Los retos de Río+20

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Los retos de Río+20

Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique

Brasil acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también “Rio+20” porque se ­celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y ecologistas del mundo.

Las cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional (1). Pero esta ­realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la gravedad de la crisis económica y financiera. Normal.

La eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del ­fracaso manifiesto de las políticas de “austeridad a ultranza”. La recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y dramáticas tensiones financieras. España, en particular, vive sus momentos más preocupantes desde 2008; peores que cuando ­quebró el banco Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa quiebra de Bankia.

Ante el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas “independientes” extranjeras para analizar la morosidad oculta de los bancos españoles (2). Entre los ciudadanos se extiende la idea de que España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y Portugal. El 62% de los españoles lo teme.

Cunde pues el pesimismo. El premio Nobel de economía Paul Krugman echó leña al fuego cuando, el mes pasado (3), avisó que es “muy posible” que Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata la fuga de capitales hacia los paí­ses vecinos y la retirada en masa de los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a Portugal e Irlanda y, sin duda, a España e Italia. Krugman vaticinó por cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un corralito bancario (4)... 

En esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo día 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas del 28 y 29 de junio que decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y del resurgimiento. Dilema vital. 

Pero ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el principal de ellos es el desastre climático del que será cuestión, también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en 2010, el cambio climático fue la causa del 90% de los desastres naturales que ocasionaron la muerte de unas 300.000 personas, con un quebranto económico estimado en más de 100.000 millones de euros… 

Otra contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas advertirán que el crecimiento –si no es sostenible– significa siempre mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los limitados recursos del planeta...
Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen pues en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central estará entre el concepto de “economía verde” que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de “economía ­solidaria”, promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de “desarrollo predatorio”, basado en la acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental. 

Los países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la “economía verde”. Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre. Un “enverdecimiento”, en suma, del ­capitalismo especulativo. Esos países desean que la Conferencia Rio+20 les otorgue un mandato de las Naciones Unidas para empezar a definir, a ­escala planetaria, una serie de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un mercado mundial de servicios ambientales.

Esa “economía verde” desea no sólo la mercantilización de la parte material de la naturaleza ­sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza. En otras palabras, la “economía verde”, como afirma el activista boliviano Pablo Solón, busca no sólo mercantilizar la madera de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques (5). 

El objetivo central de esa “economía verde” es crear, para la inversión privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la biodiversidad, etc. Asignando precio a cada elemento del medio ­ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversores privados. De tal modo que la “economía verde”, en vez de crear productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y realizando de nuevo cuantiosas ganancias. 

Frente a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se presentan alternativas en defensa de los “bienes comunes de la humanidad”. Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva. Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos –ríos, océanos y ­lagos–, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques ­naturales, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el ­conocimiento, ­Internet, los productos distribuidos con licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización –en varios Estados– han tenido notable éxito. 

Otra idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una “civilización biocéntrica”, centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito. También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder controlar los alimentos que produce y consume, acercando consumidores y productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos. 

En fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de “consumo responsable” que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir; una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos; una preferencia por los bienes producidos por la economía social y solidaria basada en el trabajo y no en el capital; y un rechazo del consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo (6).

La Conferencia Rio+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a escala internacional, de reafirmar su lucha por una justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del intento de “enverdecimiento” del capitalismo. Según esos movimientos, la “economía verde” no constituye una solución a la crisis ­ambiental y alimentaria. Al contrario, se trata de una “falsa solución” que agravará el problema de la mercantilización de la vida (7). En suma, un nuevo disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los disfraces. Y del sistema.

(1) Léase Ignacio Ramonet, “Urgencias climáticas”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2012.

(2) El País, Madrid, 21 de mayo de 2012.


(4) “Corralito” es una palabra surgida durante la crisis económica argentina de 2001, cuando ante la avalancha de clientes a los bancos para retirar sus ahorros, el ministro Domingo Cavallo decidió que cada titular de cuenta sólo podría retirar un máximo de 250 pesos por semana. El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró, al revuelo causado por la palabras de Krugman, asegurando que un corralito en España es una posibilidad técnicamente imposible.

