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COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE COMITÉS DE SOLIDARIDAD CON ÁFRICA NEGRA
Federación de Comités de Solidaridad con África Negra
La guerra que azota la República Democrática del Congo y que ha causado ya más de cinco millones de muertos, se está recrudeciendo. El resultado: más muertes de civiles, violaciones masivas y destrucción del tejido productivo de algunas de las provincias del Este del Congo.
Las dos últimas guerras sufridas en este país, en los años 1996 y 1998 fueron planificadas y apoyadas logísticamente por los EEUU para asegurarse el control de los recursos mineros del centro de África. Los ejecutores directos fueron los países aliados de la zona. Uno de ellos, Ruanda, resguardándose bajo el paraguas de silencio tejido por los países occidentales, continúa hoy ejecutando una política destinada a anexionarse importantes territorios de la región del Kivu.
El gobierno ruandés, en su política de expansión, ha conseguido ya el mando de las administraciones civiles de las provincias congoleñas de Kivu Norte y Kivu Sur a través de miembros de los grupos rebeldes que han sido “reinsertados” en las instituciones con la complicidad de la comunidad internacional, ya que el último informe del panel de expertos de la ONU ha dejado bien claro, nuevamente, la implicación de Ruanda en el Este mediante su apoyo directo a los grupos rebeldes. Tiene también el control de parte del ejército gubernamental allí estacionado y ello gracias a la implicación de importantes redes de funcionarios congoleños corruptos cuyas ramificaciones pueden llegar hasta la presidencia de la República, en Kinshasa
La política expansionista de Ruanda le ha llevado a hacer todo lo posible para expulsar a la población congoleña de la zona de los Kivus y permitir así su sustitución por población ruandesa. Una estrategia muy importante para llevar a cabo ese objetivo ha sido la utilización de un gran número de grupos guerrilleros, -de muy variado signo e incluso, a veces, aparentemente antagónicos- que matan, violan, roban, aterrorizan y destruyen toda actividad productiva. De esa forma obligan a las gentes a huir de sus poblados y a ser cada vez más dependientes de Ruanda. El incremento de los ataques por parte de estos grupos desde principios de julio 2009 está dentro de esa lógica.
El alto número de víctimas que, desde 1998 al 2003 ha habido en territorio congoleño sólo puede explicarse por una estrategia planificada previamente y destinada a eliminar el mayor número posible de población civil congoleña. A esta conclusión han llegado numerosas organizaciones de la sociedad civil, quienes denunciaron en su momento que los ataques de los grupos guerrilleros se hacían coincidir con el momento de la cosecha y causar así un mayor perjuicio provocando la penuria y el hambre entre la población refugiada. Así lo ha considerado también la Audiencia nacional española ante los testimonios de militares ruandeses, testigos protegidos. Así lo hace constar el juez en su auto emitido el 6 de febrero del 2008 en el que acusa de genocidio a numerosos altos cargos civiles y militares del actual gobierno ruandés.
Esta guerra se ha querido presentar como “cuestiones tribales” y enfrentamientos provocados y financiados por multinacionales interesadas en el coltán, pero en realidad ha sido una guerra programada por Ruanda para obtener el control de las provincias más ricas del Congo en coltán y casiterita.
Esta guerra se acabaría rápidamente si los países occidentales cortasen el flujo de ayuda económica al gobierno ruandés. Eso es lo que hicieron Suecia y Países Bajos, al ser evidente que Ruanda estaba financiando los grupos rebeldes y favoreciendo las masacres de la población civil.
Asimismo, los países occidentales deben exigir a Ruanda que resuelva de manera definitiva el problema de las FDLR, fuerzas rebeldes hutu, escondidas en territorio congoleño desde el genocidio de Ruanda, hace ya más de 14 años. Dado que una solución militar a este problema ha demostrado ser inviable y sólo ha conducido a más masacres y violaciones de la población civil, urge una solución negociada. Los países occidentales deben dejar de actuar con un doble rasero y exigir a Ruanda lo mismo que se ha exigido y se exige a otros países africanos enfrentados a situaciones similares: que resuelva YA la cuestión de los refugiados hutu ruandeses en el Congo ofreciéndoles una posibilidad real de retorno a su país, mediante un diálogo abierto y pacífico.
Hemos podido elaborar este comunicado gracias a las noticas que nos envían nuestros amigos congoleños. Nos unimos a su grito de sufrimiento, y queremos que este grito rompa el silencio impuesto por los intereses económicos y políticos, tanto africanos como occidentales.
