición de colaborar en el tema, pero que la responsabilidad de poder derogarla no está en las facultades del Estado, sino de la Asamblea Legislativa. “El Ministro de la Defensa ya dijo que puede colaborar”, dijo.
Al final, ambas partes acordaron que en 30 días se tendrá un informe de cómo se cumplirá la parte de la condena.
Gaspar, al finalizar la audiencia, se mostró satisfecho y agradeció este “homenaje póstumo” y reconoció al “señor presidente por su acto y que todo sea para la Gloria de Dios y de Monseñor Romero”. Durante una audiencia realizada por la CIDH en Washington, respecto a este caso, Morales también aceptó las faltas cometidas durante el conflicto armado y rindió un homenaje póstumo a todas las víctimas, además a Arturo Rivera Damas, Jon Cortina, María Julia Hernández, los jesuitas y Romero.
“Romero fue un ejemplo emblemático, un símbolo de la esperanza”, dijo Morales, lo que desató una lluvia de aplausos en el auditorio del Hospitalito, donde fue asesinado Romero y donde un grupo nutrido de ciudadanos se reunieron ayer para ver la trasmisión de la audiencia.
Armando Márquez Ochoa, de la Concertación Romero, vio con buenos ojos que el nuevo gobierno muestre una señal de cambio en casos tan emblemáticos como el de Romero. Incluso, la buena disposición del Canciller Hugo Martínez.
La semana pasada, representantes de la Concertación se reunieron con el Canciller y, en ese encuentro, la representación de la sociedad civil propuso que el Presidente de la República, Mauricio Funes, pida perdón por el asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo de 2010 en un acto público, afuera de Catedral Metropolitana de San Salvador; precisamente ese día se cumplirán 30 años de su asesinato.
Márquez Ochoa tiene esperanza de que la petición de la Concertación se cumpla, ya que ven en el nuevo Ejecutivo “mucha receptividad”.
Antes de la audiencia de Romero, también se ventiló una por la desaparición forzada en el conflicto armado, donde el Estado salvadoreño reconoció que sí existieron esas prácticas, por lo que pidió perdón a las víctimas y sus familias.
Estado reparará daños por asesinato de Monseñor Romero
Beatriz Castillo, Redacción Diario Co Latino
El Estado salvadoreño reparará los daños causados a la Iglesia, a la población y a la familia de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, por su asesinato, el 24 de marzo de 1980.
Durante una audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, respecto a este caso, el Director de la Comisión de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales, aseguró que el gobierno de izquierda se compremetará a reparar los daños causados.
El funcionario dijo que para cumplir esto se construirá una plaza pública en El Salvador y se elaborará un video donde relate la vida y el legado humanístico que dejó Monseñor Romero para la sociedad salvadoreña.
La Concertación Romero, que sigue de cerca una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a este caso, prevé que el Estado adoptaría la resolución que se negó a cumplir en el año 2000 y que la cumplirá el nuevo gobierno de izquierda.
Fue en ese año que la CIDH recomendó al gobierno realizar una investigación judicial completa, además reparar todas las consecuencias de las violaciones y adecuar la legislación interna a la convención de América, en fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía. Sin embargo, el gobierno del ex presidente Francisco Flores se negó a acatar estas recomendaciones.
Armando Márquez Ochoa, de la Concertación Romero, expresó que si el Estado salvadoreño cumple con la resolución de 2000, la Comisión dará un tiempo prudencial para que se acate todo lo estipulado en el documento.
La semana pasada representantes de la Concertación se reunieron con el Canciller y, en ese encuentro, la representación de la sociedad civil propuso que el Presidente de la República, Mauricio Funes, pida perdón por el asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo de 2010 en un acto público, afuera de Catedral Metropolitana de San Salvador; precisamente ese día se cumplirán 30 años de su asesinato.
Márquez tiene esperanza que la petición de la Concertación se cumpla, ya que ven en el nuevo Ejecutivo “mucha receptividad”.
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