(5) Pablo Solón, “¿Qué pasa en la negociación para Rio+20?”, 4 de abril de 2012. http://rio20.net/documentos/que-pasa-en-la-negociacion-para-rio20


(7) Léase, “Declaración de la Asamblea de movimientos sociales”, Porto Alegre, 28 de enero de 2012. http://redconvergenciasocial.org/?p=160

¿Hay que pagar la deuda?

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¿Hay que pagar la deuda?

Ester Vivas, El Huffington Post

La deuda es hoy una cuestión central en la agenda social y política. En su nombre se llevan a cabo privatizaciones, recortes, ajustes y, en definitiva, se transfiere el coste de la crisis a la mayor parte de la población. Pero, ¿a quién beneficia la deuda? ¿Quién la contrajo? ¿A qué ha servido? ¿Quién debe pagarla? A estas preguntas buscan respuesta aquellos que en el seno del movimiento indignado plantean una auditoria ciudadana de la misma.

En la década de los años 80, 90, 2000, vimos el impacto de la deuda externa en los pueblos del Sur, mediante la aplicación sistemática de programas de ajuste estructural y de recortes sociales, que se decían necesarios para hacer frente a su pago. Desde el 2010, con el estallido de la crisis de la deuda soberana, ésta se ha convertido en un tema clave en los países de la Unión Europea, y en especial en los de su periferia donde se condensan las contradicciones de la crisis contemporánea.

La deuda externa ha sido un instrumento de control y dominación de las elites políticas y económicas del Norte respecto al Sur, y un potente mecanismo de transferencia de recursos financieros en sentido inverso. Ahora, la misma lógica centro-periferia de sometimiento vuelve a darse aunque, en este caso, en el seno de Europa y se repite el mantra de que es necesario pagar la deuda y de que para hacerlo es imprescindible aplicar dichas medidas de ajuste. Pero el repudio de la deuda ha sido una constante a lo largo de la historia. La doctrina de la deuda odiosa, que en derecho internacional se utiliza para repudiar una deuda tomada por un gobierno y utilizada en contra de su pueblo, se ha esgrimido y aplicado para no pagar deudas contraídas a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI.

Desde hace años, organizaciones sociales en los países del Sur impulsan campañas para denunciar la ilegitimidad de la deuda y en consecuencia su no pago. Y las auditorías han sido uno de los principales instrumentos utilizados con este fin. La experiencia más relevante fue la llevada a cabo en Ecuador donde, en 2007, se puso en marcha la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda Pública Interna y Externa, formada por representantes de la administración y de organizaciones sociales ecuatorianas y de otros países, y que culminó, en el 2008, rechazando pagar parte de la deuda al declararla ilegítima.

El proceso de auditoría posibilita investigar porqué las deudas fueron contraídas, para qué sirvieron, a quiénes beneficiaron y sacar a la luz las irregularidades presentes en su contratación, revelar la complicidad de sus acreedores y obtener los fundamentos legales para su repudio. Se trata de un instrumento profundamente pedagógico que permite discutir sobre el funcionamiento del Estado, de la economía de mercado, de las relaciones institucionales e inyectar un rayo de luz en los oscuros pasillos de las bambalinas del poder

Con la llegada de la crisis de la deuda a Europa, organizaciones y movimientos que en décadas anteriores trabajaron en campañas de repudio de la deuda externa de los países del Sur ahora, y junto al movimiento indignado y occupier, han empezado a promover acciones de denuncia sobre el pago de la deuda y a explicar las implicaciones que ésta tiene en los recortes, las privatizaciones y el aumento de la precariedad.

Con el objetivo de promover un debate público y la participación popular en la toma de decisiones sobre la deuda y romper con el discurso hegemónico de la “inevitabilidad” de su pago, los procesos de auditoría se han convertido en una de sus principales herramientas. Su celebración debería permitir, junto a una gran movilización social, anular la parte ilegítima de la deuda y reducir significativamente el resto. En países como Grecia, Portugal, Francia, Bélgica, Irlanda, Italia y el Estado español están en marcha campañas ciudadanas para auditarla.

De este modo, frente al discurso hegemónico de “salvar a los bancos”, “rescatar a las finanzas”, “pagar la deuda”, empieza emerger otro discurso: el de “salvar a las familias”, “rescatar a los pobres”, “no pagar la deuda”. ¿Cuál es el sentido de inyectar masivamente dinero público a entidades financieras como Bankia sino mantener los privilegios de unos pocos a costa de los derechos y las necesidades de la gran mayoría?. Como bien señala Occupy Wall Street, se sacrifica al 99% para salvar al 1%.