Federación de Comités de Solidaridad con África Negra
La guerra que azota la República Democrática del Congo y que ha causado ya más de cinco millones de muertos, se está recrudeciendo. El resultado: más muertes de civiles, violaciones masivas y destrucción del tejido productivo de algunas de las provincias del Este del Congo.
Las dos últimas guerras sufridas en este país, en los años 1996 y 1998 fueron planificadas y apoyadas logísticamente por los EEUU para asegurarse el control de los recursos mineros del centro de África. Los ejecutores directos fueron los países aliados de la zona. Uno de ellos, Ruanda, resguardándose bajo el paraguas de silencio tejido por los países occidentales, continúa hoy ejecutando una política destinada a anexionarse importantes territorios de la región del Kivu.
El gobierno ruandés, en su política de expansión, ha conseguido ya el mando de las administraciones civiles de las provincias congoleñas de Kivu Norte y Kivu Sur a través de miembros de los grupos rebeldes que han sido “reinsertados” en las instituciones con la complicidad de la comunidad internacional, ya que el último informe del panel de expertos de la ONU ha dejado bien claro, nuevamente, la implicación de Ruanda en el Este mediante su apoyo directo a los grupos rebeldes. Tiene también el control de parte del ejército gubernamental allí estacionado y ello gracias a la implicación de importantes redes de funcionarios congoleños corruptos cuyas ramificaciones pueden llegar hasta la presidencia de la República, en Kinshasa
La política expansionista de Ruanda le ha llevado a hacer todo lo posible para expulsar a la población congoleña de la zona de los Kivus y permitir así su sustitución por población ruandesa. Una estrategia muy importante para llevar a cabo ese objetivo ha sido la utilización de un gran número de grupos guerrilleros, -de muy variado signo e incluso, a veces, aparentemente antagónicos- que matan, violan, roban, aterrorizan y destruyen toda actividad productiva. De esa forma obligan a las gentes a huir de sus poblados y a ser cada vez más dependientes de Ruanda. El incremento de los ataques por parte de estos grupos desde principios de julio 2009 está dentro de esa lógica.
El alto número de víctimas que, desde 1998 al 2003 ha habido en territorio congoleño sólo puede explicarse por una estrategia planificada previamente y destinada a eliminar el mayor número posible de población civil congoleña. A esta conclusión han llegado numerosas organizaciones de la sociedad civil, quienes denunciaron en su momento que los ataques de los grupos guerrilleros se hacían coincidir con el momento de la cosecha y causar así un mayor perjuicio provocando la penuria y el hambre entre la población refugiada. Así lo ha considerado también la Audiencia nacional española ante los testimonios de militares ruandeses, testigos protegidos. Así lo hace constar el juez en su auto emitido el 6 de febrero del 2008 en el que acusa de genocidio a numerosos altos cargos civiles y militares del actual gobierno ruandés.
Esta guerra se ha querido presentar como “cuestiones tribales” y enfrentamientos provocados y financiados por multinacionales interesadas en el coltán, pero en realidad ha sido una guerra programada por Ruanda para obtener el control de las provincias más ricas del Congo en coltán y casiterita.
Esta guerra se acabaría rápidamente si los países occidentales cortasen el flujo de ayuda económica al gobierno ruandés. Eso es lo que hicieron Suecia y Países Bajos, al ser evidente que Ruanda estaba financiando los grupos rebeldes y favoreciendo las masacres de la población civil.
Asimismo, los países occidentales deben exigir a Ruanda que resuelva de manera definitiva el problema de las FDLR, fuerzas rebeldes hutu, escondidas en territorio congoleño desde el genocidio de Ruanda, hace ya más de 14 años. Dado que una solución militar a este problema ha demostrado ser inviable y sólo ha conducido a más masacres y violaciones de la población civil, urge una solución negociada. Los países occidentales deben dejar de actuar con un doble rasero y exigir a Ruanda lo mismo que se ha exigido y se exige a otros países africanos enfrentados a situaciones similares: que resuelva YA la cuestión de los refugiados hutu ruandeses en el Congo ofreciéndoles una posibilidad real de retorno a su país, mediante un diálogo abierto y pacífico.
Hemos podido elaborar este comunicado gracias a las noticas que nos envían nuestros amigos congoleños. Nos unimos a su grito de sufrimiento, y queremos que este grito rompa el silencio impuesto por los intereses económicos y políticos, tanto africanos como occidentales.
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