Atilio Borón, Gara
El conflicto suscitado entre Buenos Aires y Madrid a propósito de la expropiación del 51% de las acciones que Repsol tenía en YPF ha desatado virulentas reacciones por parte de las autoridades del Estado español y sus voceros.
El repertorio comprende toda suerte de amenazas en
contra de Argentina -y, por extensión, en contra de quienes, con
independencia de nuestras opiniones acerca del actual Gobierno,
habitamos en esa tierra- proferidas por altísimos funcionarios del
Gobierno como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro
de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y otras figuras
menores del séquito de La Moncloa y secundadas por un coro impresentable
de mal hablados e ignorantes hasta el tuétano que dicen ser
periodistas, pero que, en realidad, parecen más bien ser supervivientes
descartados del casting que Luis Buñuel organizó para seleccionar a los
mendigos de Viridiana.
Alentados por sus mandantes, estos
personajes repiten desaforadamente y sin gracia el libreto que les pasan
sus mentores, auspiciantes y empleadores, no ahorrando epítetos
dirigidos a la presidenta, Cristina Fernández, sus ministros, el partido
del Gobierno y, ya en el aquelarre, a todos los argentinos, cómplices
indirectos del «robo» sufrido por una inocente españolita llamada
Repsol
.
Por supuesto, ese espectáculo denigrante también lo
tenemos en Argentina, pero, tal vez afectados aún por el reflejo del
colonizado, pensábamos que en esa España, que tan machaconamente se
vanagloria de su condición europea (Freud ya advirtió sobre lo que ese
síntoma podría significar), tal cosa no podría ocurrir. Pero ocurre. Y
no solo eso: a medida que pasan las horas, el Gobierno del Estado
español ha avanzado en una campaña para aglutinar «en defensa de España y
los españoles» la ayuda de sus compinches europeos, esos bribones que
perpetraron el golpe de Estado en Grecia cuando el pobre Papandreu,
movido tal vez por el recuerdo de la Oración Fúnebre de Pericles y su
exaltación de la democracia, tuvo la inoportuna idea de decirle a
quienes ahora acuden en ayuda del Gobierno español que quería solicitar
la opinión de los griegos acerca del plan de ajuste salvaje que le
proponían sus salvadores.
Al día siguiente, la pérfida troika que
hoy gobierna Europa -la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el
FMI- lo desalojó a puntapiés en el trasero y lo sustituyó por uno de
los suyos: un émulo contemporáneo del consigliere de don Corleone, para
que maneje con la pulcritud propia de un tahúr del casino financiero
global los destinos de Grecia. Por supuesto, estos bandidos no operan
solo en Grecia y están asolando casi toda Europa, como bien lo saben
quienes viven en el territorio del Estado español, sometidos a un ajuste
de una brutalidad que no tiene nada que envidiar a las peores
experiencias latinoamericanas en la materia. La cosa no es solo con
Grecia, es con todos.
En su afán por defenderse de la agresión
argentina, Rajoy y los suyos buscaron (y consiguieron) el apoyo del
emperador y premio Nobel de la Paz (el mismo que dijo que «se hizo
justicia» cuando le informaron que habían asesinado a Osama Bin Laden
ante su propia familia y cuya secretaria de Estado estalló en carcajadas
al enterarse del linchamiento de Muammar Gadafi). Ya en las Américas,
los enviados de Madrid obtuvieron en México el apoyo de don Felipe
Calderón, quien por su ineptitud e inmoralidad sumió a ese maravilloso
país -en realidad, mi segunda patria luego de ocho años de exilio- en la
crisis más grave del último siglo, por decir lo menos. Postrado
indecorosamente ante los dictados de Washington y la violencia criminal
de los narcos, Calderón se rasga las vestiduras junto a los paniaguados
del Partido Popular ante la tibia medida adoptada por el Gobierno
argentino.
Quienes viven en el Reino de España saben muy bien que
Repsol es una transnacional en la que algunos ricachones tienen
depositados sus dineros en acciones de la compañía. La participación de
ese sector en el total del capital accionario de la empresa es del 43%. Y
como dijera hace apenas un par de días un colega de la Universidad de
Sevilla, «confundir los intereses de Repsol con los de España es un
insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la
composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses
extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como he
dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o
empresas españolas. Más bien todo lo contrario».
La opinión de
Torres López contrasta con las declaraciones del estadista en ciernes,
Felipe, príncipe de Asturias y heredero del trono de España (hasta el
momento en que los españoles se despierten y acaben con una institución
tan inútil, parasitaria, costosa y corrupta como la monarquía), quien ha
agradecido «todo lo que Repsol hace y ha hecho, que es mucho, por el
bienestar de numerosos países, así como expresar todo el apoyo a quienes
hacen posible su importante tarea en España y fuera de España».