Las verdades absolutas para hacer frente a la crisis empiezan a resquebrajarse. Otra conciencia colectiva emerge desde abajo y empieza por preguntarse: ¿Hay que pagar la deuda? La respuesta es clara.

Pongamos freno a las corporaciones

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¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo?
Pongamos freno a las corporaciones

Susan George, ALAI AMLATINA

El capitalismo está en problemas. Seguramente no lo suficiente, pero tiene que lidiar con asuntos mucho más complejos que aquellos que enfrentaba hace una o dos décadas. No festejen – ni lloren – todavía. Un animal hambriento, acorralado, es más peligroso que uno bien alimentado, libre. El capitalismo se pregunta en cada momento, de dónde va a venir su próxima comida.

Desde que el neoliberalismo se volvió el modelo económico dominante a inicios de los años 80, y que el FMI ha impuesto los programas de ajuste estructural, primero en los países endeudados del Sur y ahora en Europa, los servicios públicos, en su mayoría, han sido privatizados. Pero esto no basta. Las corporaciones quieren que todos los servicios públicos se vuelvan una fuente de lucro, a la vez que no tienen inconvenientes en dejar las pérdidas al sector público. Las nuevas fronteras del asalto capitalista son la salud (a través de los seguros de salud u hospitales con fines de lucro), escuelas (con sistemas de bonos) y cárceles (con una cuota de ocupación garantizada…).

La mayoría de los recursos naturales ya se han convertido en commodities, pero no todos: gran parte de la tierra y del agua se mantienen fuera del control corporativo. Pero el contexto ha cambiado desde 2008, cuando los precios mundiales de los alimentos se elevaron exponencialmente. Ahora el acaparamiento de tierras está arrebatando decenas de millones de hectáreas a quienes tradicionalmente las han trabajado, poniéndolas para el uso corporativo, destinado a la exportación. El agua es vista como un producto capitalista perfecto – es indispensable, no puede ser sustituido y su mercado crece a medida que crece la población.

El capitalismo es muy imaginativo y ha creado una miríada de mercados de la nada, especialmente para innumerables productos financieros, particularmente derivados. El comercio en los mercados de derivados es de aproximadamente US $ 2,1 billones (2.100.000.000.000) por día. El dinero en sí es el commodity más comercializado y las operaciones de cambio llegan a $4 billones por día. Ambos mercados aumentaron en un 25% desde 2008, cuando se desató la crisis financiera.

Las nuevas categorías de servicios como la “protección y restauración de ecosistemas” representan una nueva frontera. El mundo de los negocios espera y prevé que la conferencia Rio+20 legitime al “mercado” como la solución para todos los problemas ambientales, considerando que el mercado de carbono sea tan solo el inicio. Desde la óptica del capitalismo, todo lo que está en la Tierra –animales, vegetales, minerales, sólidos, líquidos o gaseosos, lo material o lo inmaterial– puede tener un precio, ser comprado y vendido.

El dilema de la regulación

A medida que el sistema corporativo transnacional se extiende hacia un territorio que está siempre en expansión, el dilema de la regulación se torna más agudo. Cualquier sistema requiere reglas y en los países más ricos hay un nivel razonable de regulación de las corporaciones industriales; por esta razón, entre otras, se desplazan a los países más pobres. Es más fácil, por ejemplo, que quede impune un importante derrame de petróleo en Nigeria que uno en la costa sur de Estados Unidos.

Las corporaciones financieras han sido más hábiles que las industrias pesadas cuando se trata de eliminar los controles. La industria financiera gastó alrededor de US $5 mil millones en el cabildeo a lo largo de la década del 90, para deshacerse de todas las regulaciones bancarias derivadas del New Deal de 1930. La consecuente falta de restricciones fue la principal causa del consiguiente desastre. Aún vivimos con los resultados del desastre provocado y probablemente lo peor esté por venir.

El sistema corporativo es peligroso porque está muy interconectado y muy concentrado. En un brillante documento, tres matemáticos especializados en la teoría de los sistemas complejos mapearon el universo corporativo.(1) Comenzando por una base de datos de la OCDE de 43.000 Empresas Transnacionales (ETNs), trazaron todas las complejas interconexiones financieras entre ellas y mostraron que 80% del valor de esas 43.000 ETNs está en manos de sólo 737 de ellas. Y se pone peor, ya que, siguiendo las inter e intra inversiones y la participación de unas en los negocios de otras, vieron que sólo 147 ETNs retenían 40% del valor de todas las ETNs del mundo. Y el hallazgo más impactante del texto es que las primeras 50 de estas ETNs altamente interconectadas –con la única excepción de Walmart– son todas mega corporaciones financieras (45) o compañías de seguros (4).

Esto es lo que los autores llaman “modelo al filo de la navaja”: si la economía va bien, el sistema parece robusto. Pero un accidente en cualquiera de estas primeras 50 ETNs podría rápidamente volverse una crisis demoledora para todo el mundo y hacer que la caída de Lehman Brothers parezca trivial. La verdad que debemos reiterar es que estamos viviendo al filo de la navaja.

Las corporaciones transnacionales industriales pueden ser malas, pueden ser una plaga para la vida de tal o cual comunidad o evadir impuestos en todas partes; pero los peores y los más amenazantes son los grandes bancos y fondos de inversión libre (hedge funds). Tienen el poder de destruir incluso a las corporaciones hermanas, destruirse entre ellas y precipitar el mundo al caos.

Coaliciones y alianzas

¿Qué hacer, entonces, y quién lo puede hacer, para someter a controles a estos monstruos, si, de hecho, controlarlas fuera posible? Tomemos primero el caso de una comunidad que enfrenta la destrucción – social y/o ecológica – causada por una empresa específica en un lugar específico. Esta es una situación que probablemente enfrentan muchos lectores de ALAI. La compañía A contamina el río local y los habitantes comienzan a enfermarse; la Compañía B discrimina y acosa a las mujeres; la Compañía C se niega a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo y está intentando romper el sindicato – todos conocemos estas historias, lo que cambia son sólo algunos detalles.

La forma ideal de acción sería la vía legal –tener leyes internacionales vinculantes que pudieran ser usadas contra ellas– pero no contamos aún con esos medios. Entonces, la otra opción que podemos impulsar frente a las ETNs es, primero garantizar que exista una sólida coalición de intereses en el lugar y segundo identificar y establecer vínculos con grupos similares en el lugar donde la compañía tiene su sede central, casi invariablemente en el Norte. Si el caso contra la empresa se sustenta en una poderosa y persuasiva investigación (de las cuales muchos ejemplos se presentan en los Tribunales de los Pueblos) y si en el Norte, donde se encuentra la sede, se mantienen informados los grupos de apoyo y se les pide cosas específicas, se le puede hacer la vida bastante incómoda a la corporación desde el punto de vista de las relaciones públicas. Tal vez existan posibles alianzas allí donde no miramos. No olvidemos, por ejemplo, la capacidad de las iglesias locales para vincular el Sur con el Norte y vice-versa. Los boycots nacionales e internacionales a veces pueden funcionar, pero necesitan una larga y cuidadosa preparación para ser exitosos.

Sin embargo, aun si las victorias son necesarias y satisfactorias en algunos casos, todos podemos acordar que no limitan el poder del sistema en sí; para eso debemos buscar la solución en otro lado. ¿Qué decir sobre la RSE, la famosa Responsabilidad Social de las Empresas, inventada por empresarios, que reivindica que las corporaciones pueden auto-controlarse y auto-regularse? No niego que algunos altos gerentes sean ciudadanos modelo y que algunas corporaciones realmente tratan de hacer lo mejor para su gente y sus comunidades donde sea que estén, pero seríamos necios si esperáramos que la RSE rectifique todos los abusos corporativos.

Una vez dije, durante una charla, que el Buen Ciudadano Corporativo es aquel que paga sus impuestos, todos sus impuestos, en todas partes. Un abogado que estaba cerca mío en el panel me miró horrorizado y explicó como si hablara a una niña, que su trabajo era ayudar a sus clientes corporativos a evadir los impuestos, lo máximo posible. Estamos muy lejos de poder eliminar los paraísos fiscales o de imponer una legislación sobre la información tributaria país por país que podría eliminar la fijación de precios de trasferencia, pero hoy es posible que los programas de austeridad en Europa mantengan concentradas las mentes de los gobiernos del Norte simplemente por que ahora necesitan de todos los ingresos que puedan recaudar, al igual que los gobiernos en el Sur. Juntos, es posible que podamos conseguir que nuestros gobiernos actúen conjuntamente: deben obligar a las corporaciones a pagar lo que corresponde a cada tesoro nacional en cada jurisdicción donde tienen actividad. En el sistema actual, todos perdemos, menos los accionistas de las empresas y los altos ejecutivos. Y no es necesario reinventar la rueda: la Red para la Justicia Fiscal es internacional y ya hizo toda la investigación y el trabajo preliminar(2).