En
su artículo, Torres López aporta algunos datos interesantes de lo mucho
que Repsol ha hecho por el bienestar de España, en palabras que hago
mías sin reservas: «Utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí
la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a docenas de
pequeñas y medianas empresas españolas al someterlas a condiciones de
pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes recursos
financieros y liquidez suficientes».
En síntesis, el pleito del
Gobierno argentino no es con España o los habitantes del Estado español.
Es con una empresa que aquí también ha incurrido en las habituales
prácticas depredadoras que todas las transnacionales sin excepción
incurren en todo el mundo, incluyendo sus propios países. Y esto fue
hecho, preciso es decirlo, con la complicidad de las autoridades
argentinas, tanto de las provincias como de la nación, que hicieron la
«vista gorda» ante el descarado incumplimiento de las obligaciones
contraídas en los contratos de privatización de YPF. Gracias a esta
negligencia oficial, sobre cuyas (malas) razones preferimos, por ahora,
no expedirnos, Repsol pudo explotar los yacimientos conocidos, y hacerlo
de mala manera, sin cuidarlos como se debe, y sin tener tampoco que
preocuparse por tomar los riesgos financieros que supone la exploración y
búsqueda de nuevos mantos petrolíferos o gasíferos, cosa a la que
contractualmente estaba obligada. Pudo también remitir el 90% de sus
utilidades, ante la mirada distraída de los entes estatales encargados
de fiscalizar sus operaciones en la Argentina.
Pudo ocultar
operaciones, al punto tal que recién con la intervención de Repsol-YPF
se conoció que había una compañía denominada Repsol YPF Gas S.A, que se
encontraba en poder de Repsol sin que los sagaces ojos de los
funcionarios de diversos entes reguladores de Argentina se hubieran
percatado de ello.
Por eso, cuando la presidenta envió el
proyecto de ley expropiando las acciones de Repsol en YPF no incluyó la
de aquella empresa, cosa que hubo de corregir apresuradamente una vez
que la intervención hizo el anuncio correspondiente.
Esto nos
recuerda lo ocurrido cuando, después del paro petrolero que PDVSA hizo
en contra del Gobierno de Chávez y producida la intervención de la
firma, los venezolanos se enteraron de que esa empresa estatal era la
ignota propietaria de la cadena de gasolineras CITGO, con unas 6.000
bocas de expendio en EEUU. Estas prácticas de ocultamiento, fuga de
capitales, evasión fiscal, incumplimiento de obligaciones contractuales
son corrientes en el mundo de las grandes compañías. Y ocurren porque
los gobiernos consienten este tipo de conductas. De otro modo sería
imposible
.
El Gobierno argentino tiene razones muy fundadas para
avanzar sobre Repsol. Pero esto es apenas un primer -y tibio- paso,
porque la crisis energética de Argentina, y de la cual Repsol es
altamente coresponsable, no se solucionará con las medidas tomadas. Hay
que ir mucho más a fondo. No se entiende por qué no se expropian todas
las acciones, incluyendo las de los argentinos nucleados en el Grupo
Petersen, una suerte de proto-burguesía nacional inventada con malas
artes por el kirchnerismo y cuyos resultados fueron desastrosos. Además,
dado que Repsol-YPF representa el 30% de la producción hidrocarburífera
de Argentina, ¿qué se va a hacer con el 70% restante? ¿O es que se
piensa, erróneamente, que las otras empresas actúan con patrones de
moralidad y eficiencia superiores a la de la española? ¿O que la crisis
energética se solucionará actuando solo sobre Repsol-YPF?
Como se
puede apreciar, son muchas las críticas que se pueden formular a la
iniciativa de la Casa Rosada. Pero, de lo que no cabe ninguna duda es
que no se debe identificar a España con Repsol. Para nosotros España son
los versos de Machado, Alberti, Hernández, García Lorca; la pintura de
Picasso y la tragedia de Guernica, fabulosamente retratada por su
pincel; es Manuel de Falla y Pablo Casals, o la filosofía de Sacristán
Luzón, Sánchez Vázquez y el humanismo de Roces, Gaos, Imaz. Y entre
quienes están entre nosotros, la excelsa pluma de don Alfonso Sastre, la
de él y su sombra, a cuál más incisiva.
Eso es España para los
argentinos. Y no la picaresca ramplona de lobistas como Felipillo o
Aznar, el siniestro ascetismo de Escrivá y Balaguer, o la obra, la obra
de verdad que impulsa el Opus Dei, de los saqueadores profesionales que
se lanzaron a la reconquista de América a caballo del tsunami neoliberal
que asoló nuestras costas desde mediados de los ochenta, expertos en
vaciar empresas, fugar capitales y corromper políticos y periodistas.
Tenemos
una larga lucha por delante. Los pueblos de España y de América Latina y
el Caribe debemos ser conscientes de que tenemos los mismos enemigos.
Los que destruyen la legislación laboral y provocan paro y
empobrecimiento en el Estado español son los mismos que han provocado el
holocausto social y ecológico que hoy padecen los países de este lado
del Atlántico.
Atilio A. Boron director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED)
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