Nadie admira más que yo a las campañas específicas, contra las industrias extractivas, por los derechos de los pueblos originarios, por el derecho a la alimentación y al agua, etc. Sin embargo, lo más importante, desde mi punto de vista, porque va al corazón de nuestro sistema brutal e inestable, es que es necesario crear alianzas globales para controlar las finanzas. Necesitamos impuestos a las transacciones financieras (también conocido como tasa “Robin Hood”) para disciplinar a la especulación y usar los ingresos para reparar el daño ecológico y social ya causado a las comunidades y a la Tierra. Necesitamos cobrar impuestos a las empresas país por país y cerrar los paraísos fiscales que también impiden que los gobiernos recauden por lo menos $250 billones por año en impuestos. Necesitamos anular completamente la deuda pública de los países que aún están bajo los programas de austeridad del FMI, particularmente en África Subsahariana. Otra excelente iniciativa sería revisar las reglas de la Organización Mundial del Comercio, así como desmantelar buena parte de los nuevos Acuerdos de Libre Comercio regionales o bilaterales que son todos “OMC plus” y les dan aún más ventajas a las corporaciones. Algunos éxitos, por ejemplo contra las compañías farmacéuticas, muestran que es posible hacerlo.

Sin embargo, en un mundo globalizado, esto no puede hacerse sin alianzas. Hoy, ningún grupo de interés, por decidido que esté, puede ganar por sí solo. Esto significa que debemos aprender a trabajar juntos, generalmente con gente a quien no conocemos y esto no puede hacerse por internet. El debate y la discusión son necesarios para que la gente se dé cuente que en el fondo, sindicalistas, campesinos, ecologistas, mujeres, estudiantes, académicos, jubilados y otros tienen las mismas necesidades y comparten los mismos intereses. No necesitamos ponernos de acuerdo en todo para hacer algo juntos. De hecho, es la única forma de ganar. (Traducción: ALAI).

- Susan George es autora y Presidenta de la Dirección del Transnational Institute. Su último libro en español es: Sus Crisis, Nuestras Soluciones. (Editorial Icaria).

Notas:

(1) Vitali S, Glattfelder JB, Battiston S (2011) The Network of Global Corporate Control. PLoS ONE 6(10): e25995. doi:10.1371/journal.pone.00259
95
(2)www.taxjustice.net

Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 476, correspondiente a junio de 2012 y que trata sobre " Capital transnacional vs Resistencia de los pueblos” disponible en http://www.alainet.org/publica/476.phtml

En la Cumbre de los Pueblos Río+20 se realizará el lanzamiento de esta revista sobre "Capital transnacional vs Resistencia de los pueblos", en el marco del evento: "Lanzamiento de un Proceso para una Campaña Global contra las Corporaciones Transnacionales" - 19 de junio, 11:30 a 13:30, Tenda Plenaria 22.

También está disponible una edición especial en Inglés: http://www.alainet.org/publica/476-en.phtml

Sobre Repsol-YPF, España y muchas otras cosas

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 Atilio Borón, Gara

El conflicto suscitado entre Buenos Aires y Madrid a propósito de la expropiación del 51% de las acciones que Repsol tenía en YPF ha desatado virulentas reacciones por parte de las autoridades del Estado español y sus voceros.

El repertorio comprende toda suerte de amenazas en contra de Argentina -y, por extensión, en contra de quienes, con independencia de nuestras opiniones acerca del actual Gobierno, habitamos en esa tierra- proferidas por altísimos funcionarios del Gobierno como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y otras figuras menores del séquito de La Moncloa y secundadas por un coro impresentable de mal hablados e ignorantes hasta el tuétano que dicen ser periodistas, pero que, en realidad, parecen más bien ser supervivientes descartados del casting que Luis Buñuel organizó para seleccionar a los mendigos de Viridiana.

Alentados por sus mandantes, estos personajes repiten desaforadamente y sin gracia el libreto que les pasan sus mentores, auspiciantes y empleadores, no ahorrando epítetos dirigidos a la presidenta, Cristina Fernández, sus ministros, el partido del Gobierno y, ya en el aquelarre, a todos los argentinos, cómplices indirectos del «robo» sufrido por una inocente españolita llamada Repsol
.
Por supuesto, ese espectáculo denigrante también lo tenemos en Argentina, pero, tal vez afectados aún por el reflejo del colonizado, pensábamos que en esa España, que tan machaconamente se vanagloria de su condición europea (Freud ya advirtió sobre lo que ese síntoma podría significar), tal cosa no podría ocurrir. Pero ocurre. Y no solo eso: a medida que pasan las horas, el Gobierno del Estado español ha avanzado en una campaña para aglutinar «en defensa de España y los españoles» la ayuda de sus compinches europeos, esos bribones que perpetraron el golpe de Estado en Grecia cuando el pobre Papandreu, movido tal vez por el recuerdo de la Oración Fúnebre de Pericles y su exaltación de la democracia, tuvo la inoportuna idea de decirle a quienes ahora acuden en ayuda del Gobierno español que quería solicitar la opinión de los griegos acerca del plan de ajuste salvaje que le proponían sus salvadores.

Al día siguiente, la pérfida troika que hoy gobierna Europa -la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI- lo desalojó a puntapiés en el trasero y lo sustituyó por uno de los suyos: un émulo contemporáneo del consigliere de don Corleone, para que maneje con la pulcritud propia de un tahúr del casino financiero global los destinos de Grecia. Por supuesto, estos bandidos no operan solo en Grecia y están asolando casi toda Europa, como bien lo saben quienes viven en el territorio del Estado español, sometidos a un ajuste de una brutalidad que no tiene nada que envidiar a las peores experiencias latinoamericanas en la materia. La cosa no es solo con Grecia, es con todos.

En su afán por defenderse de la agresión argentina, Rajoy y los suyos buscaron (y consiguieron) el apoyo del emperador y premio Nobel de la Paz (el mismo que dijo que «se hizo justicia» cuando le informaron que habían asesinado a Osama Bin Laden ante su propia familia y cuya secretaria de Estado estalló en carcajadas al enterarse del linchamiento de Muammar Gadafi). Ya en las Américas, los enviados de Madrid obtuvieron en México el apoyo de don Felipe Calderón, quien por su ineptitud e inmoralidad sumió a ese maravilloso país -en realidad, mi segunda patria luego de ocho años de exilio- en la crisis más grave del último siglo, por decir lo menos. Postrado indecorosamente ante los dictados de Washington y la violencia criminal de los narcos, Calderón se rasga las vestiduras junto a los paniaguados del Partido Popular ante la tibia medida adoptada por el Gobierno argentino.

Quienes viven en el Reino de España saben muy bien que Repsol es una transnacional en la que algunos ricachones tienen depositados sus dineros en acciones de la compañía. La participación de ese sector en el total del capital accionario de la empresa es del 43%. Y como dijera hace apenas un par de días un colega de la Universidad de Sevilla, «confundir los intereses de Repsol con los de España es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o empresas españolas. Más bien todo lo contrario».

La opinión de Torres López contrasta con las declaraciones del estadista en ciernes, Felipe, príncipe de Asturias y heredero del trono de España (hasta el momento en que los españoles se despierten y acaben con una institución tan inútil, parasitaria, costosa y corrupta como la monarquía), quien ha agradecido «todo lo que Repsol hace y ha hecho, que es mucho, por el bienestar de numerosos países, así como expresar todo el apoyo a quienes hacen posible su importante tarea en España y fuera de España».

En su artículo, Torres López aporta algunos datos interesantes de lo mucho que Repsol ha hecho por el bienestar de España, en palabras que hago mías sin reservas: «Utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a docenas de pequeñas y medianas empresas españolas al someterlas a condiciones de pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes recursos financieros y liquidez suficientes».

En síntesis, el pleito del Gobierno argentino no es con España o los habitantes del Estado español. Es con una empresa que aquí también ha incurrido en las habituales prácticas depredadoras que todas las transnacionales sin excepción incurren en todo el mundo, incluyendo sus propios países. Y esto fue hecho, preciso es decirlo, con la complicidad de las autoridades argentinas, tanto de las provincias como de la nación, que hicieron la «vista gorda» ante el descarado incumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos de privatización de YPF. Gracias a esta negligencia oficial, sobre cuyas (malas) razones preferimos, por ahora, no expedirnos, Repsol pudo explotar los yacimientos conocidos, y hacerlo de mala manera, sin cuidarlos como se debe, y sin tener tampoco que preocuparse por tomar los riesgos financieros que supone la exploración y búsqueda de nuevos mantos petrolíferos o gasíferos, cosa a la que contractualmente estaba obligada. Pudo también remitir el 90% de sus utilidades, ante la mirada distraída de los entes estatales encargados de fiscalizar sus operaciones en la Argentina.

Pudo ocultar operaciones, al punto tal que recién con la intervención de Repsol-YPF se conoció que había una compañía denominada Repsol YPF Gas S.A, que se encontraba en poder de Repsol sin que los sagaces ojos de los funcionarios de diversos entes reguladores de Argentina se hubieran percatado de ello.
Por eso, cuando la presidenta envió el proyecto de ley expropiando las acciones de Repsol en YPF no incluyó la de aquella empresa, cosa que hubo de corregir apresuradamente una vez que la intervención hizo el anuncio correspondiente.

Esto nos recuerda lo ocurrido cuando, después del paro petrolero que PDVSA hizo en contra del Gobierno de Chávez y producida la intervención de la firma, los venezolanos se enteraron de que esa empresa estatal era la ignota propietaria de la cadena de gasolineras CITGO, con unas 6.000 bocas de expendio en EEUU. Estas prácticas de ocultamiento, fuga de capitales, evasión fiscal, incumplimiento de obligaciones contractuales son corrientes en el mundo de las grandes compañías. Y ocurren porque los gobiernos consienten este tipo de conductas. De otro modo sería imposible
.
El Gobierno argentino tiene razones muy fundadas para avanzar sobre Repsol. Pero esto es apenas un primer -y tibio- paso, porque la crisis energética de Argentina, y de la cual Repsol es altamente coresponsable, no se solucionará con las medidas tomadas. Hay que ir mucho más a fondo. No se entiende por qué no se expropian todas las acciones, incluyendo las de los argentinos nucleados en el Grupo Petersen, una suerte de proto-burguesía nacional inventada con malas artes por el kirchnerismo y cuyos resultados fueron desastrosos. Además, dado que Repsol-YPF representa el 30% de la producción hidrocarburífera de Argentina, ¿qué se va a hacer con el 70% restante? ¿O es que se piensa, erróneamente, que las otras empresas actúan con patrones de moralidad y eficiencia superiores a la de la española? ¿O que la crisis energética se solucionará actuando solo sobre Repsol-YPF?

Como se puede apreciar, son muchas las críticas que se pueden formular a la iniciativa de la Casa Rosada. Pero, de lo que no cabe ninguna duda es que no se debe identificar a España con Repsol. Para nosotros España son los versos de Machado, Alberti, Hernández, García Lorca; la pintura de Picasso y la tragedia de Guernica, fabulosamente retratada por su pincel; es Manuel de Falla y Pablo Casals, o la filosofía de Sacristán Luzón, Sánchez Vázquez y el humanismo de Roces, Gaos, Imaz. Y entre quienes están entre nosotros, la excelsa pluma de don Alfonso Sastre, la de él y su sombra, a cuál más incisiva.


 Eso es España para los argentinos. Y no la picaresca ramplona de lobistas como Felipillo o Aznar, el siniestro ascetismo de Escrivá y Balaguer, o la obra, la obra de verdad que impulsa el Opus Dei, de los saqueadores profesionales que se lanzaron a la reconquista de América a caballo del tsunami neoliberal que asoló nuestras costas desde mediados de los ochenta, expertos en vaciar empresas, fugar capitales y corromper políticos y periodistas.

Tenemos una larga lucha por delante. Los pueblos de España y de América Latina y el Caribe debemos ser conscientes de que tenemos los mismos enemigos. Los que destruyen la legislación laboral y provocan paro y empobrecimiento en el Estado español son los mismos que han provocado el holocausto social y ecológico que hoy padecen los países de este lado del Atlántico.

Atilio A. Boron director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED)